Forma Descripción generada automáticamente
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Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 3, Número 4, 2026, octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/2jw2xv49
EL MECANISMO DE RETIRO DE PANAMÁ COMO ESTADO MIEMBRO DEL
PARLAMENTO
CENTROAMERICANO, PROCEDIMIENTO JURÍDICO Y ANTECEDENTES
THE MECHANISM FOR PANAMA'S WITHDRAWAL AS A MEMBER STATE OF THE
CENTRAL AMERICAN PARLIAMENT: LEGAL PROCEDURE AND BACKGROUND
Félix Antonio Chávez Paisano
Panamá
DOI: https://doi.org/10.71112/2jw2xv49
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El mecanismo de retiro de Panamá como Estado miembro del Parlamento
centroamericano, procedimiento jurídico y antecedentes
The mechanism for Panama’s withdrawal as a member state of the Central
American Parliament: legal procedure and background
Félix Antonio Chávez Paisano
a,*
felixantoniochavez15@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-1628-7141
*
Autor de correspondencia: felixantoniochavez15@gmail.com,
a
Universidad de Panamá
Panamá
RESUMEN
El estudio analizó la viabilidad jurídica y las consecuencias del retiro de Panamá del
Parlamento Centroamericano. Se desarrolló una investigación cualitativa y documental
mediante revisión de tratados, normas constitucionales, legislación, jurisprudencia y
antecedentes políticos. El análisis relacionó el marco normativo con los argumentos favorables
y contrarios al retiro, sus escenarios y procedimientos. El principal hallazgo fue que la
derogación de leyes aprobatorias no extingue las obligaciones internacionales, mientras que el
tratado constitutivo carece de una cláusula expresa de denuncia. La sentencia de febrero de
2012 confirmó los límites de la salida unilateral. Se concluyó que la alternativa más sólida
consiste en negociar el consentimiento de todas las partes o promover una reforma
convencional. La consulta ciudadana puede orientar la decisión política, pero no sustituye los
requisitos internacionales. Se recomienda articular una estrategia diplomática, evaluar costos y
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beneficios y preservar la cooperación mediante una transición compatible con la buena fe
internacional.
Palabras clave: derecho internacional; soberanía; cooperación regional; cooperación
internacional; relaciones exteriores.
ABSTRACT
The study analyzed the legal feasibility and consequences of Panama's withdrawal from the
Central American Parliament. A qualitative and documentary investigation was conducted,
reviewing treaties, constitutional norms, legislation, jurisprudence, and political precedents. The
analysis linked the legal framework with arguments for and against withdrawal, as well as the
scenarios and procedures involved. The main finding was that repealing enabling laws does not
extinguish international obligations, and the constituent treaty lacks an express denunciation
clause. The February 2012 ruling confirmed the limitations of unilateral withdrawal. The study
concluded that the most robust alternative is to negotiate the consent of all parties or promote a
treaty reform. Public consultation can guide the political decision but does not replace
international requirements. It is recommended that a diplomatic strategy be developed, costs
and benefits be assessed, and cooperation be preserved through a transition consistent with
international good faith.
Keywords: international law; sovereignty; regional cooperation; international cooperation;
foreign relations.
Recibido: 24 octubre 2026 | Aceptado: 19 noviembre 2026 | Publicado: 20 noviembre 2026
DOI: https://doi.org/10.71112/2jw2xv49
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INTRODUCCIÓN
Primero, la integración centroamericana nació como la respuesta a conflictos y
necesidades de cooperación que se ubicaban más allá de las fronteras nacionales. El Sistema
de la Integración Centroamericana intentó entrelazar la configuración de una región de paz,
libertad, democracia y desarrollo con compromisos asumidos. Esta orientación explica que la
participación estatal debe estudiarse en el marco de un conjunto de instrumentos conexos. La
salida de una institución implica identificar sus competencias y delinearlas de las relaciones
regionales (Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos, 1991a).
Desde el punto de vista de la historia institucional, el Parlamento Centroamericano fue
construido a partir de los esfuerzos de pacificación y de diálogo que acompañaron a los
acuerdos de Esquipulas, y su instalación en Guatemala en 1991 constituyó el esfuerzo por
concretar una instancia de interlocución imprescindible de representación política regional. El
propio recorrido institucional complementa el sentido de que su construcción estuvo alimentada
por expectativas de reconciliación y de participación democrática. Pero, dicho recorrido también
plantea la necesidad de espigar cómo las competencias de esta institución han respondido a
las exigencias de los Estados miembros (Parlamento Centroamericano, 2018).
En el panorama panameño, el acceso al Parlamento Centroamericano fue ratificado por
medio de la aprobación de los instrumentos internacionales en 1994, aunque llevara la firma en
1993. Esta venia estatal generó competencias que deben ser demarcadas de las preferencias
coyunturales de cada administración. El debate sobre la permanencia o la salida exige conocer
los alcances de dicha adhesión y sus efectos jurídicos. La existencia de una ley producto de la
aprobación expresa, es la señal de la intervención de la legislación, pero no hace que el tratado
devenga precepto exclusivamente interno (Ley 2 de 16 de mayo de 1994 por la cual se aprueba
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el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas y sus
protocolos, 1994).
En este sentido, el tratado reformado presenta al Parlamento como un órgano regional
permanente de representación política y democrática. Las competencias del mismo son la de
proponer legislación, deliberar sobre asuntos comunes y contribuir a la perfección de la
integración. Su configuración no alcanza a la capacidad legislativa ordinaria de una asamblea
nacional. La apreciación institucional ha de tener en cuenta sus competencias efectivas y los
mecanismos establecidos para esas redacciones de las que se hace eco su contribución,
evitando atribuirle competencias que el propio instrumento constitutivo no otorga de manera
expresa (Tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano, 2008).
Por el lado internacional, la obligatoriedad de los tratados es el punto de partida de
cualquier separación institucional. El principio pacta sunt servanda sostiene la ejecución de
buena fe de los compromisos considerados vigentes y mantiene la seguridad de las relaciones
existentes entre las partes. Su importancia no erradica las eventuales causas de terminación
legalmente aceptadas. Obliga, antes bien, a justificar el retiro por medio de las normas
aplicables, antes de creerse que una decisión es suficiente para liberar al Estado de su
obligación (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969).
Igualmente, la relación que existe entre el derecho interno y las obligaciones
convencionales alimenta la idea de que la anulación legislativa no equivale a la caducidad
internacional del vínculo. La Convención de Viena reafirma que una parte no puede invocar su
ordenamiento interno para justificar el incumplimiento del tratado. Esta norma permite entender
la razón porque la validez de una medida interna no obtiene la virtualidad automática de sus
efectos externos. El procedimiento de retiro ha de otorgar consecuencias reconocibles en el
régimen internacional conforme a las condiciones previamente acordadas (Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, 1969).
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A su vez, en el ámbito constitucional, el país en cuestión reconoce el acatamiento a las
normas del derecho internacional, distribuyendo competencias vinculadas a los tratados por
medio del presidente a quien corresponde llevar las relaciones exteriores con la participación
ministerial que corresponda, y la Asamblea encarando su aprobación previa a su ratificación.
Un diseño de esta índole exige una coordinación institucional por la que un órgano no sustituye
las competencias que le corresponden a otro. La legitimidad de un supuesto diseño de retirada
depende a su vez del fundamento internacional y del cumplimiento al procedimiento
constitucional (Constitución Política de la República de Panamá, 2004).
A continuación, el precedente de 2009 refiere los límites del remedio impulsado por una
ley derogatoria. La Ley 78 fue el intento de poner fin a la adhesión panameña al Parlamento
Centroamericano mediante una decisión legislativa nacional. El enfrentamiento posterior
evidencia que la voluntad de abandonar el aplicativo y la capacidad jurídica para ello son
asuntos interrelacionados, aunque sean otros. Analizar la mediada permite tener noticia de las
consecuencias de situar el derecho interior con la invocación de los tratados de derechos
públicos multilaterales (Ley 78 de 11 de diciembre de 2009 que deroga las leyes que aprueban
los instrumentos internacionales relativos al Parlamento Centroamericano, 2009).
Pero la sentencia de 2 de febrero de 2012 conoció aquello y declaró la
inconstitucionalidad de la Ley 78 y reiteró la existencia de la necesidad de cumplir con el
derecho de los tratados. El fallo analizó la carencia de una cláusula de salida, y este tribunal
tampoco admitió que el "preaviso" pudiese, por sí solo, colmar la ausencia de la cláusula. Su
relevancia consiste en establecer la diferencia entre las condiciones del derecho que dotaba de
una denuncia de una salida del procedimiento y la mera posibilidad de comunicar una salida del
procedimiento - la cual servía para delimitar cualquier propuesta de salida y orientaba la
explicación del resto de las alternativas (Sentencia del Pleno de 2 de febrero de 2012 sobre la
inconstitucionalidad de la Ley 78 de 2009, 2012)
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Siendo así, las valoraciones críticas respecto de su utilidad, costo e imprescriptibilidad
alimentan una consideración de la legitimidad que la validación normativa no es capaz de
eludir. Así, Jaén Suárez, por su parte, tildó de irrelevante la participación panameña y la
captación de la capacidad de la organización para dar resultados sí proporcionados con
respecto a sus recursos. Estas valoraciones alimentan un debate de orden político, pero deben
separarse de los hechos demostrados ante la justicia.
Sin embargo, el debate público pierde su capacidad explicativa cuando confunde toda
cooperación regional con la permanencia en una única institución. En este sentido, Panamá
puede desafiar el funcionamiento parlamentario y al mismo tiempo continuar compartiendo
intereses en comercio, seguridad y desarrollo. La evaluación debe determinar qué relación se
quiere modificar, qué beneficios se pueden preservar y qué obligaciones persistirán. Una
decisión de Estado responsable requiere información que explique resultados y recursos y una
propuesta para mantener la cooperación que considere conveniente para el país.
En esta línea, el objetivo fundamental del trabajo fue el de analizar la viabilidad y
consecuencias de la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano; concretamente, se
hizo una evaluación del marco jurídico de pertenencia y posible separación de los Estados
miembros, y se legitimaron los argumentos políticos, económicos y sociales en pro y en contra
de la separación. Estos objetivos fueron los que permitieron una relación de las reglas de
obligadas aplicación con las razones de conveniencia que fundamentan el debate nacional y
condicionan la decisión estatal posterior.
Finalmente se sistematizaron los escenarios y las consecuencias positivas y negativas
que la separación podría acarrear para el país y para la región, se analizaron los mecanismos
legales más apropiados para plasmarla. El problema reclama una respuesta que conjugue el
cumplimiento convencional, la distribución de competencias o legitimidad democrática. Por ello,
la pregunta que orientó la investigación fue la siguiente: ¿qué mecanismos jurídicos permitirían
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formalizar el retiro de Panamá del Parlamento Centroamericano respetando sus compromisos
internacionales y considerando las consecuencias de esa decisión.
METODOLOGÍA
La investigación fue llevada a cabo siguiendo una investigación cualitativa y con
carácter documental (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2020), centrada en las condiciones
jurídicas y políticas del retiro panameño, revisando para ello: los convenios, las disposiciones
constitucionales, las leyes aprobatorias y las sentencias, junto a los antecedentes
institucionales y las publicaciones del caso. El análisis de la interpretación de relaciones entre
documentos y argumentos es el que guía los análisis omitiendo la producción de encuestas o
las estimaciones de frecuencias poblacionales en su posible aplicación. El examen de la
viabilidad de las condiciones del retiro y de las mismas se condujo a partir de las disposiciones
relacionadas con el cumplimiento y la terminación de los tratados.
Así, la recopilación obtuvo fuentes normativas y materiales de contexto histórico y
político. Se evaluó la Constitución, el debate parlamentario, sus modificaciones y la normativa
de entrada en la OMC y el intento de separarse. La revisión bibliográfica permitió delimitar
antecedentes, competencias y posturas sobre la permanencia y el retiro. Se hizo una
separación entre el contenido imperativo de las normas y las opiniones publicadas, para limitar
que los argumentos de conveniencia sustituyeran las condiciones jurídicas exigibles al Estado
para la variación de sus compromisos.
Efectivamente, el análisis jurídico consideró los artículos de la Convención de Viena
sobre los fundamentos que conforman la sentencia constitucional del 2012. También se atendió
el pronunciamiento del 2025 a los efectos de distinguir los puntos que tienen que ver con la
pertenencia y la representación de las entidades. La interpretación realizó el seguimiento del
objeto propio de cada fallo judicial, las respectivas competencias institucionales y los efectos de
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las medidas que se pretendían. Los resultados se Ciudad de la Justicia mediante tablas,
respectivamente, a los cuatro objetivos específicos, pero sin considerarlos tablas cualitativas.
En consecuencia, el alcance del estudio fue del tipo descriptivo e interpretativo y
consideró antecedentes documentales hasta el año 2025. La revisión hizo posible formular
escenarios condicionados y valorar procedimientos, sin demostrar efectos económicos o
sociales mediante medición empírica, así como tampoco realizó una evaluación cuantitativa
exhaustiva del presupuesto parlamentario. Las publicaciones de opinión se usaron a fin de
tener idea de las posiciones del debate, siguiendo las conclusiones jurídicas que recayeron en
los textos y sentencias localizables. La escasez de información sobre los beneficios limita
cualquier comparación concluyente de eficiencia institucional.
RESULTADOS
Ahora bien, los hallazgos se describieron en función de los cuatro objetivos particulares
y reflejan relaciones que han aparecido en la revisión documental. Primeramente, se
sistematizó el marco normativo del retiro; en segundo lugar, se confrontaron con los
argumentos políticos, económicos y sociales en marcha; luego, se estudiaron posibles
escenarios y por último, se determinaron condiciones de una estrategia procedimental; en las
tablas, en fin, se resumen normas, posiciones y consecuencias anticipadas. Los análisis, por
otro lado, se diferencian entre hallazgos jurídicos, valoraciones de conveniencia y propuestas
de acción sin situar escenarios como hechos consumados ni asignar al estudio mediciones
poblacionales o estimaciones causales demostradas.
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Marco jurídico del retiro
Tabla 1.
Marco jurídico de la pertenencia y del retiro de Panamá del Parlamento Centroamericano
Instrumento
Disposición relevante
Constitución panameña
Arts. 4, 159.3 y 184.9
Convención de Viena
Arts. 26, 27 y 54. b
Convención de Viena
Art. 56.1 y 56.2
Tratado parlamentario
reformado
Arts. 29 y 30
Sentencia de 2012
Inconstitucionalidad de la Ley
78
Nota. Síntesis del análisis normativo y jurisprudencial. Fuentes: República de Panamá
(2004); Naciones Unidas (1969); Parlamento Centroamericano (2008); Corte Suprema de
Justicia (2012).
A raíz del mencionado criterio, el principio jurídico inicial ya indica que la condición de
miembro del Parlamento emana del consentimiento internacional que va acompañado de actos
constitucionales internos del país. La aprobación de la ley era necesaria para dar entrada al
compromiso en el ordenamiento jurídico panameño, aunque su revocación no se entiende
como denuncia del mismo. Es esta diferencia la que justifica la importancia del precedente del
2012. La Corte revisó la posibilidad de que la Asamblea pudiera producir una separación
unilateral y llegó a la conclusión de que la medida desconocía las obligaciones contraídas y a la
vez las competencias constitucionales (Sentencia del Pleno de 2 de febrero de 2012 sobre la
inconstitucionalidad de la Ley 78 de 2009, 2012).
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A su vez, los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena formulan otras pautas. El
primero viene a exigir el cumplimiento de buena fe del mismo tratado; el segundo impide
justificar el incumplimiento del mismo en las disposiciones nacionales. El hallazgo no implica
una concepción de que todo compromiso internacional es de carácter perpetuo. Implica que la
liberación de obligaciones debe de estimarse con la causa jurídicamente reputada y con el
procedimiento compatible con el régimen convencional. Por lo que la decisión política tendrá
que expresar las actuaciones que sean adecuadas para conseguir efectos internacionales
válidos (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969).
Así también, en el artículo 54 de la Convención de Viena se distingue entre el retiro
fundado en disposiciones convencionales y aquel que se obtenga del consentimiento de todas
las partes. Ante la no existencia de cláusula expresa, la segunda posibilidad representa una
base para negociar la separación panameña, pero el acuerdo tiene que tener en cuenta las
consultas que sean exigidas y especificar sus condiciones y no la simple notificación del deseo
de separarse. La operatividad dependerá de que se logre obtener el consentimiento requerido y
no solamente expresar la preferencia nacional (Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, 1969).
El artículo 56 también exige hacer la demostración de la voluntad de aceptar la
denuncia o bien inferir ese derecho de la naturaleza del tratado. El preaviso mínimo de doce
meses se encuentra en una hipótesis ya habilitada, pues el plazo no es el que nace del
derecho de separación. El fallo constitucional no se puede reducir al problema horario. Evocar
esta vía exige argumentar y observar el precedente, sin considerar que cualquier organismo
internacional admite la denuncia unilateral por voluntad (Sentencia del Pleno de 2 de febrero de
2012 sobre la inconstitucionalidad de la Ley 78 de 2009, 2012).
Por último, la reforma convencional es una alternativa que se puede distinguir del
acuerdo específico de retiro. El tratado reformado permite la propuesta de modificaciones
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mediante una votación favorable de dos tercios del total de la composición de diputados, pero
su entrada en vigor remite al procedimiento convencional correspondiente. La apreciación de
los votos en la esfera parlamentaria no sustituye la intervención del Estado que se exige;
tampoco hay que generar el número de votos sin valorar a la composición aplicable. Incluir la
cláusula de la denuncia implica completar ambas fases y establecer condiciones muy pactadas
para su uso (Tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano, 2008).
Argumentos sobre permanencia y retiro
Tabla 2.
Argumentos políticos económicos y sociales sobre la permanencia o el retiro
Dimensión
A favor del retiro
A favor de permanecer
Política
Cuestionamientos a la utilidad y al
régimen de prerrogativas.
Diálogo regional y posibilidad de
impulsar reformas desde el organismo.
Económica
Reorientación potencial de
recursos destinados a la
participación.
Valor de la cooperación; requiere
verificar beneficios y costos efectivos.
Social
Demanda de rendición de cuentas
y mayor confianza institucional.
Representación democrática y
participación en asuntos regionales.
Nota. Las posiciones sintetizadas son argumentos del debate documental; no son
resultados de una encuesta ni de una evaluación económica. Fuentes: Jaén Suárez (2023);
Asamblea Nacional (2025); Tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano (2008).
Políticamente, los argumentos a favor del retiro se centran en la creencia de una
insuficiente utilidad institucional y en el cuestionamiento de las prerrogativas de los miembros
de la entidad. La crítica de Jaén Suárez estima una distancia entre una esperan integradora y
los resultados que se aprecian para el caso de Panamá. Esta posición permite identificar
problemas de la legitimidad del organismo, pero no llega a ser una medida del desempeño. El
análisis también debe contrastar los resultados, las funciones y los efectos para poder concluir
que su permanencia carece de valor institucional en interés de cualquier nación del mundo
(Jaén Suárez, 2023).
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Desde el punto de vista económico, la posibilidad de reorientar recursos es la excusa
recurrente para volver a debatir la pertenencia a la misma. En debate legislativo se vinculaba la
propuesta de consulta a las necesidades de gasto de pertenencia a la entidad y a la
conveniencia de mantenerla en buen estado. No obstante, el ahorro potencial no puede ser
considerado automáticamente el mismo que el beneficio neto del retiro. Para hacer una
comparación, también hay que hacerla si entran compromisos incumplidos, costes de transición
y posibilidades de cooperación. Los documentos analizados permiten ver la controversia del
presupuesto, pero no la rentabilidad de ambas alternativas (Asamblea Nacional, 2025)
En la dimensión social, el tema deriva en la confianza ciudadana y la representación
democrática. Las críticas a la institución exigen rendición de cuentas y, al mismo tiempo, la
posibilidad de permanecer en el cargo requiere explicar por qué uno debe dar cuenta de qué
canales dan cuenta de los intereses colectivos. El tratado pone de manifiesto funciones de
participación política y deliberación regional que pueden sostener esta postura. La existencia
normativa del tratado debe conjugarse con las prácticas y con los resultados. El valor social del
Parlamento no puede considerarse probado sólo porque sus fines corresponden a los fines
democráticos (Tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano, 2008).
Sumado a la consideración anteriormente expuesta, desde el prisma del régimen de
inmunidades se debe tener en cuenta esta cuestión de forma adecuada. Las garantías
parlamentarias no implican una declaración de inocencia; es decir, no se trata de intentar hacer
entender que un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial se traduzcan en
prueba de culpabilidad. Lo que la previsión del tratado realizó es remitir a prerrogativas y
proceder a aquellos cuya extensión va a depender de la aplicación de las normas y de la acción
real. La crítica de un eventual uso obstruccionista ha de especificar supuestos documentados,
no se puede entender que la pertenencia a la membresía suponga una carta de naturaleza a la
impunidad. Esta precisión de delimitaciones deja abrir el debate de las reformas del acceso y
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de la responsabilidad de una forma más extensiva que no simplemente como una
descalificación de los miembros de la comunidad (Tratado constitutivo del Parlamento
Centroamericano, 2008).
Finalmente, la decisión de procurar la permanencia depende de la calidad de la
representación. La sentencia electoral de 2025 impugnaba disposiciones que ligaban la
elección parlamentaria regional a listas cerradas y resultados presidenciales. Este hallazgo
permite una respuesta institucional a la pregunta de cómo puede mejorar la calidad de la
representación mientras Panamá no retire su condición de parte. Una representación ligada al
sufragio puede llegar a forzar la exigencia de resultados, pero su efecto no ha de presumirse.
Se debe distinguir el cambio electoral de la fase internacional que formalice el retiro (Sentencia
del Pleno de 17 de julio de 2025 sobre las listas cerradas para elegir diputados al Parlamento
Centroamericano, 2025).
Escenarios e implicaciones
Tabla 3.
Escenarios y posibles implicaciones de la decisión panameña
Escenario
Posible beneficio
Permanencia con
reformas
Mejorar representación,
transparencia y seguimiento
de propuestas.
Retiro por
consentimiento
Separación ordenada y
eventual reorientación de
recursos.
Reforma con cláusula de
retiro
Reglas previsibles de
denuncia para los Estados
parte.
Separación unilateral sin
fundamento suficiente
Satisfacción inmediata de una
demanda política de salida.
Nota. Escenarios analíticos condicionados; no se calcularon probabilidades, ahorros ni
efectos comerciales. Fuentes: Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969);
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Tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano (2008); Sentencia del Pleno de 2 de
febrero de 2012 sobre la inconstitucionalidad de la Ley 78 de 2009 (2012); Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (1991).
Entre los escenarios, la permanencia siempre reformada es capaz de perpetuar canales
de deliberación e incentivos para realizar reformas institucionales. El tratado incluye
periodicidad de revisión y reformas, por lo que la continuidad puede coexistir con exigencias de
mayor eficiencia. Sin embargo, la existencia de tales herramientas no asegura ni voluntad
política ni resultados. El escenario requiere objetivos, transparencia y seguimiento, a fin de
hacer que la participación responda a necesidades nacionales. De lo contrario, la permanencia
podría volver a materializar las inquietudes que dan lugar a la discusión (Tratado constitutivo
del Parlamento Centroamericano, 2008).
En segundo lugar, el retiro consentido permitiría establecer un orden para el tiempo de
ruptura de la relación, sin dejar de lado el hecho de que úl tiempo es obligatorio. Sus beneficios
dependerían de las condiciones acordadas en cuanto a la fecha de la finalización, las
obligaciones pendientes y la transición institucional. El carácter predecible podría reducir la
tensión y intentar continuar con el resto de las relaciones de la región. En todo caso, el estudio
no señala prueba alguna acerca de un beneficio económico. La situación mantiene su carácter
condicionado, pues conlleva la aceptación de un amplio proceso multilateral, así como el
examen de los efectos hacia lo de Panamá (Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, 1969).
En tercer lugar, una reforma, una reforma completa, esta vuelta con cláusulas de
denuncia puede ofrecer reglas institucionales predecibles para todos los Estados partes. Esta
propuesta desplaza la problemática del caso particular de la excepcionalidad a un supuesto de
diseño institucional; su virtud consiste en arrastrar nuevas demarcaciones de los preavisos, de
las obligaciones subsidiarias y de las coordinaciones en el momento de salir. La dificultad
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consiste en cómo se puede completar la propuesta parlamentaria y cómo llevar a cabo las
intervenciones estatales necesarias para que pueda entrar en vigor. Hasta ese momento la
cláusula como la proyectada no podría habilitar, por lo tanto, en un salto real (Tratado
constitutivo del Parlamento Centroamericano, 2008).
Y la separación unilateral sin suficiente base también sería la opción que presenta una
mayor peligrosidad jurídica. Lo que puso de manifiesto la Ley 78 fue que la derogación interna
da lugar a un conflicto constitucional, pero también a una forma de no entrelazar el debate de la
validez de ser parte del sistema o no de un modo tal que si se desplegase la misma lógica se
darían lugar a nuevas controversias y nuevos cuestionamientos relativos al cumplimiento. Y
esta inferencia no resulta de un vaticinio jurisprudencial sino de la experiencia. Esta posible
valoración de lo que acontezca dependería de conocer la actuación adoptada y las
circunstancias de ello (Sentencia del Pleno de 2 de febrero de 2012 sobre la
inconstitucionalidad de la Ley 78 de 2009, 2012).
Por su parte, retirarse del Parlamento y separar toda la integración centroamericana
dicen relación a personas distintas. El Protocolo de Tegucigalpa constituye el que articula las
relaciones institucionales que deben ser vistas de una manera concreta. Por ello, cualquier
transición es conocer a qué compromisos se les da la vigencia y cuáles de ellos se necesitan
acordar adicionalmente. No se puede sostener que retirarse del Parlamento se extinga
automáticamente los beneficios en cuanto a acuerdo como en cuanto a la cooperación
sectorial. La situación más plausible es que se mantengan las relaciones a través de
instrumentos válidos; esto es, que la forma de dejar de discutir no conduzca a un aislamiento
regional (Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos, 1991).
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Mecanismos y procedimiento de retiro
Tabla 4.
Mecanismos y condiciones para formalizar un eventual retiro
Vía
Requisito decisivo
Acuerdo de retiro
Consentimiento de todas las
partes, según el art. 54. B
Reforma del tratado
Propuesta y aprobación
convencional conforme al art.
29.
Denuncia excepcional
Acreditar intención de las
partes o naturaleza del
tratado, art. 56.1.
Consulta ciudadana
Fundamento constitucional y
alcance expresamente
definido.
Nota. La consulta no es una vía autónoma de extinción del tratado. El plazo del art. 56.2
corresponde a la hipótesis habilitada por el art. 56.1. Fuentes: Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados (1969); Tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano (2008);
Constitución Política de la República de Panamá (2004); Asamblea Nacional (2025); Sentencia
del Pleno de 2 de febrero de 2012 sobre la inconstitucionalidad de la Ley 78 de 2009 (2012).
A partir de esta primera vía, la negociación de un acuerdo de separación exigirá que el
Ejecutivo concrete su posición y consulte a las partes pertinentes. El artículo 54.b ofrece la
base para obtener un consentimiento, y la Carta Magna da una planificación de las relaciones
exteriores al presidente, pero con la participación ministerial. La formulación debe concretar el
objeto de la separación y las obligaciones que mantendrán efectos. La intervención legislativa
necesaria dependerá del instrumento convenido y de las exigencias constitucionales
(Constitución Política de la República de Panamá, 2004).
Como segunda vía, la proposición de reforma debe traducir el deseo de separación en
una regulación convencional de aplicación. La diputada panameña puede avanzar en una
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cláusula de separación a través del artículo 29, pero el apoyo parlamentar también es una fase.
Los Estados deberán llevar a cabo los actos exigidos para su entrada en vigor. Tendría que ser
el cumplimiento de las propias condiciones de la cláusula aprobada. Esta secuencia, además,
evita la confusión entre presentar un escrito, la votación favorable o bien la propia modificación
del reglamento hasta llegar a entender que estar autorizados a abandonar el tratado (Tratado
constitutivo del Parlamento Centroamericano, 2008).
En cuanto a la denuncia extraordinaria, el expediente jurídico tendría que demostrar el
supuesto incluido en el artículo 56.1 y justificado a partir de los antecedentes en relación con lo
expuesto. Y el requisito de notificación se cuidaría también pero sólo una vez acreditado el
fundamento, sin trasladar mecánicamente el plazo al resto de las vías de retirada. La sentencia
de 2012 obliga a considerar las dificultades comunicadas. Y de ahí que este mecanismo no se
conciba como la opción automática más equilibrada, ni como la alternativa más robusta, frente
a un acuerdo consentido (Sentencia del Pleno de 2 de febrero de 2012 sobre la declaración de
inconstitucionalidad de la Ley 78 del 2009, 2012).
Sobre la consulta ciudadana, debiera enmarcarse en la orientación de la decisión
política informada. El debate parlamentario permite pacificar dicha aspiración participativa,
aunque no extinguiría jurídicamente la obligación convencional de sustentar el debate con ese
contenido. La constitucionalidad ha de ser relativizada en torno al acto de convocatoria, a las
competencias que concurren y a la afluencia de los efectos. Ni aun así puede sostenerse que la
consulta no vinculante por antonomasia sí que sería inconstitucional. Lo jurídicamente
relevante es que ese mecanismo no sustituya las actuaciones internacionales que deben
ejecutarse ni invada las atribuciones que se reservan para otros órganos (Asamblea Nacional,
2025).
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1445 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
El modo de proceder propuesto empieza por un diagnóstico jurídico-auditivo, pasa por
una evaluación de conveniencia, hace el tránsito por la negociación y concluye con un
instrumento válido que determine los efectos del retiro en el propio trámite. La buena fe exige la
atención a las obligaciones existentes mientras dura el tránsito y la comunicación clara de las
decisiones adoptadas. La propuesta va asociada a la selección de las alternativas
documentadas y poner en valor la opción del consentimiento frente a la confrontación unilateral.
Su ejecución debería reservarse para el momento oportuno, la comunicación a la ciudadanía y
el seguimiento sobre los acuerdos; sin que ninguna de esas tres fases designe ni plazos
predeterminados ni resultados (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969).
Figura 1
Secuencia propuesta para formalizar un retiro compatible con el derecho internacional
Nota. Propuesta derivada del análisis de la Convención de Viena y del tratado
parlamentario. La consulta ciudadana orienta la decisión política; no sustituye una vía
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internacional válida. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969); Tratado
constitutivo del Parlamento Centroamericano (2008).
DISCUSIÓN
El principal resultado fue la oposición existente entre la voluntad política y la habilitación
jurídica. El artículo 70 de la Convención de Viena, al igual que el precedente constitucional,
dificultan que la preferencia del Gobierno se considere como abrogación de las obligaciones
internacionales. Hollis (2018) aclara que calificar un acuerdo como tratado comporta reglas de
funcionamiento y efectos de responsabilidad, que resultan de interés para comprender esta
oposición. Desde esta perspectiva, el hecho de que el país retire su consentimiento significaría
una modificación del vínculo convencional; la ejecución de tal decisión nacional requiere
establecer la justificación de tal ruptura (Sentencia del Pleno de 2 de febrero de 2012 que
determina la inconstitucionalidad de la Ley 78 de 2009, 2012).
La falta de cláusula expresa también evitaría pensar que el vínculo es necesariamente
perpetuo. El consentimiento de todas las partes y la modificación convencional son alternativas
documentadas; el artículo 56 indica los supuestos excepcionales y precisa una demostración.
La conclusión tiende a apoyar una interpretación sistémica, en cuanto a que el plazo de
preaviso no puede separarse de la norma que legitima su utilización. La salida diplomática es
vista como más robusta, ya que puede producir reconocimiento compartido, aunque su éxito
está determinado a partir de consensos que el análisis no puede asegurar (Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, 1969).
En cuanto a los razonamientos referidos a la utilidad, gasto y legitimidad, son algunos
que mantienen una importancia para resolver si se considera o no el solicitar el retiro, no
obstante, el material documental, tampoco llega a poder ofrecer un balance económico ni a
obtener opiniones que sean representativas de la población. La postura crítica planteada por
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Jaén Suárez puede extraer razones que examinen el organismo, aunque no cubre una
evaluación del rendimiento. Una futura investigación había de contraponer aportes, productos y
resultados verificables, costos de transición y efecto sobre otras formas de cooperación (Jaén
Suárez, 2023).
En la exposición de las inmunidades, se hace necesario distinguir entre protección
funcional, competencia judicial y responsabilidad individual. La regla de las prerrogativas es
susceptible de ser cuestionada o transformada sin necesidad de atribuir culpabilidad a cada
miembro del Parlamento. La discusión institucional adquiere precisión cuando enfoca
procedimientos reales, obstáculos a la rendición de cuentas, etc. A su vez, la decisión del
Tribunal electoral de 2025 señala que algunos problemas de representación pueden ser
solventados mientras todavía hay una continuidad de la membresía. Las reformas no
desplazan el trámite internacional del retiro (Sentencia del Pleno de 17 de julio del 2025 por las
listas cerradas para elegir a los diputados en el Parlamento Centroamericano, 2025).
La participación ciudadana plantea un problema distinto. Una consulta
constitucionalmente basada y con determinado impacto puede afianzar la legitimidad de
posición de una parte que negocia, pero, efectivamente, no obligaría al resto a consentir la
separación. La incompatibilidad se genera si fuesen a atribuírsele efectos extintivos que son
propios del régimen convencional. De ahí que el diagnóstico tenga que hacerse sobre el
contenido del acto propuesto, y no limitarse a su nombre. Tal y como requiere el balance
institucional, deben ser considerados tanto los cauces democráticos como las competencias
constitucionales sobre relaciones exteriores (Constitución Política de la República de Panamá,
2004).
El aporte del trabajo estriba en la construcción de orden alternativas que se suelen
presentar de forma indistinta en el debate público. El retiro consentido, la reforma con cláusula
de denuncia o la invocación excepcional del artículo 56, tienen conceptos y requisitos distintos;
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separarlas permite elaborar una estrategia revisable y discutir sus riesgos con mayor precisión.
El alcance documental limita las inferencias sobre efectos sociales y económicos, pero acredita
criterios jurídicos para evitar que una promesa de salida inmediata reproduzca la controversia
revisada en el 2012 (Sentencia del Pleno de 2 de febrero de 2012 sobre la inconstitucionalidad
de la Ley 78 de 2009, 2012).
CONCLUSIONES
Ana Leticia optó por algunas palabras del original, pero, a mi juicio, tuvo que reescribir el
primer párrafo del último texto por exigencias del cambio de enfoque y de los estilos del último
texto generado. En relación al primer objetivo, se ha llegado a afirmar que la condición de
miembro panameño del Parlamento Centroamericano responde a obligaciones convencionales,
a competencias constitucionales que no son extinguidas por una derogación legislativa en sí
misma. La ausencia de cláusula expresa, la existencia de una sentencia del 2012 y la
necesidad de que exista una base internacional identificable requieren, de este modo, que el
consentimiento de todas las partes sea un fundamento admisible, en tanto que en el caso de
que haya de aplicarse el artículo 56, se requiere demostrar la concurrencia de los supuestos a
los que remite antes incluso de analizar el preaviso. Así, la soberanía debe ejercerse de modo
que respete los compromisos válidamente asumidos.
En el concerniente al segundo objetivo, las consideraciones favorablemente orientadas
al retiro se conectan con la utilidad y el gasto, con las cuentas que se presentan, en tanto que
las favorablemente orientadas a la permanencia lo hacen con la representación, el diálogo y la
reforma institucional. El estudio ha llegado a identificar estas orientaciones manteniendo, sin
embargo, una ausencia de balance económico y de ciertas opiniones poblacionales. Las
prerrogativas del Parlamento deben ser objeto de un examen específico y no pueden identificar
el concepto de pertenencia como culpabilidad o como impunidad. Una decisión técnica de
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conveniencia requiere de un diagnóstico técnico del uso de recursos, de funciones y de
resultados, informaciones complementadas con la certificación pública de los beneficios que
pretendas conservar.
En lo que hace referencia al tercer objetivo, las opciones de permanecer (reformada),
salir por consentimiento, reformar convencionalmente o separarse unilateralmente demostrarán
diferentes condiciones y riesgos. La separación ordenada deberá orientar el uso de recursos
hacia relaciones y vínculos que tiene la creencia de que le es conveniente conservar y
preservar; pero esos efectos estarán siempre supeditados a mecanismos de suscripción y
evaluación posteriores. La separación unilateral sin fundamentos será la que incremente la
posibilidad de que surjan litigios jurídicos. Se concluyó que el abandono del Parlamento no es
sinónimo de abandono de la cooperación centroamericana, constituyéndose, por tanto,
cualquier transición en la lógica de identificar obligaciones que persisten y vínculos que le es
conveniente conservar.
Finalmente, en lo que respecta al cuarto de los objetivos, se propuso la necesidad de
priorizar una negociación encargada al Ejecutivo conforme un diagnóstico jurídico y un examen
de conveniencia. La estrategia debe conducir a la búsqueda del consentimiento de todas las
partes o propugnar por una cláusula de salida mediante una reforma que pruebe su validez. La
consulta a la ciudadanía para influenciar en la decisión sobre el paradigma de la separación, y
sin perjuicio de respetar competencias y fundamento constitucional, puede solamente
determinar una salida de la cooperación sin efectos de naturaleza extintiva. El proceso de
transición ha de cerrarse en condiciones documentadas, en el cumplimiento de las obligaciones
que han de subsistir y conservando una coordinación institucional que priorice la buena fe y la
cooperación regional.
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1450 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
Declaración de conflicto de interés
El autor declara no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.
Declaración de contribución a la autoría
Félix Antonio Chávez Paisano: conceptualización, investigación documental,
metodología, análisis jurídico, organización de resultados, redacción del borrador, revisión y
edición del manuscrito.
Declaración de uso de inteligencia artificial
El autor no utilizó inteligencia artificial en ninguna parte del manuscrito.
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