DOI: https://doi.org/10.71112/2jw2xv49
1433 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
Siendo así, las valoraciones críticas respecto de su utilidad, costo e imprescriptibilidad
alimentan una consideración de la legitimidad que la validación normativa no es capaz de
eludir. Así, Jaén Suárez, por su parte, tildó de irrelevante la participación panameña y la
captación de la capacidad de la organización para dar resultados sí proporcionados con
respecto a sus recursos. Estas valoraciones alimentan un debate de orden político, pero deben
separarse de los hechos demostrados ante la justicia.
Sin embargo, el debate público pierde su capacidad explicativa cuando confunde toda
cooperación regional con la permanencia en una única institución. En este sentido, Panamá
puede desafiar el funcionamiento parlamentario y al mismo tiempo continuar compartiendo
intereses en comercio, seguridad y desarrollo. La evaluación debe determinar qué relación se
quiere modificar, qué beneficios se pueden preservar y qué obligaciones persistirán. Una
decisión de Estado responsable requiere información que explique resultados y recursos y una
propuesta para mantener la cooperación que considere conveniente para el país.
En esta línea, el objetivo fundamental del trabajo fue el de analizar la viabilidad y
consecuencias de la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano; concretamente, se
hizo una evaluación del marco jurídico de pertenencia y posible separación de los Estados
miembros, y se legitimaron los argumentos políticos, económicos y sociales en pro y en contra
de la separación. Estos objetivos fueron los que permitieron una relación de las reglas de
obligadas aplicación con las razones de conveniencia que fundamentan el debate nacional y
condicionan la decisión estatal posterior.
Finalmente se sistematizaron los escenarios y las consecuencias positivas y negativas
que la separación podría acarrear para el país y para la región, se analizaron los mecanismos
legales más apropiados para plasmarla. El problema reclama una respuesta que conjugue el
cumplimiento convencional, la distribución de competencias o legitimidad democrática. Por ello,
la pregunta que orientó la investigación fue la siguiente: ¿qué mecanismos jurídicos permitirían