Forma Descripción generada automáticamente
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Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 3, Número 4, 2026, octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/vdd3qv87
INFORMALIDAD LABORAL, CALIDAD DEL EMPLEO Y VULNERABILIDAD
ECONÓMICA EN MÉXICO: EVIDENCIA TERRITORIAL DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS
LABOUR INFORMALITY, JOB QUALITY AND ECONOMIC VULNERABILITY IN
MEXICO: TERRITORIAL EVIDENCE FROM THE FEDERAL ENTITIES
Sheila Suset Marañon Lizarraga
Lauro César Parra Aceviz
Luis Fernando Grijalva Escalante
Jaime Moreno Nichols
Marco Antonio Domínguez Galindo
México
DOI: https://doi.org/10.71112/vdd3qv87
739 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
Informalidad laboral, calidad del empleo y vulnerabilidad económica en México:
evidencia territorial de las entidades federativas
Labour informality, job quality and economic vulnerability in Mexico: territorial
evidence from the federal entities
Sheila Suset Marañon Lizarraga
a,*
sheilamaranon.uaneg@ms.uas.edu.mx
https://orcid.org/0000-0003-3455-7803
Jaime Moreno Nichols
a
jaimemnichols@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7161-3897
Lauro César Parra Aceviz
a
cesarparra77@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5726-2210
Marco Antonio Domínguez Galindo
a
marcodominguezga@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-1973-4022
Luis Fernando Grijalva Escalante
a
fernando.grijalva@uas.edu.mx
https://orcid.org/0000-0002-4583-2906
*
Autor de correspondencia: sheilamaranon.uaneg@ms.uas.edu.mx,
a
Universidad Autónoma de
Sinaloa, Unidad Académica de Negocios, México
RESUMEN
La informalidad laboral constituye una restricción estructural para que los altos niveles de
ocupación en México se traduzcan en bienestar económico. El objetivo es analizar la relación
entre informalidad laboral, calidad del empleo y vulnerabilidad económica en las 32 entidades
federativas. Se desarrolla un estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo-comparativo y
con perspectiva longitudinal, sustentado en información de la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo y de la medición de pobreza laboral del INEGI. La calidad del empleo se aproxima
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mediante la subocupación y las condiciones críticas de ocupación, mientras que la pobreza
laboral representa el principal indicador de vulnerabilidad económica. Los resultados muestran
brechas territoriales amplias y confirman que informalidad, precariedad y pobreza laboral están
relacionadas, pero no son equivalentes. Se concluye que la formalización debe articularse con
productividad, protección social y estrategias territoriales diferenciadas.
Palabras clave: informalidad laboral; calidad del empleo; pobreza laboral; vulnerabilidad
económica; mercado de trabajo; México.
ABSTRACT
Labour informality is a structural constraint preventing high employment levels in Mexico from
translating into economic well-being. This study analyses the relationship between labour
informality, job quality and economic vulnerability across Mexico’s 32 federal entities. A
quantitative, non-experimental, descriptive-comparative design with a longitudinal perspective is
used, drawing on the National Survey of Occupation and Employment and INEGI’s labour
poverty measurement. Job quality is approximated through underemployment and critical
employment conditions, while labour poverty is the main indicator of economic vulnerability. The
results reveal substantial territorial disparities and show that informality, precarious employment
and labour poverty are related but not equivalent phenomena. The study concludes that
formalisation policies should be linked to productivity, broader social protection and territorially
differentiated strategies capable of addressing distinct labour-market configurations.
Keywords: labour informality; job quality; labour poverty; economic vulnerability; labour market;
Mexico.
Recibido: 8 octubre 2026 | Aceptado: 22 octubre2026 | Publicado: 23 octubre 2026
DOI: https://doi.org/10.71112/vdd3qv87
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INTRODUCCIÓN
Los recientes cambios en el mercado laboral de México demuestran una paradoja que
no puede explicarse solamente por el desempleo abierto: aunque el desempleo es
históricamente bajo, más de la mitad de los empleados todavía están empleados en
modalidades con protección social insuficiente, inestabilidad o ingresos reducidos
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2024, 2025a).
También, la OIT (2024, 2025) señala que en América Latina la recuperación del empleo no ha
superado los déficits en formalización de calidad y protección.
La expresión territorial de esto resulta sorprendente. Oaxaca tenía un 79.9% de TIL1 en
el primer trimestre de 2026; Guerrero 76.4%; Chiapas 75.3%, mientras que Coahuila tenía
34.2%; Chihuahua y Nuevo León tenían 34.9% y Baja California tenía 37.6% (Instituto Nacional
de Estadística y Geografía [INEGI], 2026a). Estas diferencias implican que los mercados
laborales subnacionales tienen distintas estructuras productivas, condiciones ocupacionales y
capacidades de protección. La educación, la estructura demográfica, la innovación, el tamaño
de las unidades económicas y las características productivas estatales, están vinculados con
estas variaciones según estudios recientes (Rodríguez Medina et al., 2024; Guzmán Segura &
Quezada Garza, 2025; Carrillo Pérez, 2026).
Pero la informalidad no es pobreza, ni agota el concepto de precariedad. Conover y
cols. (2022) muestran que las condiciones promedio en el empleo asalariado informal son
peores que en el formal y la heterogeneidad es mayor entre los trabajadores por cuenta propia;
Duval-Hernández (2022) advierte que muchos trabajadores informales urbanos preferirían
trabajar en puestos con cobertura de seguridad social y mejores condiciones laborales, por lo
que no se pueden hacer interpretaciones basadas únicamente en la elección voluntaria;
también existe evidencia sobre el nivel educativo, las características individuales y la
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transmisión intergeneracional de las condiciones laborales (Ovando-Aldana y cols., 2021;
Guillermo Peón & Estrada Quiroz, 2025).
La calidad del empleo permite un análisis más profundo ya que distingue entre estar
empleado y tener un trabajo que garantice la seguridad económica. Existen disparidades por
región y género en México en materia de ingresos, acceso a la seguridad social, estabilidad
laboral y conciliación entre la vida laboral y personal (Maisterrena, 2024). El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID, 2024) y Jaramillo Vasconez (2026) afirman que, aunque se
han logrado avances recientes, la calidad del empleo en algunas regiones todavía se ve
afectada por la informalidad y salarios insuficientes, y que, aunque la informalidad y el
subempleo comparten algunos factores determinantes, son diferentes tipos de limitaciones del
mercado laboral (Retamoza Yocupicio & Varela Llamas, 2025).
La tercera dimensión de análisis es la vulnerabilidad económica. La pobreza laboral es
la proporción de personas cuyo ingreso laboral per cápita no es suficiente para cubrir el costo
de una canasta básica de alimentos; a nivel nacional fue de 30.7% en el primer trimestre de
2026, mientras que en el estado de Chiapas fue de alarmantes 60.8%; Oaxaca y Guerrero
fueron de 52.7% y 47.7% respectivamente; y Baja California Sur y Baja California tuvieron
cifras más bajas (14.1% y 16.3%) (INEGI, 2026b). Esta distribución se corresponde
parcialmente con zonas donde prima la informalidad, de ahí que ambas dimensiones deban ser
estudiadas conjuntamente, pero de forma diferenciada.
El problema de investigación, entonces, es la combinación entre una alta tasa de
informalidad persistente, amplias desigualdades territoriales en la calidad del empleo y una
gran proporción de personas con ingresos laborales insuficientes. Los factores que explican la
informalidad, las transiciones laborales y la calidad del empleo han sido estudiados por
separado, pero es menos común articular estas tres dimensiones desde una perspectiva
territorial (32 entidades federativas). El objetivo principal es, entonces, estudiar las
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interrelaciones entre informalidad laboral, calidad del empleo y vulnerabilidad económica en
México (convergencia/divergencia, así como patrones territoriales tras el impacto inicial de la
pandemia).
Este trabajo presenta dos contribuciones. Desde un punto de vista conceptual, la
informalidad se estudia dentro del contexto de la vulnerabilidad laboral, donde la protección
social, la intensidad del trabajo y la suficiencia salarial no son sinónimos (Weller, 2025). En
segundo lugar, y desde un punto de vista más práctico, los datos oficiales permiten diferenciar
entre aquellas regiones donde altos niveles de informalidad se dan de la mano con pobreza
laboral y aquellas donde las principales debilidades son condiciones críticas de empleo o
subempleo (Weller, 2025; OCDE, 2025b). Estas distinciones son necesarias si se diseñan
políticas que formalicen empleos, aumenten la productividad y aseguren una adecuada
protección social: no podemos reducir el problema solo a cuestiones administrativas o fiscales
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2025; Weller, 2025;
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2025b).
Informalidad laboral: heterogeneidad, segmentación y estructura productiva
La definición vigente de informalidad distingue entre la naturaleza de las unidades
económicas y las condiciones de las relaciones laborales. Esta diferenciación permite identificar
el empleo informal (en entidades no registradas, así como en empresas formalmente
establecidas) cuando la relación laboral no está efectivamente protegida. Bertranou (2025)
señala que esta ampliación de la noción de derechos es necesaria para entender las
interrelaciones entre los derechos laborales, la productividad y la transición a la formalidad. En
México, el TIL1 de la ENOE sigue esta lógica ya que se incluyen formas de ocupación
vulnerables por la naturaleza de las unidades económicas o por falta de reconocimiento
efectivo de la relación laboral (INEGI 2024, 2025, 2026a).
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La informalidad en México es estructural, persistente y de múltiples formas (Bensusán &
Florez Vaquiro 2024); afecta la productividad, la recaudación de impuestos y la protección
social. Los enfoques institucionales y estructurales son complementarios, los costos
regulatorios y los incentivos se cruzan con la baja productividad, la limitada diversificación y la
insuficiente demanda de trabajo formal (Weller 2025). Varela Llamas y Retamoza Yocupicio
(2023) vinculan la informalidad al crecimiento económico y al gasto público, pero Meghir et al.
(2024) demuestran que la relación informalidad-productividad agregada es compleja y no se
explica de forma lineal.
El capital humano resulta relevante, pero no basta. Conover y cols. (2022) muestran que
los trabajadores con mayor educación tienen más probabilidades de acceder y mantener
empleos formales; Guillermo Peón y Estrada Quiroz (2025) muestran cómo el capital humano
afecta las condiciones laborales transmitidas intergeneracionalmente. En el ámbito
metropolitano, Guzmán Segura y Quezada Garza (2025) vinculan la informalidad con la
educación, la estructura demográfica y las condiciones productivas; Carrillo Pérez (2026)
relaciona la educación, la innovación y la estructura económica en distintas entidades
federativas.
La dimensión territorial agrega diferencias productivas, institucionales y demográficas.
Rodríguez Medina et al. (2024) encuentran que tras la pandemia existe una estructura regional
de informalidad; Pérez-Méndez (2023) relaciona las dualidades del trabajo con el crecimiento y
la pobreza en las regiones. La crisis sanitaria modificó bruscamente las transiciones entre
inactividad, informalidad y formalidad, pero la recuperación no cerró las brechas estructurales
(Martínez-Martínez, 2024). De ese modo, el territorio se vuelve pertinente como unidad para
observar configuraciones diferenciadas de empleo y vulnerabilidad.
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Calidad del empleo y vulnerabilidad económica
La calidad del empleo es multidimensional (Maisterrena, 2024). Puede medirse
mediante la remuneración, la seguridad laboral, la protección social, las horas de trabajo, las
oportunidades de desarrollo y el equilibrio entre la vida laboral y personal (BID, 2024). Según el
BID (2024) hay dos principales limitaciones en América Latina: la informalidad y los bajos
salarios. Jaramillo Vasconez (2026) señala que los avances recientes no han logrado eliminar
una gran proporción de empleos que al mismo tiempo carecen de formalidad y tienen salarios
insuficientes.
En este documento se utilizan el subempleo y el TCCO como dimensiones
complementarias para medir la calidad del empleo: el subempleo mide a los trabajadores que
desean trabajar y pueden trabajar más horas, mientras que el TCCO mide combinaciones
desfavorables entre las horas trabajadas y los ingresos obtenidos. Ambas dimensiones se
encuentran en la informalidad, pero no se identifican como un solo concepto (Retamoza
Yocupicio & Varela Llamas, 2025). Esta distinción nos impide pensar que el cumplimiento
formal garantiza por sí solo un pago adecuado o unas horas de trabajo apropiadas.
La vulnerabilidad económica es la exposición a ingresos insuficientes del trabajo y a
sistemas de protección débiles en caso de eventualidades. Su principal indicador empírico es la
pobreza laboral (relación entre el ingreso laboral per cápita del hogar y el costo de la canasta
básica de alimentos) calculada con datos del INEGI (2026b, 2026d); no sustituye a la pobreza
multidimensional, pero permite un monitoreo periódico si los ingresos laborales satisfacen las
necesidades básicas. Formalizar los empleos puede reducir la pobreza y la desigualdad,
siempre que vayan acompañados de empleos productivos y protegidos, dice la CEPAL (2025).
La relación esperada se podría resumir así: la informalidad suele implicar menor
cobertura y estabilidad, la baja calidad del empleo aumenta el riesgo de que el pago sea
insuficiente o de trabajar horas insuficientes, combinar ambas condiciones aumenta aún más la
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vulnerabilidad económica, pero esto no es lineal (interviene la composición del hogar, la
estructura sectorial, el nivel educativo, la productividad y el costo de vida), por lo tanto, el
análisis territorial busca identificar configuraciones en vez de un único patrón causal. Esta
visión es coincidente con la de la OCDE (2025b), la OIT (2025, 2026) y la CEPAL (2020),
quienes asocian el avance hacia la formalización con políticas laborales orientadas a sectores
productivos y sistemas de protección social.
METODOLOGÍA
Estudio cuantitativo, no experimental, de tipo descriptivo-comparativo y con perspectiva
longitudinal. Análisis por entidad federativa en México (32 entidades federativas; periodo de
referencia 2021-2026 para contextualizar la recuperación tras el impacto inicial de la pandemia;
contraste territorial detallado primer trimestre 2026 con comparaciones interanuales y
actualizaciones segundo trimestre 2026 para desarrollos recientes). Este diseño se limita
únicamente a las relaciones observables y no establece causalidad a partir de datos
agregados. El principal recurso de información es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI, que ofrece estimaciones trimestrales de participación, empleo, desempleo,
informalidad, subempleo y condiciones críticas para las 32 entidades (INEGI, 2024, 2025,
2026a, 2026c). El INEGI mide trimestralmente la pobreza laboral con datos de la propia ENOE
(INEGI, 2026b, 2026d). El empleo de una base estadística común permite la coherencia de los
indicadores, tanto conceptual como temporal. El indicador principal para medir la informalidad
es TIL1 (porcentaje de la población ocupada en condiciones de trabajo informal). La calidad del
empleo se mide con la tasa de subempleo y el TCCO. La vulnerabilidad económica se
manifiesta fundamentalmente a través de la pobreza laboral (porcentaje de la población cuyo
ingreso laboral per cápita no satisface el costo básico de la canasta alimentaria). El ingreso
laboral real per cápita se emplea exclusivamente como dato contextual, en aquellos casos en
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que las comparaciones así lo demanden. Se realizó una revisión de metadatos y definiciones;
una comparación entre niveles nacionales y estatales; un análisis de las diferencias absolutas
disponibles y las variaciones interanuales; y la construcción de perfiles territoriales basados en
informalidad, subempleo, TCCO y pobreza laboral. No se elaboró un índice sintético porque
incluir ingresos o seguridad social en una medida compuesta generaría solapamientos con TIL1
o pobreza laboral y crearía circularidad conceptual. Las coincidencias territoriales se interpretan
como asociaciones descriptivas y no como efectos causales.
Operacionalización de variables
Tabla 1.
Operacionalización de las variables analizadas
Dimensión
Operacionalización
Fuente
Informalidad laboral
Porcentaje de la población ocupada
en condición de informalidad laboral
INEGI, ENOE
Calidad del empleo
Porcentaje de población ocupada
que necesita y está disponible para
trabajar más horas
INEGI, ENOE
Calidad del empleo
Porcentaje de ocupados en
combinaciones críticas de jornada e
ingreso
INEGI, ENOE
Vulnerabilidad
económica
Porcentaje de población con ingreso
laboral per cápita inferior al costo de
la canasta alimentaria
INEGI, Pobreza
Laboral
Contexto económico
Ingreso laboral promedio por
persona expresado en términos
reales
INEGI, Pobreza
Laboral
Nota. Elaboración propia con base en las definiciones oficiales del INEGI.
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RESULTADOS
Ocupación elevada y persistencia de la informalidad
En el primer trimestre de 2026 la población económicamente activa fue de unos 61.1
millones y el desempleo del 2.6%, pero también fueron elevadas la TIL1 (54.8%), el subempleo
(6.6%) y la TCCO (38.6%) (INEGI, 2026a). Un bajo desempleo no garantiza necesariamente
contar con una ocupación formal o adecuada, pues prevalece la informalidad junto con
condiciones laborales precarias; de ahí que tener un trabajo no significa tener uno.
De igual manera, el incremento en los empleos no implicó de manera automática una
caída en la informalidad: entre el primer trimestre de 2025 y el mismo lapso del año siguiente,
la TIL1 a nivel nacional creció del 54.3% al 54.8% (INEGI, 2026ª). Esto es coherente con la
evidencia de que la formalización sostenible está asociada con la productividad, la estructura
empresarial y la capacidad de las unidades económicas para sostener relaciones laborales
protegidas más allá del ciclo laboral (Bensusán & Florez Vaquiro, 2024; Meghir et al., 2024;
OCDE, 2024).
Brechas territoriales en informalidad y calidad del empleo
Oaxaca tenía una TIL1 del 79.9%, Guerrero del 76.4% y Chiapas del 75.3%, Coahuila
del 34.2%, Chihuahua y Nuevo León del 34.9% y Baja California del 37.6% (INEGI, 2026a). La
diferencia entre Oaxaca y Coahuila fue de 45.7 puntos porcentuales, lo cual es consistente con
estudios de informalidad que relacionan la informalidad con la productividad, el capital humano,
la innovación y la estructura productiva (Rodríguez Medina et al., 2024; Carrillo Pérez, 2026).
Si miramos las dimensiones de la calidad laboral, las cosas cambian. Chiapas registró
una TIL1 del 75.3% y un TCCO del 52.8%, mientras que Oaxaca, aun cuando su tasa de
informalidad fue del 79.9%, registró un TCCO del 35.2%; Baja California con una tasa
relativamente baja de informalidad (37.6%) tuvo un TCCO del 41.7% (INEGI, 2026a). En
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conjunto, estas cifras evidencian que la formalidad, la suficiencia de ingresos y la intensidad
laboral son conceptos diferentes pero relacionados entre sí.
El subempleo confirma esta apreciación: Oaxaca se quedó con 15.7%, Sinaloa con
12.7% y Baja California con tan solo 1.7%. En Sinaloa la TIL1 era de 48.7% (por debajo del
valor nacional), pero el subempleo era casi el doble del valor nacional de 6.6% (INEGI, 2026a).
De este modo, una entidad puede presentar niveles relativamente bajos de informalidad,
pero estar muy limitada para quienes desean trabajar más horas.
Vulnerabilidad económica y coincidencias territoriales
En parte, la pobreza laboral refleja la distribución geográfica de la informalidad. En el
primer trimestre de 2026, la tasa a nivel nacional se ubicó en el 30.7 %. Chiapas tuvo un
preocupante 60.8%, Oaxaca 52.7% y Guerrero 47.7%; Baja California Sur y Baja California
tuvieron tasas mucho más bajas (14.1% y 16.3%) respectivamente (INEGI, 2026b). En varias
regiones del sur la informalidad y la pobreza laboral son muy elevadas, lo que indica que los
empleos precarios y los bajos salarios están relacionados (aunque los indicadores no reflejan
exactamente el mismo fenómeno).
Sin embargo, esto no siempre es así. En Sinaloa la informalidad se ubicó en el 48.7%,
TCCO 28.5%, subempleo 12.7% y pobreza laboral 25.6%; Nuevo León tuvo cifras de
informalidad del 34.9%, TCCO 23.4% y pobreza laboral 20.4%; mientras que Chiapas acumuló
una informalidad alarmante (75.3%), TCCO (52.8%) y pobreza laboral que alcanzó el 60.8%
(INEGI, 2026a, 2026b). Estos perfiles muestran una acumulación de desventajas en algunas
zonas, mientras que otras presentan configuraciones mixtas.
La actualización del segundo trimestre de 2026 muestra que aún hay variaciones
importantes entre las trayectorias estatales (la pobreza laboral en Chiapas disminuyó del 62.5%
en el segundo trimestre de 2025 al 59.8% en el segundo trimestre de 2026; la Ciudad de
México aumentó ligeramente del 22.4% al 22.6% (INEGI, 2026d)). Estas variaciones muestran
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por qué es necesario observar tanto los promedios nacionales como las dinámicas
subnacionales.
Tabla 2.
Indicadores seleccionados de empleo y vulnerabilidad económica, primer trimestre de 2026
Territorio
TIL1 (%)
Subocupación
(%)
TCCO (%)
Pobreza laboral
(%)
México
54.8
6.6
38.6
30.7
Chiapas
75.3
8.2
52.8
60.8
Oaxaca
79.9
15.7
35.2
52.7
Nuevo León
34.9
4.3
23.4
20.4
Sinaloa
48.7
12.7
28.5
25.6
Baja California
37.6
1.7
41.7
16.3
Nota. TIL1 = tasa de informalidad laboral 1; TCCO = tasa de condiciones críticas de
ocupación. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2026a, 2026b).
DISCUSIÓN
Estos hallazgos muestran que la situación del empleo en México no puede medirse
observando sólo la tasa de desempleo, los empleos informales y las malas condiciones
laborales implican que el mercado laboral puede absorber trabajadores sin darles protección o
nivel económico adecuado. La cantidad y la calidad del empleo deben diferenciarse, según la
OIT (2024, 2025), la OCDE (2025a) y el BID (2024).
En segundo lugar, la evidencia regional confirma que la informalidad es un problema
estructural: las diferencias entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero frente a Coahuila, Nuevo León o
Chihuahua se deben a desigualdades en productividad, educación, estructura empresarial e
instituciones locales (Rodríguez Medina et al., 2024; Guzmán Segura & Quezada Garza, 2025;
Carrillo Pérez, 2026). Esto quiere decir que para formalizar eficazmente las herramientas deben
ser flexibles: la supervisión puede cambiar los registros, pero no reemplaza la transformación
productiva necesaria para mantener empleos protegidos.
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Segundo punto: la informalidad no es igual a calidad del empleo. Baja California tiene
una informalidad relativamente baja pero un TCCO superior al promedio; Sinaloa tiene una
informalidad inferior al promedio, pero un alto subempleo. Estos patrones coinciden con los de
Maisterrena (2024) y Retamoza Yocupicio y Varela Llamas (2025) quienes demuestran que la
calidad del empleo es multidimensional: la formalización es importante, pero ésta debe ir
acompañada de salarios adecuados a los empleos, estabilidad laboral y horas de trabajo
razonables.
En tercer lugar, la alta informalidad está asociada con la pobreza laboral en distintas
regiones del sur del país (vinculación entre baja protección social, bajos ingresos y
vulnerabilidad económica); los perfiles intermedios confirman que la pobreza laboral también
depende de las características familiares, los salarios reales y las estructuras productivas. La
CEPAL (2025) advierte que los efectos redistributivos de la formalización de empleos se ven
condicionados por la productividad y la calidad del empleo; Pérez-Méndez (2023) muestra que
la relación entre dualidad laboral y pobreza varía según el contexto territorial.
Otro elemento en este análisis es la protección social. Según la OCDE (2025b), los
trabajadores subordinados del sector informal están mucho menos protegidos por prestaciones
sociales, por lo que son más vulnerables a enfermedades, desempleo o vejez, vulnerabilidad
que podría manifestarse antes del umbral crítico de pobreza familiar. Bertranou (2025) y Weller
(2025) coinciden en que las transiciones sostenibles hacia un marco formal necesitan políticas
integradas sobre regulación laboral, protección social y transformación productiva.
Se añaden también diferencias de género y de ciclo de vida. Maisterrena (2024) señala
que hombres y mujeres tienen calidad de empleos distinta; la OCDE (2025a) indica que la
participación femenina en el mercado laboral mexicano sigue siendo menor en comparación
con otros países miembros. El estudio no descompone sistemáticamente los resultados por
sexo o edad, pero estas diferencias apuntan a que distintas configuraciones territoriales pueden
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incidir de forma diferencial sobre las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con menor nivel
educativo, por lo que se requiere un análisis con microdatos.
La informalidad, la calidad del empleo y la vulnerabilidad económica son conceptos
interrelacionados, pero no intercambiables. La informalidad muestra déficits de reconocimiento
y de protección; el subempleo y el TCCO muestran limitaciones de horas de trabajo e ingresos;
la pobreza laboral es insuficiencia económica a nivel familiar. El mantenimiento de esta
distinción conceptual ayuda a hacer diagnósticos más precisos, en vez de sacar conclusiones
simples.
Implicaciones para la política pública y la gestión económica
La primera consecuencia es que la productividad debe estar ligada al proceso de
formalización. Las microempresas y las actividades en pequeña escala tienen dificultades para
hacer frente al coste del cumplimiento normativo, la seguridad social y los salarios. Por lo tanto,
financiamiento, capacitación, adopción de tecnología, digitalización e integración en cadenas
de valor deben ir acompañados de una simplificación de las regulaciones. Se proponen
estrategias que combinan incentivos para la formalidad, reducción de barreras y fortalecimiento
de la protección social (OCDE 2024, 2025b).
La segunda consecuencia es la de la seguridad social. Los sistemas que se basan
mucho en trayectorias de empleo formal continuo dejan fuera a las personas que se mueven
entre segmentos del mercado laboral. Los mecanismos de protección e interoperabilidad de los
registros pueden reducir este riesgo sin que la formalización se convierta en una carga
excesiva (OCDE 2025b; CEPAL 2025; OIT 2025, 2026). Este punto se considera de forma
coherente en las recomendaciones de la OCDE (2025b), la CEPAL (2025) y la OIT (2025,
2026).
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La tercera implicación es de carácter territorial. En las zonas donde hay mucho trabajo
informal y pobreza laboral hace falta intervenir de manera productiva y social a la vez; en las
que hay menos informalidad, pero mucho trabajo no remunerado hay que prestar atención a los
salarios y las horas trabajadas; y allí donde el subempleo es muy alto hay que adoptar políticas
que aumenten las posibilidades de acceder a un trabajo digno. La evidencia a nivel subnacional
también avala enfoques diferenciados (CEPAL, 2020; Rodríguez Medina y cols., 2024).
Por último, el desempeño del gobierno y las empresas debe juzgarse con criterios
cualitativos y cuantitativos. La creación neta de empleo no nos dice si los beneficios han subido
o los ingresos mejorados o las horas críticas de trabajo reducidas. Un sistema estatal que
incorpore TIL1, subempleo, TCCO, ingreso laboral real y pobreza laboral, permitiría monitorear
trimestralmente si el crecimiento del empleo realmente se traduce en bienestar social.
Limitaciones
La forma en que hoy en día se evalúa la informalidad distingue entre las características
de las unidades económicas y las condiciones bajo las cuales surgen las relaciones laborales
(el empleo informal no existe únicamente en empresas no registradas; también puede estar
presente en empresas formalmente constituidas donde los vínculos laborales no se encuentran
efectivamente protegidos) (Bertranou, 2025). Según Bertranou (2025), esta ampliación
conceptual es necesaria para comprender la interacción entre derechos laborales y
productividad, y el proceso de formalización. En México, TIL1 de la ENOE toma en cuenta este
punto de vista al referirse a formas vulnerables de ocupación debido a la naturaleza de la
unidad económica o la falta de reconocimiento de la relación laboral (INEGI, 2024, 2025,
2026a).
DOI: https://doi.org/10.71112/vdd3qv87
754 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
La informalidad en México es estructural, es decir, persistente y de múltiples formas
(Bensusán y Florez Vaquiro, 2024). Los enfoques institucionales y estructurales son
complementarios, los costos regulatorios y los incentivos se conjugan con baja productividad,
poca diversificación e insuficiente demanda de trabajo formal (Weller, 2025); Varela Llamas y
Retamoza Yocupicio (2023) muestran que la informalidad impacta sobre el crecimiento
económico y el gasto público; Meghir et al. (2024) muestran que el vínculo informalidad y
productividad agregada no transcurre un camino lineal.
El capital humano es un elemento, pero no es el único determinante. Conover et al.
(2022) muestra que los trabajadores con niveles más altos de educación tienen más acceso y
persistencia en empleos formales; Guillermo Peón y Estrada Quiroz (2025) muestra cómo el
capital humano afecta las condiciones laborales a través de generaciones al mismo tiempo. En
el ámbito metropolitano, Guzmán Segura y Quezada Garza (2025) relacionan la informalidad
con la educación, la estructura demográfica y las condiciones productivas; Carrillo Pérez (2026)
la relaciona con la educación, la innovación y la estructura económica entre las entidades
federativas.
El análisis territorial revela diferencias de productividad, instituciones y demografía
(Rodríguez Medina et al., 2024), Pérez-Méndez (2023) vincula la dualidad laboral al crecimiento
regional y los niveles de pobreza. La crisis sanitaria modificó radicalmente las transiciones
entre inactividad, informalidad y formalidad, pero el proceso de recuperación no ha logrado
cerrar las brechas estructurales (Martínez-Martínez, 2024). Así pues, el territorio es una unidad
significativa en la que se observan configuraciones diferenciadas de empleo y sus
vulnerabilidades.
DOI: https://doi.org/10.71112/vdd3qv87
755 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
CONCLUSIONES
La forma en que se evalúa hoy la informalidad diferencia entre las características de las
unidades económicas y las condiciones bajo las cuales surgen las relaciones laborales (el
empleo informal no sólo está presente en empresas no registradas; también puede estar
presente en empresas formalmente constituidas donde los vínculos laborales no están
efectivamente protegidos) (Bertranou, 2025). Para Bertranou (2025) esta extensión conceptual
es necesaria para comprender la forma en que los derechos laborales interactúan con la
productividad y el proceso de formalización. En México, TIL1 de la ENOE toma en cuenta este
punto de vista cuando se refiere a formas vulnerables de ocupación por la naturaleza de la
unidad económica o por no reconocer la relación laboral (INEGI, 2024, 2025, 2026a).
La informalidad en México es estructural (persistente y de múltiples formas) (Bensusán
& Florez Vaquiro, 2024). Los enfoques institucionales y estructurales son complementarios, los
costos regulatorios y los incentivos se combinan con baja productividad, poca diversificación y
escasa demanda de empleo formal (Weller, 2025), Varela Llamas y Retamoza Yocupicio (2023)
encuentran que la informalidad afecta el crecimiento económico y el gasto público, Meghir et al.
(2024) muestran que la relación informalidad y productividad agregada no es lineal.
El capital humano es un elemento, pero no es el único determinante. Conover et al.
(2022) muestra que los trabajadores con niveles más altos de educación tienen mayor acceso y
persistencia en empleos formales; Guillermo Peón y Estrada Quiroz (2025) muestra cómo el
capital humano afecta las condiciones laborales a través de generaciones al mismo tiempo.
Guzmán Segura y Quezada Garza (2025) relacionan la informalidad con la educación,
la estructura demográfica y las condiciones productivas a nivel metropolitano, mientras que
Carrillo Pérez (2026) la relaciona con la educación, la innovación y la estructura económica
entre las entidades federativas.
DOI: https://doi.org/10.71112/vdd3qv87
756 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
El análisis territorial muestra diferencias en productividad, instituciones y demografía
(Rodríguez Medina et al., 2024), mientras que Pérez-Méndez (2023) relaciona la dualidad
laboral con el crecimiento regional y los niveles de pobreza. La crisis sanitaria transformó
drásticamente las transiciones entre inactividad, informalidad y formalidad, sin embargo, el
proceso de recuperación no ha logrado cerrar las brechas estructurales (Martínez-Martínez,
2024). Por lo tanto, el territorio es una unidad significativa donde se pueden observar
configuraciones diferenciadas de empleo y sus respectivas vulnerabilidades.
Declaración de conflicto de interés
Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta
investigación.
Declaración de contribución a la autoría
Sheila Suset Marañon Lizarraga: conceptualización (Conceptualization); investigación
(Investigation); metodología (Methodology); redacción del manuscrito original (Writing – original
draft); revisión y edición (Writing – review & editing).
Lauro Cesar Parra Aceviz: curación de datos (Data curation); análisis formal (Formal
analysis); validación (Validation); redacción del manuscrito original (Writing – original draft);
revisión y edición (Writing – review & editing).
Luis Fernando Grijalva Escalante: investigación (Investigation); curación de datos (Data
curation); visualización (Visualization); redacción del manuscrito original (Writing – original
draft); revisión y edición (Writing – review & editing).
Jaime Moreno Nichols: investigación (Investigation); análisis formal (Formal analysis);
validación (Validation); redacción del manuscrito original (Writing – original draft); revisión y
edición (Writing – review & editing).
DOI: https://doi.org/10.71112/vdd3qv87
757 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 4, 2026, octubre-diciembre
Marco Antonio Domínguez Galindo: conceptualización (Conceptualization); metodología
(Methodology); administración del proyecto (Project administration); redacción del manuscrito
original (Writing – original draft); revisión y edición (Writing – review & editing).
Declaración de uso de inteligencia artificial
Los autores declaran que utilizaron herramientas de inteligencia artificial únicamente
como apoyo para búsqueda seminal de información pertinente al tema, misma que fue
verificada una vez encontrada.
REFERENCIAS
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empleo en América Latina: entre la informalidad y salarios que no alcanzan.
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de 2026. INEGI.
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Varela Llamas, R., & Retamoza Yocupicio, R. R. (2023). Informalidad laboral, crecimiento
económico y gasto público en México, 2005-2019. Ensayos. Revista de Economía,
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