DOI: https://doi.org/10.71112/jq37rc69
1949 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 3, 2026, julio-septiembre
menor prestigio y a una posición sociocultural marginal, restringiendo durante décadas el
derecho de sus hablantes a educarse plenamente en su propia lengua.
Como resultado de estas relaciones desiguales de prestigio y de uso, una lengua que
deja de utilizarse activamente en los ámbitos educativo, administrativo, científico y cultural corre
el riesgo de ser desplazada progresivamente, perder su capacidad para responder a las
necesidades comunicativas de la sociedad contemporánea e, incluso, llegar a extinguirse (May,
2024). Diversos estudios sostienen que la supervivencia y la revitalización de las lenguas
originarias, como el quechua, dependen en gran medida de su presencia efectiva en las
instituciones educativas, los espacios públicos y las entidades del Estado. En este sentido, el
reconocimiento jurídico, por sí solo, no garantiza su vitalidad ni su transmisión
intergeneracional; para ello, resulta indispensable implementar políticas lingüísticas que
promuevan su enseñanza, su uso y su desarrollo en todos los ámbitos de la vida social
(Hornberger, 2023; UNESCO, 2025b).
El quechua y la restricción de sus funciones sociales
Toda lengua cumple funciones sociales en los distintos ámbitos de la vida colectiva. A
través de ella se transmiten la cultura, los conocimientos, los valores, la cosmovisión y las
formas de relación de una comunidad. En ese sentido, la permanencia de una lengua depende,
en gran medida, de que continúe presente en la comunicación cotidiana y en los procesos
mediante los cuales un pueblo reproduce su memoria, fortalece su identidad y preserva sus
prácticas culturales (May, 2024; Hornberger, 2023; UNESCO, 2025b).
En la actualidad, la vitalidad de una lengua no depende únicamente de que se
mantenga en el ámbito familiar o comunitario. También requiere estar presente en los espacios
donde se produce, circula y difunde el conocimiento. La ciencia, la tecnología y la formación
profesional no deberían transmitirse exclusivamente en castellano u otras lenguas de mayor
prestigio social; los pueblos tienen derecho a acceder, apropiarse y generar esos