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Territorios en conflicto: identidad y resistencia
Territories in conflict: identity and resistance
Ana Sofía Solano Acuña
a,*
ana.solano.acuna@una.ac.cr.
http://orcid.org/0000-0001-5189-4735
*
Autor de correspondencia: ana.solano.acuna@una.ac.cr.,
a
Universidad Nacional, Costa Rica
RESUMEN
A propósito de las conmemoraciones del bicentenario de la independencia de Panamá de
España en el año 2021, es fundamental reflexionar desde una perspectiva de larga duración,
cuál ha sido el proceso al que se han enfrentado los pueblos indígenas en diferentes momentos
sociales, administrativos, políticos y económicos. Este trabajo pretende construir una línea del
tiempo que recupere el ciclo de violencia en el que han estado resistiendo las comunidades que
hoy se encuentran ubicadas en el occidente panameño. Para lograr este objetivo se trabajó con
documentación de archivos históricos, gacetas, prensa, revisión de fuentes secundarias y
algunas entrevistas y conversaciones con informantes clave. Como resultado fue posible
proponer un ciclo de violencia compuesto por tres fases o momentos, la experiencia colonial, la
compleja experiencia republicana (colombiana y panameña) y el presente de marginalidad,
desplazamiento y pobreza.
Palabras clave: Violencia; pueblos indígenas; Panamá; resistencia; guaymíes.
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ABSTRACT
As we commemorate the bicentennial of Panama's independence from Spain in 2021, it is
essential to reflect, from a long-term perspective, on the process that indigenous people have
faced at different social, administrative, political and economic moments. This paper aims to
build a timeline that recovers the cycle of violence in which the communities located in western
Panama have been resisting. To achieve this objective, we worked with documentation from
historical archives, gazettes, press, review of secondary sources and some interviews and
conversations with key informants. As a result, it was possible to propose a cycle of violence
composed of three phases or moments: the colonial experience, the complex republican
experience (Colombian and Panamanian) and the present of marginality, displacement and
poverty.
Keywords: Violence; indigenous people; Panama; resistance; Guaymi.
Recibido: 23 julio 2026 | Aceptado: 5 agosto 2026 | Publicado: 6 agosto 2026
INTRODUCCIÓN
Una noche el sukia Kena tuvo que guiar a toda su gente entre las tinieblas porque el sol
se apagó, las montañas se congelaron y la comida fue escasa. Esta fue la gran noche o “Kä
ngidien”, cuando los animales ayudaron a los guaymí y estos fueron advertidos por el sukia, ya
que su única salvación era estar siempre unidos, pues el diablo andaba deambulando
(Quesada, 2010). Cuentan los mayores que la gran noche ha sido muy larga y que el diablo se
ha transformado miles de veces desde aquellos tiempos hasta las amenazas de hoy.
Los guaymí hoy día sobreviven en los territorios fronterizos entre Costa Rica y Panamá,
siendo en el primero aproximadamente, 9.543 personas, mientras que el segundo registra
444.878 personas según el último Censo de 2023. Dicho etnónimo es rastreable desde las
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fuentes españolas hasta las fuentes panameñas y costarricenses de finales del siglo XX, a
partir de entonces y producto de los procesos de reivindicación identitaria, se demanda por los
colectivos indígenas ser reconocidos como ngäbes y buglés, con énfasis principalmente a sus
diferencias lingüísticas.
En el contexto panameño son una de las mayores fuerzas política y demográfica, en el
caso de Costa Rica cuentan también con una de las poblaciones más grandes y extensas en
términos territoriales. Dentro de la experiencia costarricenses cabe resaltar que el
reconocimiento como ciudadanos se concreta hasta finales del siglo XX, como resultado de una
de las luchas más fuertes, amplias, organizadas y sostenidas que ha tenido el movimiento
indígena en este país.
Las historiografías de ambos países han tenido una presencia desdibujada y escasa de
esta importante población indígena, también han sido comunes las lecturas adscritas dentro de
las fronteras nacionales que no permiten explicar las presencias del pasado y las del presente;
finalmente, en ocasiones se han “mestizado” ciertos hechos históricos sustrayendo la identidad
étnica de los mismos. En los países latinoamericanos muchos de los procesos de memoria de
“oficiales o subalternos”, están marcados por un hecho traumatizante que hace del proceso de
memorizar un hecho político en sí mismo (Jelin, 2022, p. 26; Tornay y Vega, 2009, p. 1).
El presente trabajo organiza el tiempo y los hechos en ciclos de violencia, modelo que
hace posible delinear en la larga duración representaciones, prácticas administrativas y formas
de resistencia que perviven en el tiempo y se han ido adaptando a cada nueva amenaza. En
este sentido, el propósito del examen de los proyectos anticoloniales no es descubrir o
demostrar una consistencia uniforme y llana en ellos, sino determinar sus efectos
interrelacionados y su patrón característico.
Es importante destacar que las sociedades indígenas del pasado como las del presente,
deben ser abordadas como colectivos vivos que modelan su vida de acuerdo con situaciones
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internas y externas, no son homogéneas, ni permanecen congeladas en el tiempo, en
ocasiones pueden presentar incongruencias o contradicciones como cualquier sociedad
humana, pero cuyo fin supremo siempre es sobrevivir y adaptarse.
En cuanto al espacio geográfico analizado, es importante señalar que posee un sustrato
de significaciones que al igual que las formas de violencia se han ido transformando con el
tiempo, pero a su vez mantiene elementos que desde el período colonial han marcado las
relaciones que los sectores de poder han tenido con estas tierras y sus poblaciones. Las
representaciones sobre el clima y su “inmundicia”, la ferocidad de los ríos, los animales, la
posibilidad (o imposibilidad) de apertura de camino e interconexión con las ciudades o pueblos
principales, las riquezas minerales, la cercanía con Costa Rica, el relativo fácil acceso para el
contacto con ingleses, entre otros; determinaron las representaciones del espacio, de su gente
y las formas de su administración.
La experiencia de cinco siglos de conquista y supervivencia se organiza en cinco
grandes momentos. El primero corresponde al período colonial que concluye en el año de
1821, este período será vital pues es la base de las representaciones y las formas de
relacionamiento que, con las diferencias propias de cada momento, se extienden hasta el
presente. Debido a esto, el estudio brindará especial atención a un determinado momento,
delimitando de forma modesta los siguientes momentos.
El proceso de conquista implicó un entramado complejo de fuerzas de cambio en
términos de los patrones económicos, formas de comportamiento social y gobierno, miedos,
prejuicios y sistema de valores; todos ellos tan espinosos como para requerir el nivel de las
armas y la transformación del mundo de las ideas donde la doctrina religiosa tuvo un papel
contundente para poder ejercer control sobre las poblaciones (Castillero, 1995).
Dentro de la concepción del colonialismo hispánico, se pretendió que los indígenas
abandonaran sus patrones culturales tradicionales, se poblaran en torno a iglesias,
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estableciendo sus moradas de acuerdo con un patrón ordenado, y aceptaran la religión
católica, y que muestran comportamientos que los misioneros consideraban fundamentales
para vivir de manera civilizada. El sistema de misiones constituyó la forma en que, durante toda
la época colonial, los españoles pretendieron extender su ámbito de dominio hacia las regiones
que habían escapado de su control durante la conquista. Los “indios gentiles, bárbaros y
montañeses” que vivían en la frontera de las estancias españolas en Tierra Firme, fueron
representados a manera de entidades sin historia, deshumanizados, de organización social
dudosa y moralmente cuestionables. No poseían identidad definida, eran vistos como seres
desprovistos de todas las características que definen la “cultura” en el sentido europeo: ropa,
propiedad, religión (Solórzano, 2011).
Desde Colón, los indios eran considerados “páginas en blanco”, sin “secta conocida”,
por lo tanto, dispuestos a recibir la religión católica. Más adelante, luego del paso de la
extrañeza y la curiosidad, el cuerpo de los indios comienza a ser visto como fuente de riqueza y
de provecho. Era un cuerpo aprovechable al máximo para el trabajo sobre el cual se ensayan
técnicas de control y de disciplina para lograr mayor productividad (Mora, 2010).
El segundo momento de violencia, corresponde al período de unión a Colombia, el cual
abarca desde 1821 a 1903, mediante una relación tensa de convivencia y distanciamiento
durante algunos periodos cortos de tiempo. Durante esta etapa, establecen modelos de
ciudadanización propias para cada región, se desarrolla un andamiaje legal y administrativo
que tenía como fin la incorporación de territorios en resistencia, concretar una sola identidad
nacional y enrumbar a un modelo de desarrollo propuesta por las élites étnicas, políticas y
económicas.
El tercer momento de violencia es el panameño, ejercido por las nuevas (y no tan
nuevas) clases políticas que buscan la “conformación de un solo Estado”, a través de la fina
herramienta de la legislación y del discurso político fueron minando las condiciones de vida de
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las sociedades indígenas y reafirmando la criminalización de las demandas indígenas. Este
período concluye con la revolución Tule de 1925, que estableció nuevas relaciones entre el
joven Estado y las comunidades indígenas.
El cuarto momento de violencia lo ejerce el capital nacional y extranjero, motor que en el
caso panameño ha impulsado en gran medida las políticas dictadas sobre el ambiente y los
pueblos indígenas. Esta es la noche actual, la cual desplaza año con año a cientos familias; por
años fue el gran obstáculo para la determinación del territorio comarcal, esto hace difícil la
convivencia en la práctica.
METODOLOGÍA
Tal como lo plantea Molina en su trabajo “Imagen de lo imaginario introducción a la
historia de las mentalidades colectivas” (1989), la documentación útil para rastrear
mentalidades, imaginarios y representaciones tiene dos dimensiones. La primera es la que
brinda detalles cualitativos indispensables para el proceso de investigación, pues habilita, el
conocimiento profundo y micro de la situación investigada; y el segundo es aquel recurso
documental que asiente las lecturas seriales o secuenciales de un proceso histórico desde una
perspectiva macro.
Gran parte del material documental utilizado para este artículo proviene del Archivo
General de Indias (AGI), en algunos casos los documentos fueron consultados en sala y en
otros a través del sistema PARES (Portal de Archivos Españoles). Los documentos localizados
en este archivo tienen un alto potencial etnográfico, estrategias de pacificación, administración
de bienes, tierras y personas, entre otros; además, que del período estudiado en definitiva
cuentan con mayor cantidad de recursos documentales y los mismos son más extensos y
detallados. En cuanto a Gacetas Oficiales el tipo de información es variado, desde la
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transcripción de leyes y decretos, pasando por informes de prefectura, demandas y
resoluciones indígenas, límites de Colombia y luego de Panamá, y la nacionalidad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En julio de 1519, Gaspar de Espinoza, Gobernador de Panamá, parte de la recién
fundada ciudad hacia el occidente, con el objetivo de visitar las tierras de los caciques Paris,
Escoria y Chagres, para abastecerse de maíz para la naciente ciudad. Desembarcó en el norte
de Chiriquí, propiamente en Punta Burica, en su camino de retorno a Panamá apresó indígenas
para encomendarlos y llegando a lo que más adelante sería Natá (Fundada en 1522) fundó un
asiento al que llamó Santiago. En sus descripciones es notable la admiración que le provocó la
presencia de alimentos en gran cantidad, animales para el consumo, ricas salinas y la limpieza
de los indígenas (que según su valoración) era superior a lo antes conocido (Arauz, 1997).
Las siguientes descripciones de las tierras occidentales fueron muy coincidentes, en
1540 Pedrarias Dávila justifica la fundación de la ciudad de Natá de los Caballeros por la
necesidad de establecer un “lugar seguro” que sirviera como centro para la avanzada
conquistadora (AGI, Audiencia de Panamá, 1540, Que no se saquen indios...; AGI, Audiencia
de Panamá, 1540, Sobre los indios…). En la experiencia de conquista en las tierras del norte,
la dispersión de los caseríos dificultó el sometimiento de varios cacicazgos, al igual que las
variadas condiciones del territorio y la falta de conocimiento del espacio geográfico por parte de
los conquistadores (Marín, 2004).
En 1583, los pueblos de reducción como Chepo, Villanueva de la Veracruz, Olá,
Penonomé y Parita se encuentran conformados; la colonización del Valle del Guaymí sobresale
como una de las principales urgencias para unificar el espacio, la administración de los bienes
y la pacificación de los indígenas (AGI, Audiencia de Panamá, 1583). En el año de 1606,
Cristóbal Cacho de Santillana, oidor de la Audiencia de Panamá, describe la provincia de
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Chiriquí y el distrito de Alanje, como los lugares más alejados de Panamá, con una pobreza
importante y donde los indios estaban muy mal atendidos y adoctrinados, resalta la atención en
el número de naturales que, según sus observaciones, era mayor que la de cristianos (AGI,
Audiencia de Panamá, 1606, Carta del oidor Cristóbal…).
Para este mismo año, Alonso de Coronado, oidor de la Audiencia de Panamá, expone
que los indios en la provincia de Veragua estaban encomendados en repartimientos pequeños,
los cuales se servían personalmente de ellos (AGI, Audiencia de Panamá, 1606, Carta del oidor
Alonso…). La situación fue continuamente denunciada y justificada, en parte por la lejanía que
se tenía entre estos territorios y las ciudades. En esta línea, Diego Fernández de Velasco,
presidente de la Audiencia de Panamá refiere que los indígenas de las tierras occidentales se
encontraban en mayor vulnerabilidad y peores condiciones de vida que los de las ciudades
como Natá de los Caballeros (AGI, Audiencia de Panamá, 1619).
Lorenzo del Salto, en el año 1620, describe las tierras occidentales como aquellas
atravesadas por una gran “montaña”, rodeadas por el mar del sur y del norte, con población
indígena reducida y pueblos de españoles en las partes bajas, en las partes altas identifica
“indios de guerra, infieles, sin luz del verdadero Dios a quién ofenden con mil idolatrías” (ANCR,
1620).
En 1678, las dificultades en la frontera con Costa Rica y el escaso control que se tenía
sobre la población indígena en esta región fueron los principales apremios. Se consideró
inminente “reducir a los indios barbaros del norte” colindantes con los de Talamanca, como un
mecanismo atenuante para prevenir posibles ataques o alianzas (AGI, Audiencia de Panamá,
1680). Años antes, en 1611, Francisco Valverde de Mercado, presidente de la Audiencia de
Panamá, hizo eco de los temores al declarar la tragedia, esto implicó el alzamiento de los
indios de Talamanca y la desconfianza de una posible unión con la Gobernación de Veragua
(AGI, Audiencia de Panamá, 1611).
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Entrado el siglo XVIII, se dieron las primeras políticas de frontera que establece tres
prioridades. La primera en Veragua, con el objetivo de repeler el avance de los indios
mosquitos y los ingleses, así como proteger la riqueza aurífera de la región; la segunda es la
ofensiva evangelizadora de Propaganda Fide hacia la región de Chiriquí iniciada en 1766; la
tercera en el inhóspito Darién siempre bajo control de los indios kuna (Castillero, 1995).
Aunque la política evangelizadora se desplegará a partir de 1766, hubo experiencias
previas menos ambiciosas. En el año de 1622 se iniciaron los trabajos de Fray Adrián de
Ufeldre (Santo Tomás), quien impartió doctrina en estas tierras hasta 1637. Se ubican tres
órdenes religiosas que evangelizaron entre los guaymíes, los dominicos en Chiriquí en el siglo
XVII; los jesuitas activos a principios del siglo XVII; así como los franciscanos entre mediados a
finales del siglo XVIII y la primera década del XIX.
En 1635 se solicitó que quienes se dirigieran a trabajar doctrinas en comunidades
indígenas, conocieran su lengua y tuvieran lo que se requería para ese ministerio (AGI,
Audiencia de Panamá, 1635). A partir de 1640, las reducciones de indios van a enfrentar un
problema de la agregación de varios pueblos con el fin de excusar gastos de doctrina (AGI,
Audiencia de Panamá, 1646, Respuesta al gobernador…). Durante 1646 se propuso que nueve
pueblos de indios en Veraguas se reorganizaran en cuatro (AGI, Audiencia de Panamá, 1646);
posteriormente, en 1676 se tiene noticias por parte de Fray Adrián de Santo Tomás, ya que
logró conformar una población de más de 500 indios de la montaña en el pueblo de San Félix
(entre Remedios y Chiriquí) (AGI, Audiencia de Panamá, 1626), mientras Fray José de
Cevallos (Orden de la Merced) había hecho lo propio en Chiriquí cerca de la ciudad de Alanje
(AGI, Audiencia de Panamá, 1676), para lo cual ambos curas solicitaron se les brindara el
apoyo de la Real Hacienda para mantener y avanzar en sus proyectos.
Durante el primer ciclo de violencia se estima la probabilidad de que algunos grupos
indígenas fueron subordinados a otros y pagaron tributo a su cacique. Algunos cacicazgos
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tuvieron acceso a tierras más fértiles, las zonas costeras más productivas y los materiales de
mayor valor, por lo que eran más populosos e influyentes que otros (como Comogre, Pocorosa,
Natá y Parita). Es decir, el universo indígena no fue medianamente homogéneo, ya que, por el
contrario, tuvo muchos matices.
Los guaymí convivieron con aoyaques, buricas, cabécares, catapas, chomes,
corobicíes, cotos, guaymíes, huetares, pococis, quepos, suerres, tariacas, térrabas, tices,
turucaca, urinamas, viceitas, votos, entre otros (Torres, 1999, p. 86). El proceso de aculturación
liderado por las órdenes religiosas pretendió abonar a la imagen idealizada de un campesinado
sumiso a Dios y al poder español, priorizando las enseñanzas en labores de labranza, cría de
animales de corral, fabricación de chacras, sombreros y bienes de consumo.
Durante este período los indios de las montañas fueron un gran atractivo, en parte por
materializar el control fragmentado que los españoles poseían del territorio, pero,
principalmente porque a causa del declive demográfico que significó la conquista, las
poblaciones se convertían en un bien de inmenso valor en el mercado de brazos para el trabajo
(AGI, Audiencia de Panamá, 1600).
La transformación demográfica fue sumamente abrupta, por tal motivo, 10 años
después de la Conquista solo quedaba entre un 12% y 7% de la población indígena original.
Padecimientos como la viruela y el sarampión, abonaron a la compleja situación de la población
autóctona (Mena, 1983, p. 75). En 1531 un brote de sarampión proveniente de Nicaragua cerró
el siglo XVI con 15.000 fallecimientos en todo el istmo (AGI, Audiencia de Panamá, 1531).
Aunado a lo anterior, para la conquista de Perú se sacaron 10.000 indios varones jóvenes de
diferentes partes del territorio (AGI, Audiencia de Panamá, 1540).
En este contexto, las reacciones de las comunidades indígenas no se hicieron esperar;
las principales formas de resistencia fueron la huida a las montañas, los motines y alzamientos.
También, hubo una vasta experiencia en querellas, solicitudes y negociaciones frente a las
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autoridades españolas, las estrategias de resistencia evocaron caminos variados para asegurar
el espacio y las condiciones de reproducción cultural, es decir, no todos los discursos y las
prácticas giraron alrededor de frenar el proceso colonizador, en algunos casos se buscó
establecer un estatus equivalente para sus comunidades.
En las denuncias o querellas presentadas a las autoridades eran frecuentes los
discursos y descripciones peyorativas de sí mismos, limitadas veces la defensa se situó desde
la confrontación, lo que podría interpretarse como un mecanismo para influenciar en la decisión
de las autoridades. Quienes utilizaron el sistema occidental como un espacio de supervivencia
a través de la denuncia, la querella o la negociación, fueron principalmente indígenas
integrados; es decir, habitaban dentro de los límites de sociabilidad de la población hispano-
criolla bajo el control del poder central y estaban vinculados con las estructuras sociales,
económicas, políticas y jurídicas del aparato administrativo.
La negociación de las autoridades españolas con los indígenas guaymí fue habitual
para la apertura de un paso, la fundación de un pueblo o la deposición de las armas. En Real
Provisión de 1533 se solicita al Obispo de Tierra Firme Fray Tomás de Berlanga y al
gobernador que intervengan, se informen y negocien con los indios que están alzados
especialmente los caciques de Penonomé, Coclé, Trota, Vrraca y San Cristóbal para que
presenten informe sobre esta situación y si la misma tenía alguna salida (AGI, Audiencia de
Panamá, 1533). En 1685 se incentivó al presidente y oidores de la Audiencia en Panamá, a
continuar el “agasajo” preparado para los indios guaimí con el fin de convencerlos de deponer
las armas, abrazar la fe católica y adherirse a la planificación territorial castellana (AGI,
Audiencia de Panamá, 1685).
En cuanto a los motines y los alzamientos, los mismos también eran frecuentes, entre
1805 y 1806, casi en la etapa final de este período, se da la rebelión de los guaymí en alianza
con los misquitos, y por ende, con apoyo de los ingleses. En la carta del 20 de noviembre de
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1805, el gobernador de Veragua, Juan de Dios de Ayala, da parte de lo ocurrido el 1 de dicho
mes, cuando los indios prófugos de las reducciones, los guaymíes y los mosquitos en
contubernio con los ingleses atacan el pueblo de Nueva Alcucia. En aquel momento quemaron
catorce casas y la iglesia, robaron los ornamentos y vasos sagrados, dieron muerte a quince
vecinos e hirieron a seis (AGI, Audiencia de Panamá, 1805-1806).
Por su parte, las autoridades del pueblo lograron llevar a cabo diligencias para quitarles
los presos a excepción de cinco criaturas, pues el botín se encontraba en las piraguas, mataron
a cinco indios e hirieron de gravedad a varios otros. El gobernador de Veragua indicó que los
ataques se dieron tan certeramente debido a que no tenían municiones, a pesar de haberlas
pedido a Panamá, esto hizo que las gentes restantes tuvieran miedo y con certeza dejaran
abandonada la mina que era lo que daba vida a ese poblado (AGI, Audiencia de Panamá,
1805-1806).
En el informe del Virreinato de Santa Fe sobre esta rebelión, se indicó que si no se
cortaba la relación de los indios con los ingleses, esta misma suerte sería la de otros poblados
“desde la Boca de Toro hasta la de la Concepción”, dando cuenta que a diferencia de un motín
o alzamiento cualquiera, el hecho obedecía a un proceso planificado dentro de un marco de
control geopolítico mucho más amplio (AGI, Audiencia de Panamá, 1805-1806).
El movimiento panameño de independencia de la Corona Española se inició el 10 de
noviembre de 1821 con la Independencia de la Villa de Los Santos dirigido por Segundo
Villareal, la cual contó con el respaldo de otras poblaciones como Natá de los Caballeros,
Penonomé, Ocú y Parita. Se proclamó finalmente la independencia el 28 de noviembre de 1821
y de manera voluntaria se unió a la Gran Colombia.
Durante la experiencia republicana, se redimensionaron en Panamá las categorías de
“mestizo”, “cholo” e “indígena”, heredados de la época colonial, tanto en su paso por el
proyecto colombiano como en su vida independiente a partir de 1903 y hasta 1925. La
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documentación testimonia un imaginario “deshistorizador” del territorio, es decir, desde las
interpretaciones, apreciaciones y descripciones, se sugiere que el oeste del territorio no poseía
una historia cultural, por el contrario, se invitaba a construirla.
Las zonas de refugio durante el período español se convirtieron en nuevos espacios de
extracción de riquezas, lo que implicó nuevas formas de explotación y de relación con las
poblaciones que habitaban la región. En tal contexto se acelera el expolio territorial de sectores
rurales e indígenas, no solo en Panamá, sino en todo istmo centroamericano.
Durante esta etapa se criminalizaron las luchas, las demandas indígenas y se exacerbó
el tratamiento de “frontera salvaje” para referirse a sus espacios vitales donde el Estado no tuvo
o poseyó presencia de forma limitada. Así como sucedió en otras partes del continente, la
perduración de las llamadas “fronteras interiores” resultó contradictoria con la idea de integridad
del Estado (Roulet y Navarro, 2005). La obsesión por la homogeneidad racial fue quizás la
utopía más sobrecogedora del proyecto liberal-civilizador importado de Europa a un territorio
como Panamá, cuya característica indiscutible era la perfecta heterogeneidad (Pizzurdo, 2011,
p. 16).
Tanto los liberales, como los conservadores, tuvieron visiones de la tierra y las
poblaciones, disímiles en cuanto a las estrategias de explotación, pero coincidentes en los
resultados (Santana y Pérez, 1999, p. 175). El ligamen de liberales e indígenas a finales de
decimonono en Panamá, al igual que en otras latitudes, es posible de explicar porque los
primeros ofrecían un discurso que rompía con el esquema colonial del terrateniente. El
liberalismo fácilmente asumió un discurso populista y paternalista ante el indio, el cual reafirma
que los nativos fueran ricos en lo espiritual, muy industriosos, así como necesitaban de la
intervención del Gobierno para controlar a quienes los explotan y causan su pobreza
(Langebaek y Robledo, 2014, p. 7).
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En la Constitución de 1886, redactada bajo un régimen conservador, los indígenas,
vistos como “salvajes” o “medio civilizados”, estaban bajo la tutela de las misiones católicas;
desde el punto de vista legal, eran considerados “menores”. Estas misiones católicas, en su
mayoría españolas, fueron la punta de lanza del proyecto “civilizador” de las comunidades
indígenas, de esta forma es como el Concordato con el Vaticano (1887) reconoció a la Iglesia
un claro protagonismo en el “diseño” de un nuevo ciudadano útil y necesario para el proyecto
nacional (Pérez, 2015, pp. 233-234).
La urgencia de incorporar a la población indígena impulsó el Decreto 163 del 20 de
noviembre de 1900, este tuvo por objetivo dar cacería a los “insurrectos indígenas” que
formaron parte del Ejército Liberal y ponían en peligro el proyecto nacional (Velasco, 2001, pp.
248-249). Seis años después se publicó la Ley 19, “Por la cual se determina la manera como
deben ser gobernados los indígenas de la provincia de Coclé”, el primer punto esta ley declara
que la población de la provincia de Coclé “se considera reducida a la vida civilizada”, dicha ley
mandó a suprimir los Cabildos y las Gobernaciones indígenas, así como crear instrucciones de
policía en Toabré, Pajonal, Tolé, Penonomé, Piedras gordas, La Pintada, Marica, Cabuya, El
Valle de Antón, Tóza, y Natá. Además, se autorizó a fundar escuelas en Toabré, Pajonal, Tolé,
Cañaveral, Penonomé, La Pintada y el Valle de Antón (Gaceta de Panamá, 6 de noviembre de
1906, p. 1).
Posterior a la independencia de Colombia, sobresale la Ley 56 del 28 de diciembre de
1912, “Sobre civilización de indígenas” la misma estableció anteponer los medios necesarios
para pacificar, “atraer a la vida civilizada a las tribus bárbaras, semicivilizadas y salvajes” que
existían en el país (Gaceta de Panamá, 28 de diciembre de 1912, p. 1). Todas estas acciones,
sumado a las que vinieron en los años posteriores, se dieron en un ambiente de continua
fricción con los sectores indígenas, quienes a su vez cuestionaron, reflexionaron y demandaron
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sobre su propio espacio (geográfico, político y social) en el nuevo proyecto nacional (Solano,
2019).
Actualmente, la geografía social y natural que cobija actualmente a los ngäbes y buglés,
descendientes de los guaymíes, es el resultado del proceso del desplazamiento iniciado en el
período colonial que continuó en la convulsa etapa republicana como se ha revisado. A
diferencia del pasado, en la actualidad las representaciones alrededor de estas comunidades
no solamente están dirigidas por el Estado, sino en gran medida por las fuerzas del capital
extranjero y nacional que han irrumpido en la escena a través de prácticas de extrahección
(Solano, 2019).
La situación tiene un gran impulso en el hecho de que Panamá ha ratificado la
Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007,
pero acumula la deuda histórica de reconocer el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (1989). En cuanto a la población que se encuentra en territorio costarricense, si
bien, desde la legislación cuenta con un cuerpo legal nacional e internacional importante que
direcciona ciertas acciones del Estado con las comunidades indígenas, tanto los ngäbes como
los buglés continúan siendo en el imaginario de la población costarricense, extranjeros
(Solano, 2019; Solano, 2020).
Hasta el año de 1991 el Estado de Costa Rica mediante Ley Nº 7225, Ley de inscripción y cedulación indígena,
declara la obligación del Estado a otorgar cédulas de identidad costarricense a los guaymí nacidos en territorios
costarricense o a quienes tengan a bien reclamarla, reconociendo al pueblo indígena como anterior a la delimitación
de los Estados.
DOI: https://doi.org/10.71112/qzy6a530
1287 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 3, Núm. 3, 2026, julio-septiembre
CONCLUSIONES
La presencia indígena en Panamá, particularmente en el occidente, responde a una
ocupación de amplia permanencia, desarrollada in situ, con particularidades que la diferencian
de las sociedades vecinas del norte y del sur. Los territorios occidentales son testigos de una
continuidad étnica, amalgamando el pasado precolombino y colonial, tanto en la existencia,
como la memoria de las comunidades contemporáneas. En ocasiones se radicaliza la imagen
de violentos, anti-desarrollo y migrantes, esto se da para establecer mecanismos que
deslegitiman las resistencias activas contra la minería e hidroeléctricas, por los derechos de
sectores laborales, como los trabajadores del banano en ambos países.
La mirada de larga duración de cara al Bicentenario permite constatar las múltiples
carencias para la inclusión política de las poblaciones indígenas, como resultado de la
continuidad de las relaciones coloniales de dominación y explotación de carácter étnico.
Declaración de conflicto de interés
Declaro no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.
Declaración de contribución a la autoría
Ana Sofía Solano Acuña: conceptualización, curación de datos, análisis formal,
administración del proyecto, redacción del borrador original, revisión y edición de la redacción
Declaración de uso de inteligencia artificial
No se utilizó inteligencia artificial en ninguno de los procesos de este trabajo.
DOI: https://doi.org/10.71112/qzy6a530
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