Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias

Volumen 3, Número 3, 2026, julio-septiembre

DOI: https://doi.org/10.71112/g3fa0591

GUARANTEES AND PRINCIPLES: DUE PROCEDURE, DUE PROCESS, AND

Perú

cPresidential vacancy and the Infringement of Constitutional guarantees and

principles: due procedure, due process, and effective judicial protection from

Peru and the Ibero-american context

Rosali Palermo Matos Oliva

rosali.matos@unsaac.edu.pe

https://orcid.org/0000-0002-2862-6430

Miguel Ángel Bravo Miranda

miguelbravomiranda1@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-8289-3778

El objetivo de esta investigación fue analizar si la vacancia presidencial en el Perú fue dado

respetando el debido proceso administrativo, del debido proceso, con el respeto a la tutela

judicial efectiva, y si este producto de esta crisis repercute en la seguridad jurídica y debilitan la

democracia tanto en Perú y el contexto iberoamericano. El enfoque consiste en un estudio de

revisión bibliográfica descriptiva que utiliza la observación y un formulario de análisis

documental. Se seleccionaron un total de 83 artículos científicos, siguiendo los criterios de

inclusión y exclusión. La muestra fue de 70 artículos mediante un proceso de selección en las

bases de datos Scielo, Scopus, EBSCO y ScienceDirect, que abarcaban el periodo

comprendido entre 2013 y 2025.

the Ibero-American context. The approach consists of a descriptive literature review using

observation and a document analysis form. A total of 83 scientific articles were selected,

following inclusion and exclusion criteria. The sample consisted of 70 articles selected from the

Sicielo, Scopus, EBSCO, and Science Direct databases, covering the period between 2013 and

2025.

judicial protection; Legal certainty.

presidencial. Otro de los aspectos a resaltar es que el antejuicio político se maneja de manera

interesada por parte del Congreso de la República peruana para solicitar dicha vacancia del

presidente, y se lleva a cabo, vulnerando el debido procedimiento, afectando el Debido

enfrentamiento del gobierno de turno y la población que alza su voz de presta por una vacancia

injusta de algunos presidentes en el Perú. En cuanto al proceso de vacancia o suspensión del

presidente de la república, se halla tipificado en el artículo I.2) del artículo 113° de la Ley de

Leyes, que faculta al Congreso de la República declarar su vacancia, por incapacidad moral o

física.

las vacancias presidenciales de los ex presidentes del Perú: Alberto Fujimori Fujimori, Pedro

del año 2020, luego del bicentenario de nuestra república, se suscitó el despojo de las

prerrogativas en su cargo como tal por parte del Poder Legislativo, so pretexto de estar inmersa

en la causal de “permanente incapacidad moral”, la que fue objeto de discrepancia y malestar

social, debido al enfrentamiento entre dos poderes el Congreso de la República y el Poder

Ejecutivo, incluso con más de 70 fallecidos en distintos departamentos del Perú. Tengase en

cuenta que el mismo Tribunal Constitucional Peruano, nunca emitió jurisprudencia alguna sobre

el debido procedimiento parlamentario en cuanto a la vacancia presidencial.

se relaciona con la subjetividad, incertidumbre jurídica, dado que no existe una definicón

precisa o concreta en cuanto a la aplicación de la norma de incapacidad moral permanente. En

deficiencia de lineamientos normativos de manera específica, así como también la carencia de

inclusión de principios deontológicos, idoneidad e integridad, aunado a ella la construcción de

mecanismos imparciales, a fin de fortalecer un gobierno con principios morales durante su

mandato.

cuenta el presidente de la república en el Perú y el contexto Latinoamericano frente a la

naturaleza de juicio político y la declaración de vacancia, está influenciada por una

emitida por el máximo intérprete de la constitución precisa que ha sido válido, y no como

sostienen algunos juristas y grupos políticos partidarios de manera contraria. El autor considera

que conforme al derecho comparado y doctrina respecto del juicio político en cuanto a un

gobernante por una infracción a la constitución durante el ejercicio de su gobierno, se debe

corroborar con medios periféricos de manera objetiva, siempre que se respete el debido

proceso, a fin de que no afecte el equilibrio de poderes como parte del caos profundo durante

el gobierno, la misma que debe estar contemplada en el artículo 117 de la Constitución como

parte del juicio político conocido como "acusación constitucional, y no una simple infracción.

Vizcarra en el Perú, obedece a que el pueblo peruano ha presenciado un Constitucionalismo

un Estado Constitucional, en este sentido la democracia del país cae en desmedro y afecta la

democracia. Manifestó además que las instituciones dentro de un ordenamiento jurídico lejos

de garantizar, se han mantenido en silencio, lo que genera la poca confiabilidad de dichas

instituciones.

General - Ley N.º 27444 (LPAG), establece lo siguiente: el principio del debido procedimiento

está referido a que todos los administrados gozan del derecho a hacer el descargo de las

imputaciones que se hagan en su contra a nivel administrativo, así como ofrecer los medios de

prueba que considere pertinente como parte de su descargo a fin de que la presunción de

inocencia se mantenga incólume y no quedar en un estado de indefensión frente a la autoridad

administrativa.

lo estipulado en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución de la Constitución Política del Perú

referente a los principios y derechos constitucionales que le asiste a todo ciudadano.

expedientes N° 04082-2012-PA/TC, sobre “La notificación constituye un presupuesto esencial

hablarse de consentimiento válido es indispensable que la resolución haya sido debidamente

notificada.”

oportunidad fueron vacados, entre ellos Alberto Fujimori Fujimori, Pedro Castillo Terrones y

Martín Alberto Vizcarra Cornejo, sin un debido procedimiento administrativo.

forman parte del debido proceso reconocido en el sistema constitucional chileno, deben

debido proceso desde las acciones previas del resumen administrativo seguido a docentes,

utilizando un método cualitativo, centrándose en la recolección y análisis riguroso y crítico de

artículos, normas, leyes, que han permitido parte los vacíos encontrados como el hecho de no

haber participado el administrado durante las acciones previas del resumen administrativo en

contra de los docentes del Ministerio de Educación hace que se vea trasgredido el debido

proceso de garantía del derecho de defensa y por ende se desobedece la norma constitucional,

la ley de leyes.

proceso sea un principio fundamental en el derecho que garantiza el Estado hacia los

administrados, ésta establece las normas que sirven como base para que se guíen las

en el procedimiento administrativo resulta ser muy importante a fin de que no se cometan

excesos como actos abusivos y arbitrarios y desconfianza en las instituciones públicas respecto

de la legalidad en cuanto a la toma de sus decisiones. Dicha investigación fue respaldada con

base de datos académicos, sitios web, datos comparativos a nivel internacional.

judicial, en el ámbito administrativo para materia tributaria, cuando la administración supone

que la liquidación privada se realizó con el desconocimiento de los hechos configuradores de

desde un ángulo del debido proceso constitucional, a fin de identificar las garantías básicas en

el derecho de defensa dentro de la legislación ecuatoriana. Su investigación se centra en la

importancia de los procedimientos administrativos disciplinarios en el cumplimiento de los

principios de legalidad, debido proceso, controversia, motivación, transparencia y garantía de

los derechos de las personas sujetas a investigación administrativa de manera razonable y

adecuada.

define el debido proceso en los actos administrativos que determinan la adjudicación de

contratos públicos. Para ello, se apoya en la jurisprudencia y la doctrina de las actuaciones

administrativas desarrolladas en la creación de contratos gubernamentales, examinando

administrativas, contenidas en disposiciones, a fin de ver el cumplimiento del debido proceso

administrativo.

incurrió en un razonamiento constitucionalmente inválido al interpretar restrictivamente la tutela

jurisdiccional efectiva. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional ha establecido en la STC

Exp. N.º 0206-2005-PA/TC que el debido proceso no solo tiene una dimensión formal, sino

ningún tipo de motivación.

precisa que la Ley N° 1952 del 2019, analiza si fortalece o no los principios del debido proceso,

así como el derecho de defensa y la seguridad jurídica, respecto de los procedimientos

disciplinarios y el derecho sancionador, en caso de que se aplique inadecuadamente, ésta va

generar repercusiones afectando los derechos fundamentales de la autoridad administrativa

investigada. En tal sentido ha considerado para su investigación la revisión o análisis en cuanto

a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la

Procuraduría General de la Nación, ya que son fuente doctrinaria y jurisprudencial.

en tanto que existe una demora innecesaria en la fijación de audiencias y la emisión de

sentencias sobre dicha materia. Por otro lado, la falta de jueces especializados hace que la

resolución de dichos procesos no sea la más optima. Es bueno resaltar que el incremento de

jueces en materia Contencioso Administrativo en la Provincia de Loja, no satisface el sistema

judicial, por ende, la administración de justicia. Para el presente estudio, se hizo con un

enfoque cualitativo, en el que se trabajaron sentencias, casuística y estadística.

litigantes en la ciudad de Loja-Ecuador se debe tener en cuenta que su búsqueda es la

protección o la tutela judicial por parte de los jueces en determinados procesos penales. En

este aspecto, suele pasar que no siempre se dan cumplimiento a lo normado en los dispositivos

legales que rigen dentro del ámbito jurisdiccional. Prueba de ello, los principios procesales

como la concentración, inmediación en la parte procesal no se cumple o aplica por parte del

juzgador debido a la carga procesal, lo que vulnera la tutela judicial efectiva, máxime si nos

encontramos ante un juez de garantías.

protección judicial es fundamental para el estado de derecho constitucional; de este modo,

desigualdades materiales entre las partes, especialmente cuando una de ellas se encuentra en

una situación de vulnerabilidad. En la medida en que la adaptación de las normas sobre

pruebas, se alinea con el principio del debido proceso, favorece la efectiva consecución de la

justicia constitucional, tanto a nivel internacional como nacional. Es importante señalar que,

aunque no hay una normativa clara, la jurisprudencia ha fortalecido su uso como un

componente esencial de la protección judicial en situaciones de vulnerabilidad.

actos ilícitos. Finalmente destaca la investigación y señala similitudes en la manera en que se

afecta esta garantía en los dos países referidos, y aunque ambos marcos legales prometen la

defensa de los derechos en los procesos, en la realidad siguen existiendo violaciones que

ponen en duda la validez del sistema penal y del Estado de Derecho mismo.

el proceso justo y el derecho a accionar. Esto se realiza utilizando la jurisprudencia de la Corte

Constitucional de Colombia como base interpretativa y legal. Con el fin de asegurar el derecho

de actuar en la actual estructura del Estado Colombiano, en consonancia con la protección

judicial efectiva, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional. Se establece una distinción

historia del proceso penal peruano han sido relevantes para establecer para motivar una

sentencia conforme a ley. Sin embargo, es bueno tener presente que cada ves que el

ordenamiento jurídico ha realizado una modificación, esta lo hizo lesionando la Tutela Judicial

Efectiva. En otras palabras, por un lado, ha percibido aspectos positivos para el control social

formal, en sintonía con los derechos fundamentales de cada persona, así como la protección

de las víctimas, lo que es equivalente a un control constitucional de legalidad de dicha norma o

europeas, lo que hace que se comprometa la tutela jurisdiccional efectiva. Finalmente es bueno

fortalecer las instituciones que administran justicia para dotar de una mayor garantía del

cumplimiento de las garantías y principios constitucionales.

de seguridad internacional, en el sentido de que la estrategia del país se basa en los intereses

y valores que debe defender, independientemente de sus posiciones ideológicas, ya que forma

parte tanto del realismo ofensivo y defensivo como del liberalismo ejemplar y cruzado, que han

servido de base doctrinal consolidada a lo largo del tiempo desde su independencia.

(Rodríguez Morales, 2014).

sostiene que se han aplicado diversas medidas jurídicas, para resolver los conflictos que

afectan a los pueblos indígenas, es fundamental tener en cuenta la contribución de Ecuador a

la seguridad jurídica en lo que respecta a estos pueblos.

obstaculizado por el sistema judicial convencional, como ha ocurrido siempre. Es importante

procedimientos y a dificultades a la hora de determinar la competencia jurisdiccional. (Jácome

Rocha y otros, 2025, p.1).

que, de manera específica, los mexicanos han recibido el reconocimiento a nivel universal,

puesto que esta contribuye con el nivel de políticas de prevención de manera activa y proactiva

en la solución de controversias y amenazas a la tranquilidad o paz.

miembros permanentes del Consejo, en especial los Estados Unidos de América, en el periodo

bienio 2002-2003. Así mismo, manifiesta que de México ha sido seleccionado como miembro

que esta se rige por la jurisprudencia reconocidas por el tribunal Superior, ello en mérito a sus

actos administrativos o legislativos. En esa línea es importante resaltar la base teórica de

distintas Escuelas de interpretación de la ley constitucional, y el ejercicio del control

jurisdiccional en materia fiscal en Brasil.

resolución del Tribunal Federal, se debe tomar como punto de inicio el principio de seguridad

para evaluar la seguridad jurídica de las medidas administrativas destinadas a garantizar la

excelencia académica en Colombia? La cual es proteger los derechos de la población a la

educación inclusiva y a las medidas administrativas relacionadas con la calidad académica,

como parte de la hipótesis y no la variación de normas.

digitales y el comercio en las redes sociales, en todas sus formas, están directamente

relacionados con el problema de la seguridad jurídica en Ecuador. La expansión de las

pequeñas y medianas empresas en los ámbitos del comercio electrónico, las firmas

electrónicas y la transmisión de datos no tienen un respaldo jurídico adecuado, ya que no han

permitir conocer los aspectos cruciales del marco jurídico actual que deben modificarse en

beneficio de esta nación.

ciudadana realizado el 28 de septiembre de 2020 en España, concretamente en Galicia, se

examinó la Resolución de la Dirección General, vinculada a trámites registrales, puesto que fija

criterios y cuestionamientos relativos al cumplimiento de la escritura de aceptación y

que valore o reconozca los derechos subjetivos de la persona humana, sino que darse

cumplimiento con las debidas garantías en nuestra sociedad. Para ello se analizado el rol que

desempeña el legislativo en cuanto a su responsabilidad, lo que arroja un cierto incumplimiento

de lo antes referido. En este estudio, se realizó con una metodología de tipo descriptivo,

demostrando que existe una inadecuada normativa, en pocas palabras es sinónimo de

ausencia de tutela por parte del Estado.

normativo, sino que requieren mayor eficiencia, garantizando el bienestar de la Comunidad.

profesionales sanitarios en el Mercosur, lo que dificulta la integración del mercado común.

Para ello, se compararon las normativas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay utilizando

una metodología cualitativa. Esto ha dado lugar a importantes asimetrías normativas que

obligan a los profesionales a contratar múltiples pólizas, lo que encarece los costes y socava la

confianza en el mercado regional. De una forma u otra, esto se considera un paso hacia la

armonización legislativa, que garantiza la previsibilidad y refuerza la integración del sector.

inestabilidad normativa. Del mismo modo, es fundamental considerar los reclamos de

inversionistas extranjeros ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a

Inversiones (CIADI-Banco Mundial). En el presente caso existe una muestra de 55 demandas

presentadas en 2024, de las cuales el 39 % afectaba a países latinoamericanos: el 16 %

correspondía a Sudamérica, el 16 % a Centroamérica y el Caribe, y el 6,9 % a México.

(Lovato-Morales y Otros,2025. p.360) el tema de la Seguridad Jurídica se centra en la

confiabilidad y efectividad de las notificaciones judiciales respetando el derecho de las partes,

es decir se busca analizar si la notificación por boletas garantiza el debido proceso al

demandado sin vicios procesales que invalide una sentencia.

trabajaron las entrevistas a expertos en materia procesal a fin de comprender su impacto,

recogiendo datos sobre la frecuencia de las debidas notificaciones, algunos inconvenientes.

En este mismo sentido los autores, agregan en los resultados, que la citación mediante boletas,

abrevia y genera celeridad; sin embargo, persisten en la notificación de forma efectiva, lo que a

la larga genera incertidumbre en parte de los demandados. Para abordar el tema de seguridad

jurídica en nuestro país, debemos partir de los lineamientos en política criminal, con el

propósito de mantener una batalla desde el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, a través de

como el manejo político de la contraloría general de la república, Poder Judicial y el Ministerio

Público. Sumado a ello, la falta de acuerdo y la relación tensa entre el Poder Ejecutivo y Poder

Legislativo en la aprobación de proyectos en beneficio de la lucha contra la criminalidad

organizada enquistadas en la Instituciones de los Estados.

indicar que la globalización y la crisis política extendida en Latinoamérica, detallando que en el

continente latinoamericano presenta como principales síntomas de una crisis a nivel

económico, su debilitamiento en el crecimiento económico, déficit fiscal, estancamiento de

salarios, como consecuencias de los fenómenos sociales, pandemia, Covi 19.

control por parte de la sociedad civil organizada, la erosión de la democracia, la politización de

diversas cuestiones económicas y sociales, y las violaciones del Estado de derecho en la

aplicación de la ley. En tanto en el ámbito social, se profundiza las desigualdades sociales,

aumento de violencia y los delitos de narcotráfico, así como el fin de los partidos de izquierda e

inicio de las agrupaciones de derecha.

la economía a partir del sistema de desarrollo extractivista en América Latina en tiempo de

megaproyectos y, por ende, en algunos casos afecta a las poblaciones donde se trabaja

minería, debido a la contaminación de sus ríos, sembríos, lo que a la larga presenta una

desigualdad, respecto de la democracia, el crecimiento y dependencia.

está cansadas y exhaustas, en algunos países de América Latina, prueba de ello se trabajó las

contiendas electorales de distintos candidatos a la presidencia, cámara de senadores, cámara

de diputados de diferentes bancadas parlamentarias.

Brasil, Colombia y Venezuela en el 20218, en Argentina, Panamá y Uruguay en el 2019. Los

estudiosos haciendo referencia a la crisis política, se sustentan él lo esgrimido por Alcántara ya

corrupción, lo que se ve reflejado en que dichas agrupaciones partidarias o movimientos, no

logran superar la valla electoral.

desapego a los valores e instituciones democráticas como parte del aumento de la

disconformidad de las políticas. En este sentido existe un aislamiento hacia la democracia es el

entorno político, puesto que sustentan que es lo mismo vivir en dictadura que en un gobierno

de derecho, en el cual se sustenta metodológicamente en una encuesta realizada a 18 países

representantes de la democracia representativa, lo que equipara al ADN, porque sustenta en

una pequeña porción que no permita el quiebre por parte de las autoridades del Estado.

niveles de condición de vida y la corrupción de funcionarios, se ha institucionalizado una

sociedad incrédula, lo que condice con una verdadera democracia. Por un lado, se han

propuesto estrategias como la constitucionalización de mayor estrategia en cuanto a la

participación ciudadana en los asuntos públicos y, por otro lado, restructuración de los partidos

tradicionales, a fin de poder servir con vocación a la sociedad. Este constitucionalismo, por