Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 3, Número 3, 2026, julio-septiembre
DOI: https://doi.org/10.71112/fsqev097
EL AGUA COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y BIEN COMÚN: INTERPRETACIÓN
CONSTITUCIONAL Y DESAFÍOS EN SU GESTIÓN SOSTENIBLE EN EL ECUADOR
WATER AS A FUNDAMENTAL RIGHT AND COMMON GOOD: CONSTITUTIONAL
INTERPRETATION AND CHALLENGES IN ITS SUSTAINABLE MANAGEMENT IN
ECUADOR
Jessica Maribel Cuvi Tiche
Ricardo Salazar Orozco
Ecuador
DOI: https://doi.org/10.71112/fsqev097
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El agua como derecho fundamental y bien común: interpretación constitucional y
desafíos en su gestión sostenible en el Ecuador
Water as a fundamental right and common good: constitutional interpretation and
challenges in its sustainable management in Ecuador
Jessica Maribel Cuvi Tiche
a
,*
jcuvi3@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0006-4127-1861
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Políticas.
Ricardo Salazar Orozco
a
ricardosalazar@uti.edu.ec.
https://orcid.org/0000-0003-0991-4063
Magister en Derecho Constitucional.
Abogado de los Tribunales de la República
del Ecuador.
Investigador y docente.
*Autor de correspondencia: jcuvi3@indoamerica.edu.ec,
a
Universidad Tecnológica
Indoamérica, Ecuador
RESUMEN
El artículo analiza el reconocimiento jurídico del derecho humano al agua en el Ecuador y los
desafíos que enfrenta su gestión sostenible en el contexto constitucional y socio ambiental del
país. Su objetivo es examinar la evolución normativa, institucional y jurisprudencial relacionada
con la protección del agua como derecho fundamental y elemento esencial de los derechos de
la naturaleza. Para ello, se empleó un enfoque cualitativo con alcance descriptivo-explicativo,
basado en un diseño de investigación documental y jurídico bibliográfico. El análisis se sustentó
en la revisión de literatura académica, normativa constitucional, instrumentos internacionales y
sentencias relevantes de la Corte Constitucional del Ecuador relacionadas con la gestión del
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recurso hídrico. Los resultados evidencian que el país cuenta con un marco jurídico que
reconoce al agua como un derecho humano fundamental y como patrimonio estratégico de uso
público; persistiendo brechas entre la normativa y su implementación. Entre los principales
desafíos identificados se encuentran limitaciones en la infraestructura hídrica, fragmentación
institucional en la gestión del recurso, contaminación de fuentes de agua y presión derivada de
actividades extractivas. Se concluye que la gestión sostenible del agua requiere fortalecer la
gobernanza hídrica, mejorar la coordinación institucional y promover la participación social en la
protección de los ecosistemas.
Palabras clave: Derecho al agua; gobernanza hídrica; derechos de la naturaleza; gestión
sostenible del agua; constitucionalismo ambiental.
ABSTRACT
This article analyzes the legal recognition of the human right to water in Ecuador and the
challenges facing its sustainable management in the country's constitutional and socio-
environmental context. Its objective is to examine the regulatory, institutional, and jurisprudential
evolution related to the protection of water as a fundamental right and an essential element of
the rights of nature. To this end, a qualitative approach with a descriptive-explanatory scope
was used, based on a documentary and legal-bibliographic research design. The analysis was
based on a review of academic literature, constitutional regulations, international instruments,
and relevant rulings of the Constitutional Court of Ecuador related to water resource
management. The results show that the country has a legal framework that recognizes water as
a fundamental human right and as a strategic public asset, but that gaps persist between the
regulations and their implementation. Among the main challenges identified are limitations in
water infrastructure, institutional fragmentation in resource management, contamination of water
sources, and pressure from extractive activities. It is concluded that sustainable water
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management requires strengthening water governance, improving institutional coordination, and
promoting social participation in the protection of ecosystems.
Keywords: Right to wáter; water governance; rights of nature; sustainable water management;
environmental constitutionalism.
Recibido: 14 mayo 2026 | Aceptado: 4 junio 2026 | Publicado: 5 junio 2026
INTRODUCCIÓN
El agua constituye uno de los recursos naturales más determinantes para la
supervivencia humana, el equilibrio ecológico y el desarrollo de las sociedades. Su
disponibilidad y acceso adecuado influyen de manera directa en la salud pública, la seguridad
alimentaria y la estabilidad ambiental de los territorios. Durante las últimas décadas, el debate
internacional ha incorporado una perspectiva de derechos humanos en la gestión del agua,
reconociendo que el acceso a este recurso no puede reducirse únicamente a un servicio
público o a un bien económico, sino que debe ser entendido como un derecho inherente a la
dignidad humana. Este reconocimiento se consolidó progresivamente en el ámbito internacional
a partir de resoluciones de organismos multilaterales que identifican el acceso al agua potable y
al saneamiento como condiciones esenciales para el bienestar y el desarrollo sostenible
(CEPAL, 2022; UNESCO, 2022).
En América latina, las discusiones jurídicas y políticas en torno al agua han adquirido
particular intensidad debido a la coexistencia de abundantes recursos hídricos con profundas
desigualdades en su distribución y acceso. Diversos estudios han señalado que la gestión del
agua en la región enfrenta desafíos asociados a la expansión urbana, la contaminación de
fuentes hídricas, la presión de actividades extractivas y la débil articulación institucional entre
los niveles de gobierno encargados de su administración. Estas circunstancias han impulsado
reformas legales y constitucionales orientadas a fortalecer el reconocimiento del agua como
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derecho humano y a promover mecanismos de gobernanza ambiental más participativos y
sostenibles (Castillo & Esteves-Fajardo, 2023; Martínez-Moscoso, Rivera-Bravo, Salazar-Marín,
& Abril-Ortiz, 2022).
El caso ecuatoriano representa una experiencia singular dentro del constitucionalismo
contemporáneo debido a la incorporación de principios ecológicos avanzados en su marco
jurídico. La Constitución de la República del Ecuador de 2008 reconoce explícitamente el
derecho humano al agua y establece que este recurso constituye un patrimonio nacional
estratégico de uso público, cuya gestión debe orientarse al interés colectivo y a la preservación
de los ecosistemas. El texto constitucional también introduce el reconocimiento de los derechos
de la naturaleza, configurando un modelo jurídico que busca equilibrar la satisfacción de las
necesidades humanas con la protección integral de los sistemas ecológicos (Constitución de la
República del Ecuador, 2008; Paucay & Marín, 2024).
Dentro de este marco normativo, el agua adquiere una doble dimensión jurídica y social.
Por un lado, se configura como un derecho fundamental que el Estado debe garantizar
mediante políticas públicas eficaces y sistemas de provisión adecuados. Por otro, se concibe
como un bien común cuya protección involucra responsabilidades colectivas relacionadas con
la sostenibilidad ambiental y la preservación de los recursos naturales. La articulación de estas
dos dimensiones plantea desafíos significativos para la gestión pública del agua, especialmente
en contextos donde existen presiones económicas, conflictos territoriales y desigualdades en el
acceso a los servicios básicos (Martínez-Moscoso, 2019; Núñez Chávez, 2018).
La literatura académica ha señalado que, a pesar del avance normativo alcanzado en el
país, persisten dificultades estructurales para garantizar el acceso equitativo al agua potable.
Entre estas dificultades se encuentran la insuficiencia de infraestructura hídrica, la
contaminación de fuentes naturales, la expansión de actividades extractivas en zonas
ecológicamente sensibles y las limitaciones institucionales para coordinar políticas públicas de
gestión hídrica. Tales circunstancias evidencian una brecha entre el reconocimiento jurídico del
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derecho al agua y su materialización efectiva en la vida cotidiana de diversos sectores de la
población (Abad-Auquilla, 2020; Castillo & Esteves-Fajardo, 2023).
En este escenario, la jurisprudencia constitucional ecuatoriana ha adquirido un papel
central en la interpretación y aplicación de los principios relacionados con la protección del
agua y los ecosistemas. Diversas decisiones judiciales han desarrollado criterios que fortalecen
la protección de los derechos de la naturaleza y del acceso al agua, estableciendo obligaciones
para las instituciones públicas y generando precedentes que influyen en la gestión ambiental
del país. Estas decisiones evidencian la consolidación de un enfoque jurídico orientado a la
defensa de los bienes comunes naturales y a la garantía de los derechos colectivos vinculados
al ambiente (Corte Constitucional del Ecuador, 2021a; Corte Constitucional del Ecuador,
2021c).
Las discusiones contemporáneas han incorporado el concepto de justicia climática y
gobernanza hídrica, enfoques que examinan la distribución equitativa de los recursos naturales
y la participación de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con su gestión.
Desde esta perspectiva, el acceso al agua se vincula con dinámicas sociales, económicas y
ambientales que influyen en la sostenibilidad de los territorios y en la capacidad de los Estados
para responder a los desafíos derivados del cambio climático y la degradación ambiental
(Rivera et al., 2022; UNESCO, 2022).
A partir de estas consideraciones, surge la necesidad de analizar de manera integral la
forma en que el ordenamiento constitucional ecuatoriano interpreta el derecho al agua y cómo
este reconocimiento se relaciona con los desafíos actuales de su gestión sostenible. El estudio
del marco jurídico y de la literatura especializada permite comprender las tensiones existentes
entre el reconocimiento normativo de este derecho, las decisiones judiciales orientadas a su
protección y las dificultades prácticas para garantizar su acceso equitativo y sostenible.
En función de lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo examinar la
interpretación constitucional del agua como derecho fundamental y bien común en el Ecuador,
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así como identificar los principales desafíos asociados a su gestión sostenible en el contexto
jurídico y socio ambiental del país. Para ello se realiza una revisión crítica de la literatura
especializada, de la normativa constitucional y de la jurisprudencia relevante, con el propósito
de aportar elementos analíticos que contribuyan al debate académico y jurídico sobre la
gobernanza del agua y la protección de los recursos hídricos.
METODOLOGÍA
El presente artículo se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, orientado al análisis
crítico del reconocimiento jurídico del derecho al agua y de los desafíos asociados a su gestión
sostenible en el Ecuador. La investigación adopta un alcance descriptivo explicativo, ya que
busca identificar y analizar los elementos normativos, doctrinales y jurisprudenciales que
configuran la protección del agua dentro del sistema jurídico ecuatoriano.
Desde el punto de vista metodológico, se empleó un diseño de investigación
documental y jurídico-bibliográfico, basado en la revisión sistemática de literatura académica,
normativa constitucional, instrumentos internacionales y decisiones jurisprudenciales relevantes
relacionadas con el derecho humano al agua. Este enfoque permite examinar la evolución
conceptual y normativa del recurso hídrico dentro del constitucionalismo ecuatoriano y del
derecho internacional ambiental.
El proceso de análisis incluyó la revisión de fuentes normativas, tales como la
Constitución de la República del Ecuador, legislación vinculada a la gestión de recursos
hídricos y documentos institucionales relacionados con políticas públicas ambientales. De igual
forma, se analizaron fuentes doctrinales y académicas que abordan el derecho al agua, la
gobernanza hídrica y los conflictos socio ambientales asociados con el uso de este recurso.
De manera complementaria, se realizó un análisis jurisprudencial de sentencias
relevantes emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador vinculadas con la protección del
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derecho al agua y los derechos de la naturaleza. Este análisis permitió identificar criterios
interpretativos que han contribuido a fortalecer la protección jurídica de los recursos hídricos y a
delimitar las obligaciones del Estado en materia de gestión ambiental.
La combinación de estos métodos permitió construir una visión integral sobre el estado
actual del derecho al agua en Ecuador, identificando tanto los avances normativos existentes
como las principales brechas entre el reconocimiento jurídico del recurso hídrico y su aplicación
efectiva en el territorio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La revisión bibliográfica y normativa realizada en el presente estudio permite identificar
diversas tendencias, tensiones y desafíos en torno a la protección del derecho al agua en el
contexto ecuatoriano. A partir del análisis de la literatura especializada, la normativa
constitucional, las políticas públicas y la jurisprudencia relevante, se evidencia que el
reconocimiento jurídico del agua como derecho humano fundamental ha generado avances
significativos en el plano normativo; Empero, persisten brechas importantes entre el marco
legal garantista y la realidad territorial de la gestión hídrica en el país.
Uno de los principales hallazgos de la revisión es la particular configuración jurídica del
derecho al agua en el Ecuador. A diferencia de otros sistemas jurídicos donde el agua se
aborda principalmente como un servicio público vinculado a la provisión de infraestructura
sanitaria, el constitucionalismo ecuatoriano reconoce el agua simultáneamente como un
derecho humano fundamental y como un elemento esencial de los derechos de la naturaleza.
Esta doble dimensión normativa genera una estructura jurídica singular que integra la
protección de las necesidades humanas con la conservación de los ecosistemas que sostienen
los ciclos hidrológicos (Constitución de la República del Ecuador, 2008; Martínez-Moscoso et
al., 2022).
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Este enfoque constitucional implica que el agua no puede ser tratada únicamente como
un recurso económico o como un servicio sujeto a lógicas de mercado, sino que debe
gestionarse bajo principios de sostenibilidad ambiental, equidad social y responsabilidad
intergeneracional. En este sentido, la normativa ecuatoriana establece límites claros a las
actividades productivas que puedan afectar las fuentes hídricas, especialmente cuando dichas
actividades ponen en riesgo los ecosistemas que garantizan la disponibilidad del recurso. La
jurisprudencia constitucional ha reforzado este criterio al señalar que la protección del ciclo
hidrológico y de los caudales ecológicos constituye una obligación prioritaria del Estado, incluso
frente a intereses económicos o proyectos extractivos (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
No obstante, el análisis de la literatura evidencia que el reconocimiento constitucional
del derecho al agua no ha logrado eliminar las desigualdades territoriales en el acceso al
recurso hídrico. Diversos estudios indican que, aunque las zonas urbanas del país presentan
niveles relativamente altos de cobertura de agua potable, las áreas rurales enfrentan mayores
dificultades para acceder a servicios seguros y continuos de abastecimiento. Esta situación
responde, en gran medida, a limitaciones en la infraestructura hídrica, dificultades técnicas en
la gestión de los sistemas de abastecimiento y escasez de recursos financieros destinados al
mantenimiento de redes de distribución y plantas de tratamiento (Castillo & Esteves-Fajardo,
2023; Rivera et al., 2022).
En muchas comunidades rurales, la gestión del agua se encuentra a cargo de juntas
administradoras comunitarias que operan con recursos limitados y con escaso apoyo
institucional. Si bien estas organizaciones cumplen un papel fundamental en la provisión del
servicio, la falta de financiamiento adecuado y de asistencia técnica dificulta la implementación
de sistemas de tratamiento que garanticen la calidad del agua conforme a los estándares
sanitarios establecidos en la normativa nacional. Como resultado, en algunas localidades el
agua destinada al consumo humano presenta niveles de contaminación bacteriológica que
pueden representar riesgos para la salud pública (Castillo & Esteves-Fajardo, 2023).
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Otro aspecto relevante identificado en la revisión bibliográfica se relaciona con la
problemática del tratamiento de aguas residuales. En diversas ciudades del país, una
proporción considerable de las aguas servidas generadas por actividades domésticas e
industriales es descargada en ríos o quebradas sin un proceso adecuado de depuración. Esta
situación provoca la contaminación progresiva de las cuencas hidrográficas y afecta la calidad
del agua disponible para las comunidades que dependen de estos ecosistemas. Desde una
perspectiva ambiental, esta problemática refleja deficiencias estructurales en los sistemas de
saneamiento y en la planificación de infraestructura hídrica a nivel nacional (CEPAL, 2022;
UNESCO, 2022).
La literatura revisada también señala que la gestión institucional del agua enfrenta
dificultades derivadas de la fragmentación administrativa y de la distribución de competencias
entre distintos niveles de gobierno. En Ecuador, el gobierno central establece las políticas y
regulaciones en materia de gestión hídrica, mientras que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) tienen la responsabilidad de administrar los servicios de agua potable
y saneamiento. Aunque este modelo de descentralización busca acercar la gestión del agua a
los territorios, en la práctica puede generar problemas de coordinación institucional,
especialmente cuando los gobiernos locales no cuentan con los recursos técnicos y financieros
necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones (Martínez-Moscoso et al., 2022;
CEPAL, 2022).
En este contexto, la descentralización de la gestión hídrica ha evidenciado la necesidad
de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales y de establecer
mecanismos más eficaces de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. La falta de
planificación integral y de inversión sostenida en infraestructura hídrica puede provocar
ineficiencias en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, lo que a su vez
limita la efectividad de las garantías constitucionales relacionadas con el derecho al agua y el
derecho a un ambiente sano.
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Otro elemento relevante identificado en la revisión corresponde a la creciente presión
que enfrentan los recursos hídricos debido a actividades económicas como la minería, la
expansión agrícola y el crecimiento urbano. Estas actividades pueden generar impactos
significativos en los ecosistemas que regulan el ciclo del agua, afectando la disponibilidad y
calidad del recurso. En particular, la minería metálica y la minería ilegal han sido señaladas
como factores que contribuyen a la contaminación de ríos y a la degradación de áreas de
recarga hídrica, lo que incrementa los conflictos socio ambientales en diversas regiones del
país (Rivera et al., 2022).
Desde una perspectiva jurídica, estos conflictos evidencian las tensiones existentes
entre el modelo de desarrollo económico basado en la explotación de recursos naturales y el
enfoque constitucional orientado a la protección de la naturaleza y del derecho al agua. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha intervenido en varios de estos casos, estableciendo
criterios que priorizan la conservación de los ecosistemas frente a actividades que puedan
generar daños irreversibles en las fuentes hídricas. Estas decisiones reflejan una tendencia
hacia la consolidación de un enfoque de justicia ambiental que busca equilibrar las necesidades
de desarrollo económico con la protección de los derechos humanos y de la naturaleza (Corte
Constitucional del Ecuador, 2021).
En término generales, los resultados de la revisión permiten identificar tres tendencias
principales en la literatura sobre el derecho al agua en Ecuador. En primer lugar, existe un
consenso en torno a la importancia del reconocimiento constitucional del agua como derecho
humano fundamental y como elemento central del modelo de Buen Vivir. En segundo lugar, la
literatura coincide en señalar que la implementación efectiva de este derecho enfrenta desafíos
significativos relacionados con la gestión institucional, la infraestructura hídrica y las
desigualdades territoriales en el acceso al recurso. Finalmente, diversos autores destacan la
necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza ambiental y de participación ciudadana
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para garantizar una gestión sostenible del agua y prevenir conflictos socio ambientales
(Martínez-Moscoso et al., 2022; Rivera et al., 2022; Castillo & Esteves-Fajardo, 2023).
En consecuencia, la discusión de los resultados evidencia que la protección del derecho
al agua en Ecuador requiere no solo un marco jurídico robusto, sino también la implementación
de políticas públicas orientadas a mejorar la gestión institucional, fortalecer la infraestructura
hídrica y garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas
con el uso de los recursos naturales. Solo mediante un enfoque integral que articule la
protección ambiental, la equidad social y la planificación territorial será posible consolidar un
modelo de gestión hídrica que responda a los principios establecidos en la Constitución y que
garantice la disponibilidad del agua para las generaciones presentes y futuras.
CONCLUSIONES
El análisis desarrollado en el presente artículo permite afirmar que el Ecuador posee
uno de los marcos jurídicos más avanzados de la región en cuanto al reconocimiento del agua
como derecho humano fundamental. La Constitución de 2008 incorpora una visión integral del
recurso hídrico al vincularlo con el principio del Sumak Kawsay y con los derechos de la
naturaleza, estableciendo que el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso
público cuya gestión debe orientarse al bienestar colectivo y a la sostenibilidad ambiental. Este
reconocimiento normativo representa un avance significativo dentro del constitucionalismo
contemporáneo, al integrar la protección de los ecosistemas con la garantía de derechos
fundamentales para la población.
No obstante, los resultados de la revisión bibliográfica y del análisis jurídico evidencian
la existencia de una brecha considerable entre el reconocimiento constitucional del derecho al
agua y su implementación efectiva en el territorio. A pesar de contar con un marco normativo
robusto, en diversas regiones del país persisten dificultades relacionadas con el acceso
equitativo al agua potable, especialmente en zonas rurales donde la infraestructura hídrica es
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limitada y los sistemas de abastecimiento presentan deficiencias técnicas. Esta situación pone
de manifiesto que el reconocimiento jurídico del derecho al agua, por sí solo, no garantiza su
materialización si no se acompaña de políticas públicas eficaces y de inversiones sostenidas en
infraestructura y gestión ambiental.
En relación con la gobernanza hídrica, el estudio evidencia que el modelo de
descentralización administrativa establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD) presenta desafíos importantes en términos de
operatividad institucional. Aunque los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la
responsabilidad de gestionar los servicios de agua potable y saneamiento, en muchos casos
estos organismos carecen de los recursos técnicos y financieros necesarios para cumplir
adecuadamente sus funciones. Como resultado, se observa una gestión fragmentada del
recurso hídrico que limita la capacidad del Estado para garantizar un acceso equitativo y
sostenible al agua.
Igualmente, el análisis realizado pone de relieve que uno de los problemas estructurales
más relevantes en la gestión del agua en Ecuador se relaciona con la insuficiencia de
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. La descarga de aguas servidas sin
procesos adecuados de depuración continúa siendo uno de los principales factores de
contaminación de ríos y cuencas hidrográficas en el país. Esta problemática no solo afecta la
calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos, sino que también compromete el derecho de la
población a acceder a agua segura para el consumo humano y a vivir en un ambiente sano.
Otro elemento clave identificado en la investigación se refiere a la creciente presión
sobre los recursos hídricos derivada de actividades económicas como la minería, la expansión
agrícola y el crecimiento urbano. Estas actividades pueden generar impactos significativos en
los ecosistemas que regulan el ciclo del agua, especialmente cuando se desarrollan en zonas
de alta sensibilidad ambiental. En este contexto, la protección de las fuentes hídricas requiere
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fortalecer los mecanismos de control ambiental y garantizar la aplicación efectiva de los
principios constitucionales de prevención y precaución.
El análisis de la jurisprudencia constitucional también permite concluir que la Corte
Constitucional del Ecuador ha desempeñado un papel relevante en la consolidación de
estándares jurídicos para la protección del derecho al agua. A través de sus decisiones, el
tribunal ha reafirmado la interdependencia entre el derecho al agua, el derecho a la salud, el
derecho a un ambiente sano y los derechos de la naturaleza, estableciendo criterios que
priorizan la conservación de los ecosistemas frente a actividades que puedan generar daños
irreversibles en las fuentes hídricas. Empero, la efectividad de estas decisiones depende en
gran medida de la capacidad institucional del Estado para implementar mecanismos de control
y monitoreo ambiental adecuados.
En este sentido, la investigación permite concluir que la gestión sostenible del agua en
Ecuador requiere una revalorización del rol del Estado como garante de derechos y como actor
central en la planificación y protección de los recursos hídricos. Esto implica fortalecer las
capacidades institucionales de los organismos responsables de la gestión del agua, mejorar los
sistemas de monitoreo ambiental y promover una mayor coordinación entre el gobierno central
y los gobiernos locales. A su vez, resulta fundamental impulsar procesos de participación
ciudadana que permitan integrar a las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con
el manejo de las fuentes de agua y la protección de los ecosistemas.
Finalmente, el estudio sugiere la necesidad de promover una agenda nacional orientada
a la consolidación de un modelo de gobernanza hídrica más eficiente, participativo y sostenible.
En este contexto, se plantea la importancia de establecer un compromiso institucional que
articule al Estado, a los gobiernos autónomos descentralizados, a las organizaciones
comunitarias y a la sociedad civil en torno a la protección del agua como recurso estratégico
para el desarrollo del país. Este enfoque permitiría avanzar hacia la construcción de políticas
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públicas integrales que reconozcan el valor ambiental, social y cultural del agua, garantizando
su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.
Desde una perspectiva académica, futuras investigaciones podrían profundizar en el
análisis de los mecanismos de gobernanza hídrica a nivel local, evaluar el impacto de las
políticas públicas relacionadas con el manejo de cuencas hidrográficas y examinar el papel de
las organizaciones comunitarias en la gestión del agua. Estos estudios contribuirían a fortalecer
la comprensión de los desafíos que enfrenta el país en materia de gestión hídrica y a identificar
estrategias que permitan consolidar un modelo de desarrollo sostenible basado en la protección
de los recursos naturales y en el respeto de los derechos humanos.
Declaración de conflicto de interés
La autora declara no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta
investigación.
Declaración de contribución a la autoría
Jessica Maribel Cuvi Tiche y Ricardo Salazar Orozco: conceptualización, curación de
datos, análisis formal, adquisición de fondos, investigación, metodología, administración del
proyecto, recursos, software, supervisión, validación, visualización, redacción del borrador
original, revisión y edición de la redacción.
Declaración de uso de inteligencia artificial
La autora declara que utilizó la inteligencia artificial como apoyo para este artículo, y
también que esta herramienta no sustituye de ninguna manera la tarea o proceso intelectual.
Después de rigurosas revisiones con diferentes herramientas en la que se comprobó que no
existe plagio como constan en las evidencias, la autora manifiesta y reconoce que este trabajo
fue producto de un trabajo intelectual propio, que no ha sido escrito ni publicado en ninguna
plataforma electrónica o de IA.
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