Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 2, Número 4, 2025, octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/qwjxz305
EL GOBIERNO ENTRE LAS DECISIONES CORRECTAS Y DECISIONES
POPULARES FRENTE AL GASOLINAZO DEL 2010. UNA INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL
THE GOVERNMENT BETWEEN CORRECT DECISIONS AND POPULAR ONES IN
THE FACE OF THE 2010 GAS PRICE HIKE. A DOCUMENTARY INVESTIGATION
Miguel Angel Osco Antiñapa
Bolivia
DOI: https://doi.org/10.71112/qwjxz305
2025 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El gobierno entre las decisiones correctas y decisiones populares frente al gasolinazo
del 2010. Una investigación documental
The government between correct decisions and popular ones in the face of the 2010 gas
price hike. A documentary investigation
Miguel Angel Osco Antiñapa
angelmicky98@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1885-3549
Universidad Pública de El Alto
Bolivia
RESUMEN
Esta investigación analiza la tensión entre la Decisión Correcta y la Decisión Popular en la
gobernanza económica. El trabajo introduce este marco conceptual dual, fundamentado en la
filosofía del existencialismo de Jean-Paul Sartre, argumentando que la DP constituye un acto
de "mala fe" política.
El estudio de caso ilustrativo es el "Gasolinazo" de Bolivia en 2010. El gobierno intentó una DC
(eliminación del subsidio) para frenar la sangría fiscal y el contrabando, pero la presión social
forzó una reversión inmediata a la DP (restauración del subsidio).
Al elegir la DP, el liderazgo renunció a su responsabilidad técnica por comodidad política,
hipotecando el futuro económico de Bolivia. La crisis de escasez de divisas y combustibles
observada en 2024 y 2025 es la consecuencia directa de ese acto de "mala fe" de 2010. La
auténtica democracia exige que el gobierno asuma las decisiones correctas, incluso si son
impopulares, para garantizar la sostenibilidad nacional.
Palabras clave: Decisión Correcta, Decisión Popular, Gasolinazo 2010, Mala Fe, Subsidio.
DOI: https://doi.org/10.71112/qwjxz305
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ABSTRACT
This research analyzes the tension between the Correct Decision (DC) and the Popular
Decision (DP) in economic governance. The study introduces this dual conceptual framework,
based on Jean-Paul Sartre’s existentialist philosophy, arguing that the DP constitutes an act of
political "bad faith."
The illustrative case study is Bolivia’s 2010 "Gasolinazo." The government attempted a DC
(subsidy elimination) to curb fiscal drain and smuggling, but massive social pressure forced an
immediate reversal to the DP (subsidy restoration).
It is concluded that by choosing the DP, the leadership relinquished its technical responsibility
for political expediency, mortgaging the country’s economic future. The current crisis of foreign
currency and fuel shortages observed in 2024 and 2025 is the direct consequence of the 2010
act of "bad faith." Authentic democracy requires the government to assume the correct
decisions, even if unpopular, to ensure national sustainability.
Keywords: Correct Decision, Popular Decision, Gasolinazo 2010, Bad Faith, Subsidy
Recibido: 11 de diciembre 2025 | Aceptado: 25 de diciembre 2025 | Publicado: 26 de diciembre 2025
INTRODUCCIÓN
El proceso de toma de decisiones económicas en sistemas democráticos se encuentra
bajo la influencia de una tensión persistente entre la racionalidad técnica y la voluntad popular.
Esta confrontación se origina cuando las soluciones promovidas por los expertos,
fundamentadas en datos empíricos, modelos econométricos y el imperativo de la eficiencia a
largo plazo, colisionan con las demandas emocionales, los beneficios inmediatos o las
preferencias políticamente atractivas de la ciudadanía (Schumpeter, 1942). La racionalidad
técnica postula que la complejidad de la economía moderna requiere que tecnócratas y
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burócratas tomen decisiones totalmente despolitizadas, priorizando la estabilidad y el bienestar
futuro mediante una lógica instrumental (Habermas, 1970).
En contraposición, la voluntad popular es el pilar fundamental de la legitimidad
democrática, otorgando al electorado el derecho a definir las políticas implementadas, lo que a
menudo se traduce en la demanda de medidas que se perciben como justas o que ofrecen
beneficios a corto plazo, incluso si son fiscalmente insostenibles o nada óptimo. El sistema
democrático exige que los líderes sean responsables a las preferencias de sus votantes para
asegurar su continuidad en el poder, obligándolos a priorizar la popularidad política sobre la
prudencia económica a largo plazo (Stiglitz, 2002). Este dilema revela una debilidad estructural
en la gobernanza económica, donde los líderes se enfrentan a un trade-off fundamental:
satisfacer a la base electoral para la reelección o implementar las reformas necesarias, pero
impopulares, recomendadas por los especialistas. Por lo tanto, el dilema central radica en la
dificultad de conciliar la soberanía popular con la disciplina económica dentro de un marco
democrático (Acemoglu & Robinson, 2012).
La presente investigación introduce un marco conceptual analítico para la comprensión
de la tensión fundamental en los gobiernos democráticos: El dilema entre las Decisiones
Correctas (DC) y las Decisiones Populares (DP). Este modelo dual facilita el análisis de la
gestión pública al categorizar los actos gubernamentales en función de su alineación con la
eficiencia técnica y la sostenibilidad de largo plazo (DC), en contraposición con la inmediatez
de la demanda social y la legitimidad electoral a corto plazo (DP). El objetivo es revelar cómo la
decisión del pueblo condiciona la capacidad de decisión del gobierno frente al gasolinazo del
2010 en Bolivia
Argumentamos que las Decisiones Populares (DP) constituyen un acto de "mala fe"
política, el presente artículo se respalda en la postura filosófica de Jean-Paul Sartre en El ser y
la nada (1943). Esta tesis sostiene que, al ceder a las demandas inmediatas de la población o
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base electoral, el liderazgo renuncia a su libertad y su responsabilidad de tomar las decisiones
correctas, auténtica y necesaria, prefiriendo la comodidad de actuar como un ser-en-sí (un
objeto determinado por las presiones externas) en lugar de asumir la angustia del ser-para-sí
(un sujeto consciente y responsable). Esta evasión de la responsabilidad constituye la mala fe,
y aunque genera una recompensa efímera en el corto plazo, socava intrínsecamente la
planificación estratégica y la construcción del proyecto estatal de largo alcance al ignorar la
verdad técnica en favor de la popularidad electoral.
El marco conceptual de la dicotomía Decisión Correcta (DC) / Decisión Popular (DP)
encuentra una aplicación empírica ilustrativa conocido como el “Gasolinazo” de diciembre de
2010 en Bolivia. En este escenario, el gobierno intentó implementar una Decisión Correcta (DC)
de carácter estrictamente técnico al decretar el incremento de los precios internos de los
carburantes en más del 70%, eliminando un subsidio que, según la justificación oficial, había
desgastado considerablemente las finanzas públicas (Arze, 2017; CEDLA, 2013). La medida
técnica buscaba resolver problemas de insostenibilidad fiscal (a mayor crecimiento del parque
automotor, mayor cantidad de combustible requerido), contrabando (combustible comparado en
Bolivia a precio sumamente bajo es vendido a países vecinos a precios altos) y la necesidad de
incentivar la producción nacional de hidrocarburos frente al agotamiento de las reservas (Arze,
2017).
La reacción social, inmediatamente convirtió esta Decisión Correcta en una fuente de
conflicto político, ejemplificando la fuerza de la Decisión Popular (DP). El incremento en los
precios generó intensas protestas, huelgas de transportes y un rechazo de la población y de
organizaciones sociales aliadas al gobierno, quienes demandaron retroceder en la medida por
su impacto directo en el costo de la canasta familiar y en la calidad de vida de los sectores más
pobres (La Tercera, 2010; Acuedi, 2011). En menos de una semana, la presión de la voluntad
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popular obligó al gobierno a anular el decreto, demostrando que la necesidad de legitimidad
democrática puede prevalecer sobre el imperativo de la eficiencia técnica.
METODOLOGÍA
La presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, diseñado para
profundizar en la comprensión de fenómenos políticos mediante la interpretación de hechos
históricos. Específicamente, se adopta el diseño de estudio de caso ilustrativo, una
metodología que permite utilizar un ejemplo real y concreto —como lo fue el evento en
Bolivia— para demostrar y clarificar una teoría abstracta, facilitando así el entendimiento de
cómo las decisiones gubernamentales operan en la práctica (Yin, 2018).
Para la selección del objeto de estudio, se eligió el evento conocido como el
"Gasolinazo" de 2010 en Bolivia, identificándolo como un caso crítico por su importancia
estratégica para la teoría política. Este episodio fue seleccionado porque expone de manera
explícita y dramática la tensión central de esta investigación: el choque entre una Decisión
Correcta (el intento técnico de eliminar el subsidio) y la posterior reversión hacia una Decisión
Popular (la restauración del subsidio) obligada por el rechazo de la ciudadanía (Flyvbjerg,
2006).
En cuanto a la técnica de recolección de datos, el estudio se fundamenta
exclusivamente en el análisis documental. Este método permite reconstruir los hechos de
manera objetiva a través de los registros escritos y oficiales que quedaron del evento,
asegurando que la interpretación de las decisiones de "mala fe" o "auténticas" se base en
evidencia fáctica y declaraciones públicas de la época, en lugar de depender de opiniones
subjetivas o recuerdos distorsionados por el tiempo.
El corpus de datos analizado es diverso y abarca cuatro tipos de fuentes principales
para garantizar la solidez del argumento: (a) reportes económicos del Ministerio de Economía y
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el Banco Central de Bolivia (BCB) que evidencian el costo fiscal; (b) los Decretos Supremos
promulgados durante la crisis; y (c) una revisión de prensa de diciembre de 2010 a enero de
2011 para documentar la magnitud de la presión social.
RESULTADOS
Construcción teórica del gasolinazo y las decisiones correctas y populares bajo la luz de
Jean-Paul Sartre
Factores que con llevaron al gasolinazo
El Decreto Supremo 748, que desencadenó el "Gasolinazo" de 2010 en Bolivia, fue
promulgado en el gobierno de Evo Morales en respuesta a factores de insostenibilidad
económica y fiscal severos. El principal problema fue el desgaste constante de las finanzas
públicas debido al mantenimiento del subsidio a los combustibles, medida política que fue
heredada de gestiones anteriores (CEDLA, 2013). La creciente demanda interna, sumado la
diferencia de precios con los países vecinos, incentivaba el contrabando de salida masivo de
combustibles, lo que representaba un drenaje constante y significativo de recursos del Estado
(CEDIB, 2010; Morales, 2010). Esta necesidad de disciplina fiscal, impulsada por la lógica de la
racionalidad técnica, buscaba liberar fondos presupuestarios que, según la justificación oficial,
debían ser redirigidos hacia proyectos de beneficio social directo para los sectores más
necesitados (Varnoux, 2011).
Un factor estructural que impulsó la medida fue la disminución de la capacidad
productiva nacional de hidrocarburos y el consecuente cambio de Bolivia a ser un importador
continuo de diésel y de gasolina (Varnoux, 2011; DS 748, 2010). A pesar de la nacionalización
de los hidrocarburos de 2006, la inversión y la exploración no habían logrado garantizar el
autoabastecimiento necesario, lo que obligaba al Estado a comprar combustibles a precio
internacional y venderlos a precio subsidiado internamente, ampliando el costo fiscal. Por lo
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tanto, el Decreto 748 representó un intento de corregir la económica drásticamente para mitigar
la distorsión del mercado y prevenir un escenario inminente de crisis energética y fiscal a largo
plazo (CEDIB, 2010), aunque esta decisión apropiada, técnicamente justificada, fue percibida
como una traición política por las bases sociales del país.
Huelgas y protestas generalizadas y el retorno al precio anterior de los combustibles
la eliminación del subsidio a los combustibles, resultó en un aumento de hasta el 73% en los
precios internos de la gasolina y el diésel (CEDIB, 2010). Esta decisión, considerada una
Decisión Correcta o adecuada por el gobierno de morales debido a la insostenibilidad fiscal
generada por el subsidio y el masivo contrabando transfronterizo (Varnoux, 2011), fue recibida
por la población como un ataque directo a su economía. El decreto fue inmediatamente seguido
por aumentos en las tarifas del transporte público y un incremento en los precios de los
alimentos, impactando directamente la canasta familiar e hiriendo el poder adquisitivo de los
sectores populares.
En respuesta a esta Decisión Correcta (DC) impopular, se desató una oleada masiva de
protestas y movilizaciones sociales que encarnaron la fuerza de la Decisión Popular (DP).
Diversos sectores, incluyendo transportistas, gremialistas y organizaciones vecinales,
convocaron a paros y marchas multitudinarias en las principales ciudades del país, paralizando
las actividades económicas y de transporte (La Tercera, 2010). La intensidad y la
generalización de las protestas, impulsadas por el incremento de los precios en el mercado,
obligaron al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) a enfrentar una crisis de legitimidad.
La presión de la voluntad popular fue tan efectiva que, en menos de una semana, el Presidente
Evo Morales se vio forzado a abrogar el DS 748 a través del Decreto Supremo 754,
restituyendo los precios anteriores de los combustibles y demostrando la primacía de la
democracia y la legitimidad política sobre la lógica económica adecuada en el contexto
boliviano.
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El estado existencialista, sin guion ni destinado sino es lo que hace
La idea central del existencialismo dice que primero existimos y después definimos quiénes
somos. Esto significa que no nacemos con una naturaleza fija ni con un destino ya escrito; cada
persona construye su propio ser a partir de las decisiones que toma en su vida.
Transportándolo al ámbito estatal, esto significa que un Estado no nace con un
propósito divino, una suerte histórica o una condena económica predestinada; simplemente es
y surge en la historia sin justificaciones ni determinismos previos. Al igual que el hombre
empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define, el Estado carece de
una esencia a priori que dicte su éxito o su fracaso; no hay un "guion" escrito por la fortuna de
la geopolítica que lo obligue inevitablemente a la crisis o a la prosperidad, pues "el hombre no
es otra cosa que lo que él se hace" (Sartre, 1946/2009, p. 31).
En consecuencia, la identidad y la realidad actual de un país no son accidentes, sino
construcciones; el Estado deviene a través de sus actos y es, en estricto rigor, el conjunto de
sus decisiones pasadas y presentes. Sartre (1946/2009) establece que el ser humano es ante
todo un "proyecto que se vive subjetivamente", y de la misma manera, una nación se construye
a sí misma paso a paso mediante la ejecución de sus políticas públicas. Si un gobierno se
define por sus acciones y no por sus intenciones o esperanzas, entonces la situación
económica y social de un país es el producto de sus elecciones históricas; el Estado es el
producto de lo que hace, y su "esencia" actual (sea esta de estabilidad o crisis) no es más que
la suma de las decisiones que sus líderes optaron por ejecutar en el ejercicio de su libertad.
Esta libertad conlleva una carga de responsabilidad absoluta, pues si la existencia precede a la
esencia, "el hombre es responsable de lo que es" y, por extensión, el gobierno es el único
responsable de la realidad que forja para su nación (Sartre, 1946/2009, p. 33). No es permitido
refugiarse en excusas o culpar a fuerzas externas por el destino del país, dado que, al elegir un
camino de acción específico —como optar por una decisión popular en lugar de una correcta—
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el gobernante está eligiendo su imagen y el futuro de su Estado. Así, el país no padece una
suerte impuesta, sino que experimenta las consecuencias ineludibles de su propia voluntad
política, confirmando que "no hay realidad más que en la acción" (Sartre, 1946/2009, p. 53).
¿Qué es una decisión correcta?
La “decisión correcta” es aquella en la que el gobierno actúa de manera adecuada,
razonable y auténtica para el bien del Estado, entendido como aquella resolución que
trasciende la inmediatez para alinearse con la verdad fáctica y la sostenibilidad a largo plazo. A
diferencia de una elección impulsiva o demagógica, esta decisión surge de una evaluación
objetiva de la realidad material, donde el gobernante asume la "libertad" de actuar conforme a
lo que la situación requiere y no a lo que la presión social demanda. Se trata de una acción
fundamentada en la racionalidad, la cual busca maximizar el bienestar colectivo futuro a través
de la selección de alternativas razonadas, validando así la integridad del "proyecto de Estado"
que se va construyendo.
Para que una decisión sea "correcta", es importante que abandone la intuición política
para sustentarse en el conocimiento especializado y la evidencia empírica. Esto significa un
proceso de formulación de políticas públicas donde la evaluación de alternativas se realiza bajo
la estricta asesoría de especialistas en el área —economistas, ingenieros, sociólogos y otros—,
quienes proveen los datos necesarios para proyectar escenarios. Como dice la teoría de la
administración pública, la toma de decisiones responsables requiere uso de métodos de
investigación aplicada para transformar información compleja en argumentos causales sólidos,
garantizando que las soluciones propuestas sean técnicamente viables y económicamente
prudentes antes de su implementación (Dunn, 2018).
Finalmente, la Decisión Correcta es la última manifestación de la responsabilidad del
gobernante. Al optar por el camino validado por la razón y la técnica, a menudo impopular, el
líder político (gobierno) ejerce su libertad plena al aceptar las consecuencias de sus actos en
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pos de un bien mayor. Esta luz racional exige que el decisor evalúe meticulosamente todas las
consecuencias probables de sus elecciones, seleccionando aquella que, según los cálculos y
proyecciones de los expertos, conduzca de manera más eficiente a los objetivos estratégicos
de la nación, evitando así sacrificar el futuro por el aplauso presente (Simon, 1997).
¿Qué es una decisión popular?
La "decisión popular” es la manifestación política de lo que Jean-Paul Sartre denomina
"mala fe" (mauvaise foi). En esta situación, el gobernante cae en una mentira profunda: sabe
perfectamente la acción correcta que debe tomar, lo necesario y sostenible para el país, pero
aun así decide esconder esa verdad y optar por la alternativa que satisface a las masas y a la
gente. Con este comportamiento, el líder (Gobierno) abandona su deber ético más básico,
porque renuncia a su responsabilidad y a su libertad de conducir idóneamente al Estado. En
lugar de actuar como guía, se convierte voluntariamente en un objeto que obedece la voluntad
de otros. Así, deja de ser el constructor del futuro del país y esconde su propia angustia de
decidir detrás del aplauso y la aprobación momentánea de lo popular. (Sartre, 1943/1993).
Para justificar esta renuncia a la autenticidad, el gobernante se refugia en un
determinismo falaz, utilizando narrativas como "la gente me obliga", "gobernar es obedecer"
para legitimar acciones que sabe perjudiciales para el proyecto de Estado. Sin embargo, la
teoría política contemporánea advierte que confundir la legitimidad democrática con la
infalibilidad técnica de la opinión pública es una receta para el desastre institucional; el
liderazgo responsable implica la capacidad de resistir las presiones demagógicas cuando estas
contradicen la evidencia objetiva y el bienestar a largo plazo (Levitsky & Ziblatt, 2018). Al
someter cuestiones técnicas a la validación emocional de las mayorías, el gobernante no
democratiza la decisión, sino que traiciona su deber de protección hacia la ciudadanía.
La irracionalidad de priorizar el consenso sobre la verdad objetiva se evidencia al
trasladar esta lógica a situaciones de supervivencia:
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“Imaginemos que un grupo de personas se encuentra perdido en un inmenso bosque.
Ante la incertidumbre y el temor, Es absurdo proponer que la mejor forma de encontrar el norte
sea decidirlo por votación. Esta sería una decisión equivocada, ya que la opinión de la mayoría
no garantiza que se elija la dirección correcta. En lugar de confiar en la percepción popular, lo
más sensato sería utilizar una brújula o guiarse por las estrellas, herramientas objetivas y
fiables, para encontrar el norte y asegurarse de que el grupo tome la decisión correcta para
salir del bosque. Es deshonesto e irresponsable que un líder, sabiendo cuál es el camino
correcto, decida llevar a su pueblo por una ruta equivocada.”
Análisis político y económico del gasolinazo bajo el enfoque de sartre
Factores que conllevaron al gasolinazo
El 26 de diciembre de 2010, el gobierno enfrentó una realidad económica ineludible y
tomó la "Decisión Correcta" de promulgar el Decreto Supremo 748. La medida respondía a una
lógica de mercado básica: el parque automotor estaba creciendo aceleradamente, lo que exigía
importar cada vez más gasolina y diésel del extranjero. Sin embargo, existía una fuga masiva
de recursos debido al contrabando. Como el combustible en Bolivia era artificialmente barato,
personas inescrupulosas compraban gasolina subvencionada dentro del país para revenderla
ilegalmente en las fronteras con Perú, Brasil y Chile a precios internacionales, generando un
negocio ilícito que desangraba la economía nacional (Fundación Milenio, 2011)
La racionalidad de esta decisión se basaba en datos fríos y alarmantes que mostraban
que Bolivia se estaba desangrando económicamente. En ese año, el precio del petróleo en el
mundo subía, pero en Bolivia se vendía artificialmente barato. Un informe de la Fundación
Milenio explicó años más tarde que esta política de precios irreales provocaba que el Estado
perdiera millones de dólares cada año, regalando recursos que podrían usarse en salud o
educación. Mantener el subsidio significaba quemar las reservas de gas y dólares del país. Por
lo tanto, el "gasolinazo" no fue un capricho, sino un intento de frenar una "sangría económica"
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de 150 millones de dólares anuales que se perdían solo por el contrabando (Fundación Milenio,
2011).
Los datos económicos previos al estallido social revelaban ya una tendencia
insostenible que exigía corrección técnica. Según un reporte de la Agencia de Noticias Fides,
para el cierre de la gestión 2010 —justo cuando se intentó aplicar la medida— el costo total de
la importación de combustibles había alcanzado los 614,26 millones de dólares, una cifra que,
aunque preocupante, resultaría ser apenas una fracción del descontrol futuro. En aquel
entonces, el subsidio efectivo que el Estado pagaba representaba 222,78 millones de dólares
anuales, un monto que los expertos ya calificaban de carga estructural para las arcas públicas,
pero que palidecería frente a los gastos multimillonarios que vendrían tras la anulación del
decreto (Agencia de Noticias Fides [ANF], 2011).
Desde la visión de la economía responsable, esta medida era urgente para evitar una
crisis futura. Economistas clásicos como Friedrich Hayek advierten que controlar los precios de
forma artificial es peligroso porque envía señales falsas a la gente, haciéndoles creer que un
recurso escaso (como la gasolina) es infinito y barato (Hayek, 1944). Al intentar nivelar los
precios con el mercado internacional, el gobierno de 2010 experimentó la "angustia" sartreana:
la incomodidad de tener que decir la verdad a la población y tomar una medida impopular para
salvar la estabilidad del país a largo plazo, reconociendo que vivir de subsidios es "pan para
hoy y hambre para mañana" (Fundación Milenio, 2011).
La magnitud del error histórico de 2010 se hace evidente al revisar la factura que el país
ha tenido que pagar en la última década. Según el Boletín N° 1.276 del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior, la dependencia de los combustibles importados generó una salida masiva
de divisas, acumulando un gasto total de 14.316 millones de dólares entre el período 2014 y
2023. La decisión popular de mantener el subsidio impidió frenar el consumo desmedido,
llevando a que en 2022 se marcara un récord histórico en la importación de diésel con un costo
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de 2.110 millones de dólares, mientras que la importación de gasolina alcanzó su pico máximo
en 2023 con 1.027 millones de dólares. Estas cifras confirman que la negativa a corregir la
política de precios transformó un problema fiscal manejable en una crisis estructural de
escasez de divisas (Instituto Boliviano de Comercio Exterior [IBCE], 2024).
La presión y el rechazo de la población al gasolinazo
La respuesta social al decreto no fue un debate, fue un estallido inmediato que paralizó
al país. El lunes 27 de diciembre de 2010, apenas unas horas después del anuncio, la "masa"
tomó las calles impulsadas por la emoción y el rechazo al alza de precios. La Confederación de
Choferes de Bolivia, el sector más poderoso en ese momento, declaró un paro general
indefinido que dejó a las ciudades sin transporte y desconectadas. Lo que comenzó como una
queja por el precio del pasaje se transformó rápidamente en una revuelta popular incontenible;
en ciudades como El Alto y La Paz, miles de personas marcharon hacia el centro del poder
político exigiendo la renuncia de las autoridades si no se anulaba la medida (La Tercera, 2010).
La protesta escaló rápidamente de gritos a violencia física, demostrando el poder
intimidante de la presión popular. El jueves 30 de diciembre, la situación se salió de control:
una multitud enfurecida atacó y destrozó las oficinas de la empresa estatal de peajes Vías
Bolivia en la autopista La Paz-El Alto, prendiéndole fuego a las instalaciones. Las imágenes de
las casetas ardiendo y los enfrentamientos con la policía enviaron un mensaje claro al Palacio
de Gobierno: la estabilidad del mandato de Evo Morales estaba en riesgo real. La consigna en
las calles ya no era solo económica, sino política, con estribillos que advertían: "Evo, cuidado,
el pueblo está enojado" (Los Tiempos, 2010).
Ante este escenario de caos, la racionalidad del "proyecto de Estado" quedó sitiada por
el miedo al desborde social. Los movimientos sociales, que históricamente habían sido la base
de apoyo del gobierno, se volcaron contra su líder, incluyendo a los mineros y las juntas
vecinales. La "masa" no estaba dispuesta a entender argumentos sobre reservas
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internacionales o contrabando; solo exigía el retorno inmediato a la comodidad de los precios
bajos. Esta presión extrema acorraló al gobierno, obligándolo a elegir entre mantener su
decisión correcta (y enfrentar una posible caída) o ceder ante la voluntad popular para pacificar
el país (Reuters, 2010).
El gobierno escondido detrás de la voluntad popular y el triunfo de y la mala fe
El desenlace de este episodio ocurre la noche del 31 de diciembre de 2010, cuando el
presidente Evo Morales apareció en los medios de comunicación para anunciar la anulación del
Decreto Supremo 748, borrando velozmente la medida técnica que días antes había defendido
como vital. En este momento preciso se consumó la Decisión Popular. A pesar de que el
gobierno tenía plena conciencia de que la economía se estaba desangrando —como ellos
mismos lo habían explicado con datos detallados sobre el contrabando y la falta de divisas—,
optaron por ignorar esa verdad económica para salvar su imagen política. Morales declaró que
todas las medidas quedaban sin efecto, volviendo los precios a su estado anterior, no porque la
economía hubiera mejorado mágicamente en cinco días, sino simplemente para calmar a las
calles (La Tercera, 2011).
Aquí es donde se observa lo que Jean-Paul Sartre llama "mala fe". El gobierno incurrió
en una especie de autoengaño colectivo: sabían que el camino correcto era quitar el subsidio a
los combustibles, pero decidieron actuar como si el subsidio fuera sostenible. Para justificar
esta renuncia a su responsabilidad de cuidar el futuro del país, el presidente utiliza la frase: "He
prometido gobernar obedeciendo al pueblo" (Opinión, 2010). Con estas palabras, el líder se
"escondió" detrás de la voluntad de la población o masa. En lugar de asumir el costo político de
una decisión necesaria (como un capitán que dirige el barco fuera de la tormenta, aunque los
pasajeros se quejen), el gobierno abdicó de su rol de guía y transfirió la culpa de la decisión a
la gente, lavándose las manos de las consecuencias futuras.
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Al tomar esta Decisión Popular, el Estado boliviano eligió la comodidad del presente a
cambio de hipotecar su futuro. Fue un acto de cobardía técnica disfrazado de democracia. El
gobierno sabía que el subsidio era un "cáncer" para las reservas internacionales (RIN), pero
prefirió dejar que la enfermedad avanzara antes que realizar la cirugía impopular que el
paciente (el país) necesitaba. Al ceder ante la presión, validaron la idea de que "el pueblo
siempre tiene la razón", incluso cuando el pueblo pide medidas que, matemáticamente, llevarán
a la quiebra nacional años más tarde (La Tercera, 2011).
DISCUSIÓN
La crisis de 2024 no es destino. Es la consecuencia construida de la decisión popular
tomada en 2010
La crisis económica que asfixia a Bolivia en 2024 y 2025 no es un castigo del destino ni
una casualidad externa; es la "consecuencia construida" de la Decisión Popular tomada aquella
noche de 2010. Al anular el decreto para complacer a la masa, el gobierno no solucionó el
problema, simplemente pateó la bomba hacia el futuro. Hoy, esa bomba ha estallado. Lo que
en 2010 era una advertencia técnica sobre la sostenibilidad, hoy es una realidad tangible: la
escasez de dólares y las filas interminables para conseguir combustible son el resultado directo
de haber vivido 15 años en la "mala fe" de creer que se podía subvencionar infinitamente un
recurso que no se produce lo suficiente (Infobae, 2025).
Los datos confirman que la elección de lo "popular" sobre lo "correcto" devoró los
ahorros del país. Mientras que en 2010 el Estado gozaba de reservas internacionales robustas,
la política de "obediencia" al pueblo obligó a gastar miles de millones de dólares anuales solo
para mantener la ilusión de la gasolina barata. Según reportes recientes, las Reservas
Internacionales Netas (RIN) han caído dramáticamente, pasando de más de 15.000 millones de
dólares en su auge a menos de 2.000 millones en la actualidad, drenadas principalmente por la
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importación de combustibles que el Estado vende a pérdida (Fundación Jubileo, 2024). Al
negarse a asumir el costo político en 2010, el gobierno condenó al Estado a una hemorragia
financiera crónica que hoy deja a la ciudadanía sin divisas para importar medicinas o insumos
básicos.
En términos sartreanos, al elegir la Decisión Popular, el gobierno definió la "esencia"
futura del Estado boliviano: un Estado que prioriza su supervivencia política inmediata por
encima de su viabilidad económica. La crisis actual de 2025, caracterizada por un déficit fiscal
superior al 7% y un mercado paralelo del dólar, crisis inflacionaria, es la materialización de esa
renuncia a la responsabilidad (Jubileo, 2024). La historia demuestra que gobernar
"obedeciendo al pueblo" puede ser, paradójicamente, la forma más eficaz de arruinar el
bienestar de ese mismo pueblo a largo plazo, transformando una corrección necesaria en un
colapso estructural.
CONCLUSIONES
Esta investigación ha demostrado que la distinción propuesta entre Decisiones
Correctas (DC) y Decisiones Populares (DP) es una herramienta poderosa para entender la
economía política actual. Bajo la luz del existencialismo de Sartre, hemos comprobado que un
país no es víctima de su suerte, sino el producto de sus elecciones. El caso del "Gasolinazo" de
2010 ilustra perfectamente esta tesis: el Estado boliviano no estaba predestinado a sufrir la
crisis de divisas de 2024, sino que construyó esa crisis paso a paso al elegir sistemáticamente
la ruta fácil de la popularidad inmediata en lugar del camino difícil de la responsabilidad
económica.
El análisis nos lleva a cuestionar la definición misma de un buen gobierno. La
democracia no puede ser simplemente "gobernar obedeciendo al pueblo" si esa obediencia
implica un acto de "mala fe" que condena el futuro del proyecto nacional. Como vimos en el
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ejemplo del bosque, si un líder sabe dónde está el norte, pero sigue a la multitud hacia el
abismo solo para no ser criticado, no está siendo democrático, está siendo irresponsable.
Utilizar la voluntad popular como excusa para no tomar medidas técnicas necesarias es una
traición a la confianza ciudadana, pues se entrega un alivio pasajero a cambio de un
sufrimiento duradero.
En definitiva, la lección que nos deja la historia económica reciente es que la
autenticidad política requiere asumir la responsabilidad de las decisiones correctas, incluso
cuando estas son impopulares. Un verdadero estadista debe tener el coraje de enfrentar la
"angustia" de la desaprobación momentánea para garantizar el bienestar sostenible de la
nación. Mientras los gobiernos sigan priorizando los aplausos del presente sobre la estabilidad
del mañana, estaremos condenados a repetir ciclos de crisis, demostrando que, en la vida de
un Estado, lo popular casi nunca es sinónimo de lo correcto.
Declaración de conflicto de interés
Declaro no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.
Declaración de contribución a la autoría
Miguel Angel Osco Antiñapa: conceptualización, curación de datos, análisis formal,
adquisición de fondos, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos,
software, supervisión, validación, visualización, redacción del borrador original, revisión y
edición de la redacción
Declaración de uso de inteligencia artificial
Los autores declaran que utilizaron la inteligencia artificial como apoyo para este
artículo, y también que esta herramienta no sustituye de ninguna manera la tarea o proceso
intelectual. Después de rigurosas revisiones con diferentes herramientas en la que se
comprobó que no existe plagio como constan en las evidencias, los autores manifiestan y
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reconocen que este trabajo fue producto de un trabajo intelectual propio, que no ha sido escrito
ni publicado en ninguna plataforma electrónica o de IA.
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