Forma Descripción generada automáticamente
Forma Descripción generada automáticamente
Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 2, Número 4, 2025, octubre-diciembre
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
PERCEPCIONES CIUDADANAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO
GUATEMALTECO: RETOS, MODELOS Y DESAFÍOS
CITIZEN PERCEPTIONS OF THE GUATEMALAN PRISON SYSTEM: CHALLENGES,
MODELS, AND CHALLENGES
Juan Fernando Godínez Cuellar
Guatemala
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1007 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Percepciones ciudadanas del sistema penitenciario guatemalteco: retos, modelos
y desafíos
Citizen perceptions of the Guatemalan prison system: challenges, models, and
challenges
Juan Fernando Godínez Cuellar
fernandogocu@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-4360-1439
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Guatemala
RESUMEN
Este estudio analiza la percepción ciudadana sobre los problemas que atraviesa el sistema
penitenciario en Guatemala. Utilizando metodología mixta: estadísticas, revisión documental y
comparación internacional, se llega a identificar que la percepción de inseguridad es un
aspecto que concuerda con datos empíricos: las cárceles no resocializan, sino que complican
la criminalidad. La población percibe la desatención al sistema penitenciario, esto por el
carácter punitivo que, por diferentes medios, especialmente los de comunicación, se impulsa y
se hace presente en funcionarios relacionados al sistema, así como de políticos que cada
cuatro años utilizan la promesa de castigo y rigidez en contra de todo aquel que viole la ley. Se
proponen políticas públicas para reducir el hacinamiento, limitar la prisión preventiva, fortalecer
la carrera penitenciaria y ampliar los programas de educación con fines de reinserción y
reeducación.
Palabras clave: sistema penitenciario; percepción ciudadana; prisión preventiva; reinserción
social; Guatemala
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1008 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
ABSTRACT
This study analyzes public perceptions of the problems facing the prison system in Guatemala.
Using a mixed methodology—statistics, a documentary review, and international comparisons—
it is found that the perception of insecurity is consistent with empirical data: prisons do not
rehabilitate people, but rather exacerbate crime. The public perceives the prison system as
neglected, due to the punitive nature promoted through various media outlets, especially the
media, and manifested by officials associated with the system, as well as by politicians who
every four years use the promise of punishment and strictures against anyone who violates the
law. Public policies are proposed to reduce overcrowding, limit pretrial detention, strengthen the
prison career, and expand educational programs with fines for reintegration and re-education.
Keywords: prison system; citizen perception; preventive detention; social reintegration;
Guatemala
Recibido: 23 de octubre 2025 | Aceptado: 7 de noviembre 2025
INTRODUCCIÓN
El sistema penitenciario es uno de los pilares fundamentales de la política criminal de los
Estados, pues es en este dónde se concreta la ejecución de la pena privativa de libertad.
Idealmente, las cárceles no solo cumplen con la función de custodia, sino que deberían orientar
sus acciones hacia la resocialización y la reinserción social. Sin embargo, la experiencia
internacional y regional ha demostrado que, con frecuencia, los centros penitenciarios se
convierten en espacios de exclusión, violencia y reproducción del delito (Dammert y Zúñiga,
2008).
En el caso de Guatemala, la crisis penitenciaria se manifiesta a través de múltiples
dimensiones: el hacinamiento estructural, la alta proporción de prisión preventiva, la corrupción
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1009 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
y autogobiernos internos, el bajo acceso a programas de educación y reinserción, y el uso de
las cárceles como centros de operación criminal (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales de Guatemala [ICCPG], 2020; Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos [OACNUDH], 2017). Estos problemas no solo impactan a los privados
de libertad, sino también a la ciudadanía en general, que percibe al sistema penitenciario como
una amenaza para la seguridad y la convivencia social (Latinobarómetro, 2021; CID-Gallup,
2022).
Lo que la ciudadanía opina y percibe adquiere, una relevancia importante para entender
esta realidad. Estudios recientes evidencian que una amplia mayoría de guatemaltecos
considera que las cárceles no rehabilitan, que son controladas por el crimen organizado y que
se han convertido en 'escuelas del crimen'. Dichas percepciones, lejos de ser simples prejuicios
sociales, encuentran sustento en los datos empíricos (World Prison Brief, 2023).
La pregunta central de investigación de este artículo es: ¿qué percepción tiene la
población guatemalteca acerca de la realidad del sistema penitenciario, considerando su
relación con la seguridad y la armonía social? Para responderla, se analizaron variables como:
calidad y cantidad de cárceles, prisión preventiva, corrupción dentro de los centros,
hacinamiento, delitos intramuros, educación y reinserción, y el modelo normativo vigente en
Guatemala.
El objetivo principal del estudio fue analizar la percepción ciudadana sobre la realidad
penitenciaria en Guatemala, contrastándola con evidencia empírica, estándares internacionales
y modelos regionales. La importancia del estudio es social (por su impacto en seguridad
ciudadana), jurídica (por la contradicción entre un marco normativo de avanzada y su débil
aplicación) y académica (al aportar al campo de la criminología crítica y la política penitenciaria
con un enfoque empírico y comparado).
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1010 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
METODOLOGÍA
El estudio sigue un paradigma mixto: cuantitativo, para el análisis estadístico de
población penitenciaria, hacinamiento y prisión preventiva; y cualitativo, para la revisión
documental, el análisis de percepciones sociales y la comparación con estándares
internacionales. Este diseño mixto permite una triangulación de datos que refuerza la validez de
los hallazgos (Creswell y Plano Clark, 2018).
El estudio sigue un método descriptivo y analítico, con diseño no experimental y
transversal. Se analizaron datos correspondientes al período 2014–2024, observando la
realidad tal y como se presenta, sin manipulación de variables (Kerlinger y Lee, 2002)
La población de referencia corresponde a la ciudadanía guatemalteca mayor de 18 años.
La muestra se compone de encuestas de percepción de Latinobarómetro (2021) y CID-Gallup
(2022). Como unidad de análisis complementaria se consideró el sistema penitenciario
guatemalteco, con una población superior a 26,000 internos en 2023 (World Prison Brief, 2023).
Las variables de análisis incluyen: capacidad y calidad de infraestructura penitenciaria,
prisión preventiva, corrupción y autogobiernos internos, hacinamiento, delitos desde las
cárceles, acceso a programas de reinserción, y modelo penitenciario guatemalteco frente a
estándares internacionales.
Las fuentes que se incluyeron son: Fuentes cuantitativas, reportes de: World Prison Brief
(2023), Ministerio de Gobernación de Guatemala (2023), Latinobarómetro (2021), CID-Gallup
(2022).
Fuentes cualitativas, informes de: ICCPG (2020), OACNUDH (2017), Human Rights
Watch (2022), legislación nacional de Guatemala (Decreto 33-2006), y literatura especializada
de autores referenciales (Beccaria, Foucault, Garland, Zaffaroni, Wacquant, entre otros).
Las técnicas incluyeron: revisión documental de normativa, jurisprudencia y doctrina;
análisis estadístico descriptivo mediante tablas y series temporales; comparación internacional
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1011 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
con modelos regionales (México, Chile, Costa Rica) y escandinavos; y triangulación
metodológica para integrar resultados cuantitativos y cualitativos.
El estudio depende de fuentes secundarias, sin acceso a microdatos penitenciarios. No
existen encuestas nacionales específicas sobre percepción penitenciaria, por lo que se
utilizaron aproximaciones de Latinobarómetro y CID-Gallup. Además, los hallazgos
corresponden al período 2014–2024 y podrían variar en años posteriores.
Marco teórico
Un estudio relacionado con el sistema penitenciario guatemalteco debe empezar por
realizar un repaso breve a la historia, el cual ubique el tema en la forma en que ha ido variando
y transformándose el pensamiento penitenciario en Occidente. En ese contexto, las ideas que
son claves se resumen a continuación. Cesare Beccaria (1993), quien denunció la crueldad de
las penas y planteó la proporcionalidad de las mismas, hasta Michel Foucault (1976), que
analizó la prisión como un dispositivo disciplinario, el debate académico ha resaltado que la
cárcel no siempre cumple fines de rehabilitación, sino de control social. En América Latina,
autores como Zaffaroni (2015) han señalado que las prisiones reproducen desigualdades
estructurales, mientras que Wacquant (2000) relaciona el encarcelamiento masivo con la
criminalización de la pobreza. Estas teorías ofrecen un marco interpretativo para entender por
qué en Guatemala, pese a tener un marco normativo que puede considerarse de avanzada, las
cárceles siguen operando bajo lógicas de violencia y extremismo punitivo.
Haciendo comparaciones con relación a la forma en que se conducen los procesos
presidiarios, es muy útil, mencionar las prisiones abiertas de Noruega y Finlandia (Vuorinen,
2018) las que presentan que es posible reducir la reincidencia mediante un enfoque centrado
en la dignidad, la educación y la reinserción laboral. Esta experiencia útil, si se coloca en
comparación con la realidad de algunos países de América Central, los cuales se distinguen
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1012 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
por hacinamiento, corrupción y débil control institucional. Guatemala se ubica en este último
grupo, lo que refuerza la percepción ciudadana de inseguridad y desconfianza hacia el sistema
penitenciario. Entrando a analizar las principales variables del estudio, se puede señalar.
Calidad y cantidad de cárceles
Según el ministerio de Gobernación de Guatemala, el país cuenta con 22 centros
penitenciarios, cuya capacidad instalada (18,200 privados de libertad) resulta insuficiente para
albergar a los más de 26,000 privados de libertad registrados en 2023 (Ministerio de
Gobernación, 2023). La capacidad instalada para albergar privados de libertad y la población
que es atendida, refuerza la percepción de un sistema colapsado, que ya no aguanta más.
Tabla 1
Centros penitenciarios y capacidad (2023)
Tipo de centro
Número
Capacidad oficial
Preventivos
8
8,000
De cumplimiento
6
6,500
Granjas penales
4
2,500
Especializados
4
1,200
Total
22
18,200
Nota. Elaboración propia con datos de Ministerio de Gobernación (2023) y World Prison Brief
(2023).
Los escases de espacio para atender la demanda de personas privadas de libertad
hacen que no exista una adecuada clasificación de reos. Esta distorsión producto de la
miscelánea que se provoca tiene implicaciones enormes en el proceso de resocialización y
reeducación de las personas. Los efectos están asociados con el concepto que “la cárcel es
una escuela del crimen” con lo cual, las posibilidades de reinserción disminuyen y como
consecuencia el sistema de por sí, ya está incumpliendo su fin principal. La unión de reos con
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1013 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
casos en proceso y otros condenados, genera enormes complicaciones que se traducen en
violencia interna con implicaciones extramuros.
Hacinamiento
El hacinamiento es uno de los problemas más graves y persistentes en el sistema
penitenciario guatemalteco. Según un informe del Centro de Investigaciones Económicas
Nacionales (CIEN), “al 2022, las 22 prisiones de Guatemala, con capacidad para 6,842
personas, albergaban a 24,833 privados de libertad, lo que significa una ocupación del 363%”
(Dedik, 2022, p. 15). Este porcentaje de sobrepoblación ubica a Guatemala entre los peores
de América Latina en materia de hacinamiento carcelario.
Figura 1
Hacinamiento penitenciario en Guatemala (2014-2024)
Nota. Elaboración propia con datos de CIEN (Dedik, 2022, p. 16) y World Prison Brief (2024).
La grafica muestra un hacinamiento sostenido mayor al 300% durante toda la década,
con su máximo nivel de 373% en 2019-2020. Esto significa que, por cada espacio diseñado
para un interno, se encuentran recluidos casi cuatro privados de libertad. Esta situación coloca
a Guatemala entre los países con peores condiciones carcelarias de América Latina y
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1014 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
repercute directamente en la salud, la violencia intramuros y la imposibilidad de aplicar
programas de rehabilitación.
Prisión preventiva
La prisión preventiva es otro de los serios problemas del sistema penitenciario
guatemalteco y otra de las causas de su colapso. De acuerdo con el Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), “para 2020, el 48% de los privados
de libertad estaban en condición de prisión preventiva, es decir, sin condena firme” (2021, p.
27). Este fenómeno se ha incrementado sostenidamente desde 2005, cuando se contabilizaban
3,173 preventivos, hasta superar los 12,600 en 2020 (ICCPG, 2021, p. 28).
Figura 2
Crecimiento de la población en prisión preventiva (2005-2020)
Nota. Elaboración propia con datos de ICCPG (2021, p. 28) y World Prison Brief (2020).
Los datos de prisión preventiva y su crecimiento en el tiempo a evolución indican un
crecimiento sostenido que cuadruplicó la población de detenidos sin condena entre 2005 y
2020. El hecho de que casi la mitad de la población carcelaria esté sin sentencia firme refleja
no solo un abuso de la medida cautelar, sino también la lentitud procesal y la limitada
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1015 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
aplicación de medidas sustitutivas. Esta realidad afecta el principio de presunción de inocencia
y genera un impacto estructural en la sobrepoblación penitenciaria.
Tabla 2
Comparación regional de prisión preventiva (2023)
País
% en prisión preventiva
Guatemala
45 %
El Salvador
27 %
Honduras
34 %
Costa Rica
19 %
Nicaragua
23 %
Nota. Elaboración propia con datos de World Prison Brief (2023) y OACNUDH (2017).
Figura 3
Comparación regional de prisión preventiva en Centroamérica (2023)
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1016 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Nota. Elaboración propia con datos de World Prison Brief (2023).
El abuso de la prisión preventiva contribuye enormemente a generar hacinamiento, pero
además de crear ese caos penitenciario, es una condición que contradice el principio de
presunción de inocencia. La sociedad ve el sistema de justicia muy burocrático, corrompido y
lento. Lo que genera un alto grado de desconfianza. Guatemala se distingue por el mal uso de
esta medida.
Corrupción y autogobiernos internos
La corrupción es una tendencia en las cárceles de Guatemala, y esta enraizado en la
estructura directiva y funcional del sistema penitenciario. En 2024, operativos en la cárcel de
máxima seguridad conocida como ‘El Infiernito’ revelaron contrabando insólito, incluyendo
refrigeradores, televisores y hasta animales exóticos, facilitados por personal penitenciario
(CNN en español, 2024, párr. 12). El personal del sistema penitenciario funciona con
limitaciones de todo tipo, lo que lo hace susceptible de caer en las redes internas de
corrupción. La ciudadanía cuando se entera que los privados de libertad viven con privilegios
dentro de las cárceles, aumentan su malestar y aflora entonces, ese sentimiento punitivo
alimentado por los medios de comunicación que publican con frecuencia todo lo que es
incautado cuando se hacen requisas dentro de las prisiones.
La corrupción penitenciaria en Guatemala no es un problema aislado, sino estructural.
La relación ente guardias y privados de libertad, así como, las enormes limitaciones con que
opera el sistema penitenciario en donde sobresale, salarios paupérrimos para los guardias,
carencia de armas y municiones, vehículos, combustible y otros enseres básicos para operar,
hacen que, los privados de libertad aprovechen la oportunidad para obtener privilegios a
cambio de dinero. Esta dinámica debilita el control institucional y convierte al sistema
penitenciario en un factor que reproduce, en lugar de contener, el crimen organizado.
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1017 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Delitos desde las cárceles
Muchos de los delitos que suceden en la sociedad, son coordinados desde las cárceles
y operan a partir de aliados que se movilizan tras la dirección de cabecillas que están privados
de libertad. Se ha evidenciado que más del 50 % de las extorsiones en Guatemala provienen
de estructuras criminales que operan desde las cárceles. El 72 % de la población coincide en
percibir este fenómeno como una realidad cotidiana. Según ICCPG (2020) y CID-Gallup (2022).
En esta época de desarrollo tecnológico, pareciera que los privados de libertad tienen
mejores condiciones tecnológicas para funcionar desde las cárceles con aparatos que son sus
aliados para desarrollar sus fechorías. La ausencia de controles tecnológicos sobre las
comunicaciones penitenciarias convierte a las cárceles en focos de criminalidad activa.
Acceso a la salud
El tema del acceso a los servicios de salud por parte de los privados de libertad se
convierte en otro aspecto critico en el sistema penitenciario guatemalteco. Falta de
presupuesto, personal centros de atención y medicinas, entre otros son tan solo unos
indicadores que hacen ver la crisis en este componente. Pareciera que, en este otro aspecto la
administración encuentra un espacio para hacer pagar a los privados sus faltas, haciéndoles
sufrir ante sus problemas de salud y la soledad en que los enfrentan, La atención médica en
prisión es sumamente deficiente. Entre 2015 y 2017 prácticamente no se destinaron recursos
para medicamentos; en ese periodo el único desembolso fue de Q9,241, cantidad ínfima para
toda la población reclusa (Mendinilla, 2017). Además, en 2017 se contaba con solo 10 médicos
para más de 22,000 reclusos, lo que equivale a un médico por cada 2,200 internos (Mendinilla,
2017).
La escasez extrema vulnera los derechos humanos básicos y expone la precariedad del
modelo penitenciario guatemalteco.
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1018 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Reincidencia y rehabilitación
No existen en las cárceles iniciativas solidas a favor de la rehabilitación de los privados
de libertad, tampoco acciones firmes y solidas hacia el desarrollo laboral. Algunos esfuerzos
coordinados son los que se implementan. Estos con poca cobertura e ínfimo desarrollo. Todo
esto tiene sus efectos en la dificultad para generar condiciones hacia la reinserción en la
sociedad. Como puede deducirse esto colisiona con los fines de la ley de régimen
penitenciario. La falta de programas educativos y laborales dentro de las cárceles limita la
reinserción social. Según datos citados por el ICCPG, solo el 13% de privados de libertad
participan en educación formal y cerca del 20% en programas no formales (ICCPG, 2018, p.
22). La ausencia de una estrategia sólida de rehabilitación contribuye a altos niveles de
reincidencia, estimados en la región en hasta un 50%. Es el caso de Guatemala, que, en un
mes del 2010, en uno de los centros penitenciarios que contaba con 1,127 privados sólo 881 de
ellos participaron en actividades religiosas, deportivas y socioculturales (García Benítez, 2011,
p. 54), con ello se muestra la importancia de los programas que posibiliten esa rehabilitación.
Con la realidad señalada, el periodo de prisión en el cual están inciertos los privados de
libertad no persigue que estos se resocialicen, más bien, por las condiciones en que funciona el
sistema, los privados refuerzan conductas delictivas, aumenta sus habilidades para cometer
fechorías y de esta forma se aumenta el delito y la mayormente afectada es la sociedad.
Además, es necesario hacer un análisis social, pues “antes de hablar de educación y de
reinserción es, pues, menester hacer un examen del sistema de valores y de modelos de
comportamiento presentes en la sociedad en que se quiere reinsertar al detenido” (Baratta,
2004, p. 197).
La cobertura de programas de educación y reinserción es limitada: apenas un 25 % de
la población penitenciaria accede a ellos, lo que contradice el carácter resocializador del
Decreto 33-2006.
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1019 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Tabla 3
Acceso a programas de reinserción (2020)
Tipo de programa
% de internos beneficiados
Educación básica/media
12 %
Formación técnica
8 %
Trabajo
20 %
Atención psicosocial
15 %
Nota. Elaboración propia con datos de ICCPG (2020).
Los números y porcentajes relacionados con la atención que hacen los programas que
persiguen reinserción son muy bajos por lo que pocos privados de libertad son atendidos por
ellos y como consecuencia las cárceles no cumplen con su función rehabilitadora.
Atención educativa al subsistema formal de educación
El acceso a la educación es limitado. La mayoría de los internos apenas llega a los
primeros años de la educación primaria, por lo que este nivel se puede indicar que no lo
cumplen o lo tienen incompleto. Un grupo grande, tan solo ha pasado por procesos de
alfabetización. Los programas de diversificado y educación superior son mínimos, alcanzando a
menos del 5% de los reclusos (ICCPG, 2018, p. 23). Esta carencia impide que los internos
adquieran competencias para su reinserción social y laboral.
El limitado acceso a la educación formal y superior en prisión hacen ver la ausencia de
una política de rehabilitación real. La mayoría de los internos apenas logra alfabetizarse,
mientras que las oportunidades de educación diversificada o universitaria son casi inexistentes.
Esto lleva a los privados de libertad a que cuando cumplan su condena, estos carecen de las
habilidades que les permitan reinsertarse laboralmente.
Otros problemas estructurales
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1020 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Existen otros problemas asociados con el sistema penitenciario. En la mayoría de
casos, estas situaciones tienen que ver con recursos económicos insuficientes desde el
sistema penitenciario o desde los privados de libertad. La mora judicial, provoca que miles de
reclusos permanezcan detenidos aun después de cumplir su condena por no poder pagar
multas (Prison Insider, 2020, párr. 15). Asimismo, la escasez de recursos presupuestarios y la
falta de infraestructura adecuada profundizan la crisis.
La mora judicial, la permanencia indebida de reclusos que ya cumplieron condena y el déficit
presupuestario son factores que profundizan la crisis penitenciaria. Estos problemas
estructurales, sumados a la discriminación hacia grupos vulnerables, muestran un sistema
incapaz de garantizar derechos fundamentales ni de cumplir con su función rehabilitadora
Tabla 4
Comparativa de indicadores clave
Indicador
Valor
Capacidad oficial del sistema (2022)
6,842 cupos
Población penitenciaria total (2022)
24,833 internos
Porcentaje de hacinamiento (2022)
363%
Porcentaje de prisión preventiva (2020)
48%
Médicos disponibles (2017)
10 médicos
Relación médica/internos (2017)
1 por cada 2,200
internos
Internos en educación formal (2018)
13%
Internos en educación no formal (2018)
20%
Reclusos que ya cumplieron condena,
pero siguen presos (2020)
≈ 4,000
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1021 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Nota. Elaboración propia con la información de las entidades fuente que aparecen en la casilla
última del cuadro
Tabla 5
Matriz A. Comparación de datos y percepciones
Variable
Dato objetivo
Percepción
ciudadana
Brecha identificada
Hacinamiento
143 % (2023)
70 % lo percibe
como 'escuelas del
crimen'
Norma
resocializadora vs
realidad colapsada
Prisión preventiva
45 % de internos
65 % cree que la
justicia es lenta
Garantismo legal
vs práctica ineficaz
Corrupción
Autogobiernos
documentados
68 % percibe
crimen organizado
Percepción y
evidencia coinciden
Educación/reinserción
25 % con acceso
74 % cree que
cárceles no
rehabilitan
Ley avanzada vs
aplicación mínima
Delitos intramuros
50 % extorsiones
ligadas a cárceles
72 % lo percibe así
Percepción
validada por
evidencia
Nota. Elaboración propia con datos de ICCPG (2020), CID-Gallup (2022) y World Prison Brief
(2023).
En la tabla se puede advertir coherencia entre percepción ciudadana y evidencia
empírica, lo que hace ver que la opinión pública responde a realidades objetivas y no solo a
percepciones subjetivas.
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1022 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El análisis de los principales problemas del sistema penitenciario guatemalteco durante
la última década evidencia una crisis estructural de múltiples causas y fases. El hacinamiento,
que ha superado el 300% de la capacidad instalada, es tanto síntoma como causa de las
demás deficiencias: el abuso de la prisión preventiva, la corrupción y pérdida de control interno,
el abandono en materia de salud, la ausencia de programas efectivos de rehabilitación y el
limitado acceso a la educación. A estos problemas se suma la mora judicial y la falta de
recursos presupuestarios, que perpetúan una situación de vulneración sistemática de los
derechos humanos. En conjunto, estos factores demuestran que el sistema penitenciario
guatemalteco, lejos de cumplir con su función de reinserción social, se ha convertido en un
espacio que reproduce la criminalidad y agrava la inseguridad pública. La superación de esta
crisis requiere de una reforma integral que articule el fortalecimiento institucional, la inversión
en infraestructura y personal, y la adopción de políticas orientadas a la dignidad, la
rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad.
RESULTADOS
Los resultados que se obtuvieron en el presente estudio hacen ver que la percepción
ciudadana no es un aspecto casual o de mero perjuicio, sino evidencia la existencia de causas
de mayor trascendencia que pueden considerarse estructurales. El hacinamiento, documentado
en 143 % en 2023, contradice de manera frontal los estándares internacionales establecidos en
las Reglas Mandela (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC],
2015). La separación entre procesados y condenados, prevista en el artículo 6 del Decreto 33-
2006, tampoco se cumple, generando un problema mayor en el sentido que, los criminales
condenados conviven con procesados y de esa manera se genera una transferencia
delincuencial muy perjudicial para ambos. Procesado y sociedad. Comparativamente, países
como México han avanzado con jueces de ejecución que supervisan las condiciones de
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1023 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
detención, mientras que Costa Rica ha implementado la justicia restaurativa con resultados
positivos (Poder Judicial de Costa Rica, 2019).
Hacinamiento: contradicción entre norma y práctica
La Ley del Régimen Penitenciario (Decreto 33-2006), en sus artículos 6, 7 y 96,
establece la obligación de clasificar a los internos y garantizar condiciones dignas de
alojamiento. Sin embargo, la persistente sobrepoblación muestra que dichos preceptos no se
cumplen. Las Reglas Mandela (12–14) exigen espacio y condiciones higiénicas adecuadas
para cada persona privada de libertad (UNODC, 2015), estándares incumplidos en Guatemala.
En contraste, Noruega y Finlandia mantienen tasas de ocupación por debajo del 100 % y
aplican el modelo de prisiones abiertas, centrado en la dignidad y la reinserción (Vuorinen,
2018).
Prisión preventiva: impacto en percepción y legitimidad
El 45 % de internos en prisión preventiva convierte a Guatemala en uno de los países
con mayor uso de esta medida en la región. Aunque el Código Procesal Penal y la Ley del
Régimen Penitenciario (art. 6) establecen la separación entre procesados y condenados, en la
práctica esta disposición no se cumple, lo que genera contagio criminal y refuerza la percepción
de justicia lenta e ineficaz (CID-Gallup, 2022). La Regla 11 de Mandela establece la necesidad
de separación efectiva, incumplida de manera sistemática. México, mediante su Ley Nacional
de Ejecución Penal (2016, reformas 2024), avanzó en la creación de jueces de ejecución que
supervisan estas condiciones, constituyendo un referente regional de buenas prácticas
(Cámara de Diputados, 2024).
Corrupción y autogobiernos internos: captura institucional
La existencia de organizaciones de reclusos con fines de gobernarse a sí mismos ha
sido, documentada por el ICCPG (2020), esta es una forma de hacer ver la incapacidad del
Estado de ejercer control legítimo sobre las cárceles. El artículo 3 del Decreto 33-2006
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1024 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
establece la seguridad y la legalidad como principios rectores de la administración
penitenciaria, principios que resultan vulnerados en la práctica. En Chile, la Gendarmería
asegura un control institucional mediante regímenes progresivos regulados en el Decreto
Supremo 518 (1998), lo que constituye un ejemplo regional de gobernanza penitenciaria
efectiva (Ministerio de Justicia de Chile, 2011).
Delitos intramuros: extorsión como crimen estructural
El hecho de que más del 50 % de las extorsiones en Guatemala provengan de internos
indican que las cárceles son centros de operación del crimen organizado. También son
llamadas las escuelas del crimen. El artículo 7 de la Ley del Régimen Penitenciario señala la
resocialización como finalidad de la pena, pero la realidad contradice este principio. Las Reglas
Mandela (36) obligan a supervisar las comunicaciones de los internos, obligación que
Guatemala no cumple al carecer de sistemas de bloqueo de señal y trazabilidad de llamadas.
En Noruega, las medidas tecnológicas permiten prevenir la comisión de delitos intramuros,
reforzando la seguridad ciudadana (Pratt, 2008).
Educación y reinserción: derecho incumplido
Con apenas un 25 % de cobertura en programas de educación, trabajo y atención
psicosocial (ICCPG, 2020), la función resocializadora del sistema penitenciario guatemalteco se
encuentra debilitada. El Decreto 33-2006 (arts. 75–80) prevé la educación y el trabajo como
ejes fundamentales de la reinserción, en concordancia con las Reglas Mandela (4–5). Costa
Rica, mediante la Ley 9582 de 2018, integró la justicia restaurativa y programas comunitarios,
mostrando cómo la aplicación de políticas inclusivas contribuye a recuperar confianza social
(Poder Judicial de Costa Rica, 2019).
Modelo penitenciario: ley moderna, práctica anacrónica
La resocialización existe de manera expresa y visionaria en el marco jurídico
guatemalteco, se inspira en estándares internacionales, pero en la práctica opera desde una
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1025 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
lógica punitiva. Esta práctica es compatible con la visión operativa de autoridades, medios de
comunicación y sociedad, la cual con su actitud punitiva valida este pensamiento y aun exige
que sea más tajante y aplique castigos más firmes y contundentes. La ciudadanía percibe a las
cárceles como espacios que no rehabilitan ni protegen, percepción confirmada por los datos
analizados. México ha avanzado con jueces de ejecución; Chile aplica regímenes progresivos;
Costa Rica promueve justicia restaurativa; y los países escandinavos priorizan la dignidad en
prisiones abiertas. Guatemala, pese a poseer una ley compatible con estas experiencias,
permanece atrapada en una cultura del control (Garland, 2005) y en la criminalización de la
marginalidad (Wacquant, 2000).
DISCUSIÓN
Como se puede deducir luego del análisis, los resultados, confirman que el sistema
penitenciario guatemalteco enfrenta una crisis de carácter permanente y estructural y esta
situación tiene varios factores que la provocan entre los más relevantes está el enfoque y
modelo que se aplica en la administración del sistema el cual está centrado en el castigo. El
funcionario y la sociedad ven al privado de libertad como escoria y un sujeto sin la posibilidad
de resocialización o reeducación, menos la posible de reinserción social, en tal sentido, la
cárcel se convierte, como lo han dicho grandes estudiosos del tema, en como dispositivo de
control social (Foucault), la reproducción de desigualdades (Zaffaroni) y la criminalización de la
pobreza (Wacquant). Los grandes problemas del sistema penitenciario guatemalteco, tal el
caso del hacinamiento, la alta prisión preventiva, la corrupción, los autogobiernos internos se
convierten en efectos consecuentes de un sistema que prioriza la acción punitiva sobre los
fines de la ley de régimen penitenciario, que en última instancia persigue la resocialización del
privado y la reinserción social. Por consecuencia, se establece que, existe una gran brecha
entre la normativa vigente y la práctica real en todo el sistema penitenciario. Como se puede
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1026 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
analizar la realidad del sistema penitenciario, en temas como El hacinamiento cuya alta taza
colisiona estándares mínimos establecidos en las reglas Mandela. La falta de clasificación de
presos que produce mezcla entre procesados y condenados potencia la corrupción y afecta
grandemente la posibilidad de reeducación y rehabilitación de los privados. Por otra parte, se
convierte en pena anticipada, las personas pasan años sin que sus casos sean resueltos y en
muchas ocasiones, al final los declaran inocentes, situación que a todas luces es violatoria de
sus derechos y el daño a las personas ya ha sido causado y no reciben ninguna acción
reparadora. La sociedad mantiene una percepción de un sistema penitenciario que se apoya de
una justicia lenta e ineficaz. La corrupción desde las cárceles operada por los funcionarios y los
privados de libertad genera violencia dentro y fuera de estos. Las extorciones son uno de los
negocios más grandes que se impulsan desde dentro de los centros carcelarios. Los privados
de libertad se apoyan de medios de comunicación e información que les permite contralar a
personas desde dentro y hacerles vivir caos familiar y económico ante sus estrategias de
extorción, esa realidad de corrupción que se vive dentro también impide el cumplimiento de la
ley de régimen penitenciario y además de las reglas Mandela. La carencia de programas de
educación y trabajo, hacen que las posibilidades reales de reinserción que son las aspiraciones
de la ley de régimen penitenciario no sean alcanzadas. Esto, también, alimenta las
posibilidades de recaídas en los privados de libertad. Por otra parte, cuando se analizan los
países que han logrado impactos importantes en cuanto a la forma en que operan sus sistemas
penitenciarios, considerándoseles como de avanzada, comparados con las limitaciones,
modelos y enfoques punitivos y tradicionales, aplicados en la realidad en el sistema
penitenciario guatemalteco, se puede considerar que los resultados son muy negativos para la
paz y armonía social. La realidad hace ver la necesidad de una urgente reforma al sistema
penitenciario guatemalteco, la cual este ajustada al cumplimiento de la norma y a realizar las
acciones que han quedado pendientes, dentro de la cual está la asignación de recursos y una
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1027 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
formación del personal para hacer de este un servicio mejorado y profesional. dando u
ofreciendo un trato digno al privado. Se hace necesario la profesionalización de los
funcionarios, mejoras salarias, clasificación de los reos, y un modelo de abordaje alterno que
evite el hacinamiento. Se considera útil una estrategia integral que modifique por completo las
prácticas y haga reformas significativas aplicando el modelo progresivo que otorgue paso a
paso la posibilidad real de resocialización y educación del privado de libertad como fin último.
CONCLUSIONES
La investigación permite concluir que el sistema penitenciario guatemalteco enfrenta una
crisis permanente que no se ha podido frenar. La sociedad tiene una percepción negativa del
sistema y es sólida en plantear la necesidad de implementar un trato duro y retributivo a los
privados de libertad por todo el daño que han ocasionado en la sociedad. Esa visión punitiva es
prevaleciente en todas las estructuras del Estado, menos en la ley de régimen del sistema
penitenciario, la cual se considera de avanzada. Esta concepción del Estado incrementa el uso
de la prisión preventiva y alimenta el hacinamiento y así las estructuras criminales dentro de los
centros.
Se considera útil hacer estudios comparados con sistemas penitenciarios exitosos, que
permitan la implementación de medidas en Guatemala, hacia un cambio en el rumbo y la forma
en que es visto el sistema penitenciario. también se hace necesario realizar el desarrollo de
investigaciones que evalúen el impacto de las políticas penitenciarias implementadas. De esta
manera, la academia podrá aportar no solo al diagnóstico, sino también al diseño de soluciones
efectivas y sostenibles. Algunas conclusiones específicas, a continuación:
Existe coincidencia entre la percepción ciudadana y la realidad penitenciaria
guatemalteca.
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1028 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
El marco normativo guatemalteco, representado por el Decreto 33-2006, es de avanzada
y compatible con los estándares internacionales (Reglas Mandela), pero su implementación es
deficitaria, lo que genera una profunda brecha entre norma y práctica.
La función resocializadora se encuentra debilitada, ya que menos del 25 % de los
internos acceden a programas educativos, laborales o psicosociales, lo que contradice la
finalidad legal y alimenta la percepción social de que las cárceles no rehabilitan.
El sistema penitenciario se ha convertido en un riesgo para la seguridad ciudadana,
evidenciado en que más del 50 % de las extorsiones provienen de internos.
El sistema penitenciario de Guatemala se encuentra en enorme rezago respecto a la
región mucho más a otros modelos del primer mundo en donde el nivel de avance es
incomparable con nuestra realidad.
Declaración de conflicto de interés
El autor declara no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.
El autor declara que utilizaron la inteligencia artificial como apoyo para este artículo, y
también que esta herramienta no sustituye de ninguna manera la tarea o proceso intelectual.
Después de rigurosas revisiones con diferentes herramientas en la que se comprobó que no
existe plagio como constan en las evidencias, el autor manifiesta y reconocen que este trabajo
fue producto de un trabajo intelectual propio, que no ha sido escrito ni publicado en ninguna
plataforma electrónica o de IA.
REFERENCIAS
Baratta, A. (2004). Criminología crítica y crítica del derecho penal. Siglo XXI.
Beccaria, C. (1993). De los delitos y de las penas. Alianza Editorial.
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1029 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley Nacional de Ejecución
Penal (última reforma en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril de
2024). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf
CID-Gallup. (2022). Opinión pública y percepción de seguridad en Guatemala.
CNN en español. (2024, 10 de junio). Hallan cocodrilos, mapaches y aves rapaces en cárcel de
máxima seguridad de Guatemala. https://cnnespanol.cnn.com
Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (1999). Guatemala: Memoria del silencio. Naciones
Unidas.
Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods
research (3a ed.). SAGE.
Dammert, L., & Zúñiga, L. (2008). La cárcel: Problemas y desafíos para las Américas. FLACSO.
Dedik, M. (2022). Diagnóstico del sistema penitenciario guatemalteco. Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales.
Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI.
García Benítez, C. M. (2011). La rehabilitación social dentro de los centros de condena en
Guatemala: El caso de la Granja Penal de Pavón [Tesis de licenciatura, Universidad de
San Carlos de Guatemala].
Garland, D. (2005). La cultura del control: Crimen y orden social en la sociedad
contemporánea. Gedisa.
Human Rights Watch. (2022). World Report 2022: Guatemala.
HRW. https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/guatemala
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. (2018). Informe sobre
educación y rehabilitación en cárceles guatemaltecas.
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. (2020). Informe sobre la
situación del sistema penitenciario en Guatemala.
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1030 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. (2021). Informe sobre
prisión preventiva y hacinamiento carcelario en Guatemala.
Kerlinger, F., & Lee, H. (2002). Investigación del comportamiento: Métodos de investigación en
ciencias sociales. McGraw-Hill.
Latinobarómetro. (2021). Informe 2021: Opinión pública en América Latina.
Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 33-2006. (2006).
Mendinilla, A. (2017, 23 de agosto). Cárceles guatemaltecas no tuvieron medicamentos durante
dos años. Plaza Pública. https://www.plazapublica.com.gt/content/carceles-
guatemaltecas-no-tuvieron-medicamentos-durante-dos-anos
Ministerio de Gobernación. (2023). Memoria de labores 2023.
Ministerio de Justicia de Chile. (2011). Decreto Supremo N.º 518: Reglamento de
Establecimientos Penitenciarios. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2017). Informe
sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Naciones Unidas.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2015). Reglas Nelson Mandela:
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
Poder Judicial de Costa Rica. (2019). Ley de Justicia Restaurativa, N.º 9582 (con reformas de
2019).
Pratt, J. (2008). Scandinavian exceptionalism in an era of penal excess: Part I. British Journal of
Criminology, 48(2), 119–137. https://doi.org/10.1093/bjc/azm072
Prison Insider. (2020). Guatemala: Situación penitenciaria. https://www.prison-insider.com
Vuorinen, K. (2018). Open prisons and the Nordic penal model. Scandinavian Studies in
Criminology, 39(2), 20–35.
Wacquant, L. (2000). Las cárceles de la miseria. Manantial.
DOI: https://doi.org/10.71112/wzkjhw79
1031 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 4, 2025, octubre-diciembre
World Prison Brief. (2020). Guatemala: Datos de población penitenciaria. Institute for Crime &
Justice Policy Research. https://www.prisonstudies.org
World Prison Brief. (2023). Guatemala: Prison population data. Institute for Crime & Justice
Policy Research. https://www.prisonstudies.org
World Prison Brief. (2024). Guatemala: Datos de población penitenciaria. Institute for Crime &
Justice Policy Research, University of London.
Zaffaroni, E. R. (2015). La palabra de los muertos: Conferencias de criminología cautelar. Ediar.