DOI: https://doi.org/10.71112/4czf4803
1673 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 3, 2025, julio-septiembre
Marco teórico
La gobernanza educativa ha transitado desde modelos jerárquicos estatales hacia
esquemas policéntricos, donde actores diversos (instituciones, sociedad civil, organismos
internacionales) co-construyen en conjunto políticas adaptativas y funcionales (Rhodes, 1996).
Así pues, la centralización agrupa el poder decisional en organismos específicos y unitarios
garantizando uniformidad y equidad, mientras que la autonomía implica la capacidad de las
instituciones para definir su gestión y contenidos según sus contextos (McGinn & Welsh, 2015).
En América Latina, las reformas han oscilado entre ambos extremos, influidas por
presiones internacionales y cambios políticos internos (OECD 2023). La centralización, aunque
garantiza uniformidad, puede generar rigidez estructural y limitar la capacidad innovadora
(Alcalde & Reynoso, 2024; Zorrilla Fierro, 2023).
En México, la SEP controla el 92% de las decisiones curriculares nacionales (INEE
2023, p. 15), lo que asegura coherencia pero reduce la flexibilidad. El Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) ilustra un modelo intermedio: establece marcos y estándares, pero
permite a las universidades autonomía para adaptarlos (Veiga & Amaral, 2009).
En este contexto, el concepto de gobernanza híbrida —entendida como un modelo que
combina la coordinación estatal centralizada con la autonomía operativa de las instituciones
(McGinn & Welsh, 2015; OECD 2023)— surge como una alternativa. No obstante, Díez-
Gutiérrez (2022, p. 58), advierte sobre su malinterpretación, donde se disfraza la subordinación
de lo público a lógicas de privatización neoliberales.
Frente a esto, el marco aquí propuesto define la gobernanza híbrida efectiva, como
aquella en la que el Estado garantiza estándares nacionales de calidad y equidad, mientras las
instituciones deciden —con rendición de cuentas contextualizada— cómo implementarlos, en
diálogo con actores locales (docentes, estudiantes, comunidades) pero garantizando la
articulación entre estándares nacionales y autonomía operativa.