Forma Descripción generada automáticamente
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Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias
Volumen 2, Número 3, 2025, julio-septiembre
DOI: https://doi.org/10.71112/xsfeqd94
VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL MECANISMO ALTERNATIVO
SUSTITUTIVO A LA PRISIÓN PREVENTIVA. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
PERSONAL ELECTRONIC MONITORING AS AN ALTERNATIVE MECHANISM TO
PREVENTIVE DETENTION: A SYSTEMATIC REVIEW
Ricardo Miguel Rodríguez Che
Katerine Janeth Melgarejo Melgarejo
Perú
DOI: https://doi.org/10.71112/xsfeqd94
629 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 3, 2025, julio-septiembre
Vigilancia electrónica personal mecanismo alternativo sustitutivo a la prisión
preventiva. Una revisión sistemática
Personal electronic monitoring as an alternative mechanism to preventive
detention: a systematic review
Ricardo Miguel Rodríguez Che
ricardorche.abogados@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4721-5730
Universidad Nacional de Trujillo
Perú
Katerine Janeth Melgarejo Melgarejo
katerinemelgarejo37@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3680-0144
Universidad Nacional de Trujillo
Perú
RESUMEN
El objetivo del estudio fue analizar la vigilancia electrónica como alternativa a la prisión
preventiva, identificando sus desafíos y oportunidades. Se realizó una revisión sistemática de
21 artículos científicos publicados entre 2020 y 2024, extraídos de las bases de datos Scopus,
Scielo y Dialnet. Los resultados indican que esta medida puede reducir la sobrepoblación
carcelaria y facilitar la reintegración social, aunque plantea preocupaciones sobre la privacidad
y el bienestar psicológico de los usuarios. Se identificó la necesidad de regulaciones claras que
garanticen el respeto a los derechos humanos. Se concluye que la efectividad de la vigilancia
electrónica dependerá de un marco normativo sólido y del compromiso estatal con la protección
de la dignidad y libertad de las personas monitoreadas.
Palabras clave: vigilancia electrónica; prisión preventiva; derechos humanos
DOI: https://doi.org/10.71112/xsfeqd94
630 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 3, 2025, julio-septiembre
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze electronic monitoring as an alternative to pretrial
detention, identifying its challenges and opportunities. A systematic review of 21 scientific
articles published between 2020 and 2024 was conducted using databases such as Scopus,
Scielo, and Dialnet. The findings indicate that electronic monitoring can reduce prison
overcrowding and support social reintegration, although concerns remain regarding user privacy
and psychological well-being. The study highlights the need for clear regulations to ensure
respect for human rights. It concludes that the effectiveness of electronic monitoring will depend
on a robust legal framework and the government's commitment to protecting the dignity and
freedom of monitored individuals.
Keywords: electronic monitoring; preventive detention; human rights
Recibido: 24 de julio 2025 | Aceptado: 3 de agosto 2025
INTRODUCCIÓN
La vigilancia electrónica a personas en prisión, especialmente mediante el uso de
grilletes o tobilleras, ha tomado relevancia en los últimos años como alternativa al
encarcelamiento tradicional en varios países alrededor del mundo. En 2021, se estimó que más
de 30 naciones, incluyendo países en América del Norte y Europa, utilizaban estos dispositivos
en sus sistemas de justicia. Para 2020, cerca de dos millones de personas estaban bajo este
tipo de supervisión, siendo algunas de las mayores cifras en países con sistemas penitenciarios
masivos (Vera Institute of Justice, 2024).
Esta tecnología ha permitido aliviar el problema del hacinamiento en las cárceles, una
situación que afecta a más de diez millones de personas en todo el planeta. En Europa,
aproximadamente uno de cada cinco presos cumple su sentencia bajo monitoreo electrónico,
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reflejando un cambio hacia la supervisión externa en lugar del confinamiento. A pesar de sus
ventajas, algunos argumentan que el uso excesivo de esta tecnología podría afectar la
privacidad y la vida diaria de los usuarios (Vera Institute of Justice, 2024). Además, países
como Australia y Nueva Zelanda han experimentado el impacto que una vigilancia constante
puede tener sobre el bienestar emocional y psicológico de quienes la portan, planteando
desafíos adicionales.
En América Latina, el uso de grilletes electrónicos ha comenzado a aplicarse como una
forma de reducir el congestionamiento en las cárceles, aunque su implementación es reciente y
aún limitada. Brasil, por ejemplo, ha avanzado en el uso de estos dispositivos, contando con
aproximadamente 60,000 personas bajo vigilancia electrónica en 2022, en un esfuerzo por
aliviar la sobrepoblación en su sistema penitenciario (Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, 2022).
En Argentina, alrededor de 5,000 personas cumplen sus sentencias mediante este tipo
de supervisión, lo que ha sido un cambio en su política penal hacia un enfoque más orientado a
la rehabilitación. México ha iniciado también con estos programas, aunque con un enfoque más
reducido, explorando los beneficios y limitaciones de esta alternativa. A medida que más países
de la región adoptan esta práctica, se abre el debate sobre las implicaciones de la vigilancia
electrónica, especialmente en lo que respecta a la dignidad y privacidad de las personas.
Algunos especialistas señalan que si bien la medida puede ser efectiva para ciertos casos, el
contexto latinoamericano presenta particularidades que requieren marcos regulatorios sólidos
para evitar abusos (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2022). En este
sentido, algunos países se encuentran en proceso de evaluar los resultados de estas políticas
para determinar su viabilidad a largo plazo.
En el caso de Perú, el uso de grilletes electrónicos es aún una medida en desarrollo,
empleada principalmente para ciertos tipos de delitos. En 2021, el país contaba con
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aproximadamente 1,200 personas bajo esta modalidad de vigilancia, un número reducido en
comparación con la sobrepoblación penitenciaria que afecta a más de 90,000 personas. Se
espera que el uso de estos dispositivos contribuya a descongestionar el sistema penal,
brindando una alternativa a la reclusión para delitos menores o en situaciones donde el riesgo
de reincidencia es bajo (Instituto Nacional Penitenciario, 2020). Sin embargo, la efectividad de
esta medida sigue siendo un tema de debate, ya que aún existen desafíos logísticos y de
supervisión que dificultan su implementación en mayor escala.
Algunos críticos consideran que el país necesita mejorar sus sistemas de monitoreo y
asegurar que esta tecnología no se convierta en una medida invasiva que limite en exceso las
libertades de quienes la utilizan. Por otro lado, el contexto económico y social peruano plantea
desafíos adicionales, ya que el acceso a tecnología y personal capacitado es limitado, lo que
puede dificultar el monitoreo adecuado. Aunque esta opción tiene potencial, su efectividad en
Perú dependerá de la capacidad del sistema para adaptarse a los retos que surgen en su
implementación (Instituto Nacional Penitenciario, 2020).
La implementación de la vigilancia electrónica mediante grilletes en personas bajo
medidas restrictivas se presenta como una alternativa viable al encarcelamiento tradicional,
contribuyendo a reducir la sobrepoblación en los sistemas penitenciarios y facilitando una
reintegración progresiva en la sociedad. No obstante, esta medida enfrenta importantes
desafíos en términos de infraestructura y costos, limitando su efectividad en varios países
donde los recursos son escasos. Aunque ha demostrado ser una herramienta útil, el uso de
esta tecnología plantea preocupaciones sobre posibles abusos y la invasión de privacidad de
los usuarios.
La falta de regulaciones claras y una supervisión adecuada pueden derivar en un
monitoreo excesivo, convirtiendo el sistema en una forma de control constante que afecta el
bienestar psicológico de las personas. En algunos contextos, además, la tecnología es
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inaccesible, lo que perpetúa desigualdades y limita la aplicación de la medida a un grupo
reducido de beneficiarios. Ante esta situación, resulta fundamental que los gobiernos adopten
marcos normativos que garanticen el uso justo y equilibrado de la vigilancia electrónica. Para
que esta medida sea efectiva, se requiere una regulación clara y la asignación de recursos que
aseguren su accesibilidad sin comprometer los derechos fundamentales de los implicados. Por
tanto, es necesario un enfoque que permita identificar las barreras estructurales que limitan su
aplicación equitativa y que fomente el desarrollo de políticas inclusivas. De este modo, la
vigilancia electrónica puede contribuir a la modernización de los sistemas penales, siempre que
se implemente de manera ética y respetuosa con los derechos humanos.
Así, la pregunta de investigación es ¿Cómo ha sido la implementación de la vigilancia
electrónica humanizada en países de Latinoamérica? siendo las preguntas específicas: ¿De
qué manera el monitoreo electrónico y otras medidas alternativas a la prisión preventiva
pueden contribuir a la reducción de la población carcelaria sin comprometer la seguridad
pública en Perú? Y ¿Cuáles son las implicancias de la caducidad y el uso de la prisión
preventiva en relación con los derechos fundamentales de las personas privadas de su
libertad? Así, lo que se busca con el presente estudio es, luego de una búsqueda sistemática
de literatura científica, sintetizar información que responda a estas preguntas, todo ello en el
contexto de que la vigilancia electrónica personal surge como una medida alternativa a la
prisión preventiva, permitiendo reducir la sobrepoblación carcelaria y minimizar los efectos
negativos de la privación de libertad sin una condena. Este mecanismo ofrece una forma de
respetar los derechos fundamentales del imputado mientras se garantiza su sujeción al proceso
penal.
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MARCO TEÓRICO
Vigilancia electrónica
La vigilancia electrónica comprende un conjunto de tecnologías orientadas al monitoreo
de personas bajo medidas cautelares, principalmente como alternativa a la prisión tradicional.
Su finalidad es reducir la sobrepoblación carcelaria y promover la reintegración social al
minimizar el impacto del encarcelamiento (Neyra, 2022). Esta medida ha sido adoptada en
diversos países latinoamericanos para equilibrar la seguridad pública con los derechos
fundamentales de los imputados.
Los dispositivos más utilizados incluyen tobilleras electrónicas, brazaletes y, en algunos
casos, aplicaciones móviles. Estos permiten el rastreo en tiempo real mediante tecnología
GPS, incorporando sensores que detectan intentos de manipulación, así como sistemas de
alerta conectados a centros de monitoreo (Wemuth, 2022). La duración de la batería y la
resistencia a condiciones climáticas son aspectos clave de su eficacia.
La vigilancia electrónica se aplica en modalidades como prisión domiciliaria, libertad
condicional y arresto domiciliario supervisado. Cada una implica un nivel distinto de control,
adaptado al tipo de delito, perfil del infractor y evaluación del riesgo (Romero y Gil, 2023;
Palacios y Ochoa, 2024). La selección de candidatos considera delitos de baja lesividad,
primera infracción, y condiciones sociofamiliares favorables (Shiri, 2024). Estudios indican que
la reincidencia se reduce hasta en un 20% en comparación con penas privativas de libertad,
especialmente en jóvenes y casos de menor gravedad (Palacios y Ochoa, 2024).
Además, se ha evidenciado que el monitoreo electrónico facilita la reinserción al
mantener vínculos laborales y familiares. En términos económicos, representa una alternativa
más eficiente: puede ser hasta un 50% más barato que el encarcelamiento, y evita efectos
negativos como el desarraigo o la pérdida del empleo (Tello, 2024). No obstante, su éxito
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depende de una adecuada infraestructura tecnológica y de programas de apoyo social que
refuercen la transición hacia la libertad plena.l.
Teorías de la reinserción social y vigilancia electrónica
La vigilancia electrónica se encuentra vinculada a diversos modelos teóricos de
reinserción social que buscan la rehabilitación de las personas y su integración en la
comunidad. Existen varias teorías que justifican su uso como herramienta de apoyo en la
reintegración de individuos bajo medidas restrictivas (Grenet et al., 2024). Estos modelos
destacan el papel de la supervisión continua para fomentar comportamientos responsables y
reducir el riesgo de reincidencia. A continuación, se analizan algunos de los principales
modelos teóricos aplicados y los efectos de la vigilancia electrónica en la rehabilitación del
individuo. Uno de los modelos más utilizados es el enfoque de “justicia restaurativa”, que
prioriza la reparación del daño y la reintegración del infractor. Según este enfoque, el uso de
dispositivos electrónicos permite que los individuos mantengan contacto con su entorno social y
familiar, lo que facilita su adaptación y cambio positivo (Grenet et al., 2024). modelo es el de
“reducción del riesgo”, que propone la vigilancia para controlar y minimizar el peligro de
reincidencia mediante el monitoreo de conductas. Estos enfoques apoyan el uso de la vigilancia
electrónica como un medio de reinserción que beneficia tanto al individuo como a la sociedad
(Grenet et al., 2024).
Marco jurídico de la vigilancia electrónica
La implementación de la vigilancia electrónica está regulada por marcos jurídicos
específicos a nivel internacional y nacional que determinan los términos y condiciones bajo los
cuales se puede aplicar esta medida. Existen regulaciones internacionales que recomiendan y
establecen principios para el uso ético y seguro de estos dispositivos en la supervisión de
personas (Martínez y Pérez, 2022). Sin embargo, cada país también desarrolla normativas
propias, adaptadas a sus sistemas legales y necesidades específicas en el ámbito penal. A
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continuación, se analiza el marco jurídico de la vigilancia electrónica en el contexto
internacional y algunas normativas locales clave.
Legislación internacional sobre vigilancia electrónica de presos
La tecnología representa una herramienta clave para transformar el sistema judicial.
Coxaj (2024) destaca su uso en la prevención del delito mediante inteligencia artificial y
vigilancia predictiva. Por su parte, Dincelli y Yayla (2022) resaltan el potencial de la realidad
virtual en entornos judiciales, como audiencias virtuales o simulaciones procesales. Aunque
Luque y Arias (2020) reconocen la necesidad de modernizar el sistema judicial para garantizar
derechos fundamentales. En conjunto, estos enfoques evidencian que el avance tecnológico
debe integrarse con responsabilidad ética y legal en el ámbito jurídico. En el ámbito
internacional, existen convenciones y acuerdos que sugieren el uso de medidas alternativas al
encarcelamiento, como la vigilancia electrónica, para reducir el hacinamiento y proteger los
derechos humanos de los reclusos (Belur et al., 2020). Los tratados internacionales sugieren
que el uso de estos dispositivos debe ser proporcional, no discriminatorio y supervisado
adecuadamente.
Normativas locales y específicas en el contexto de aplicación
Cada país adapta las recomendaciones internacionales a sus normativas locales,
desarrollando marcos legales que definen los límites y el alcance del uso de la vigilancia
electrónica. En algunos países de América Latina, por ejemplo, se han establecido leyes que
permiten el uso de grilletes electrónicos para delitos específicos y bajo condiciones de bajo
riesgo. En otros lugares, el uso está más restringido y se aplica únicamente a personas en
libertad condicional o prisión domiciliaria (Belur et al., 2020). La adaptación de estas normativas
depende de las condiciones sociales y económicas de cada país, así como de la infraestructura
disponible para su implementación efectiva.
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METODOLOGIA
Para cumplir con el objetivo del presente estudio, se realizó una revisión bibliográfica de
la literatura científica publicada en los últimos cinco años (2020-2024) en la base de datos
Scielo. Esta revisión se orientó a examinar las experiencias de implementación de medidas
sustitutivas a la prisión preventiva, particularmente la vigilancia electrónica humanizada, su
impacto en la reducción de la población carcelaria y su compatibilidad con los derechos
fundamentales de las personas privadas de libertad.
La búsqueda documental fue guiada por tres preguntas de investigación específicas: (i)
¿Cómo ha sido la implementación de la vigilancia electrónica humanizada en países de
Latinoamérica?; (ii) ¿De qué manera el monitoreo electrónico y otras medidas alternativas a la
prisión preventiva pueden contribuir a la reducción de la población carcelaria sin comprometer
la seguridad pública en Perú?; y (iii) ¿Cuáles son las implicancias de la caducidad y el uso de la
prisión preventiva en relación con los derechos fundamentales de las personas privadas de su
libertad?
En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, se estableció como población objetivo
a personas sujetas a medidas cautelares, con especial énfasis en la prisión preventiva. Se
incluyeron artículos científicos publicados en revistas indexadas, estudios empíricos,
investigaciones experimentales y análisis doctrinales sometidos a revisión por pares. Por el
contrario, se excluyeron comentarios editoriales, reseñas no especializadas y documentos que
no contaran con validación científica. Se delimitaron como parámetros temporales los años
2020 a 2024, restringiendo la búsqueda a publicaciones en idioma español.
La búsqueda de literatura se centró en la base de datos Scielo, utilizando un conjunto
de palabras clave que permitieran identificar los estudios más relevantes: “vigilancia
electrónica”, “prisión preventiva”, “sustitutivo penal”, “derechos fundamentales”, “sistema
judicial”, “medidas cautelares”, “alternativa a la detención” y “proceso penal”. Posteriormente,
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se aplicaron filtros específicos para la selección de estudios: se priorizaron artículos de
investigación y artículos de revisión en el área temática de las ciencias sociales, publicados
entre 2020 y 2024, en revistas de acceso abierto como Scielo, Scopus y Dialnet, siempre que
hubieran sido sometidos a revisión por pares. Se aceptaron artículos en formato PDF o HTML,
sin restricción respecto al número de autores.
La extracción de datos se realizó sobre la base de los resultados y conclusiones
principales de los estudios seleccionados. Se analizaron las variables de interés vinculadas al
impacto del monitoreo electrónico, las condiciones de aplicación de medidas cautelares
distintas a la prisión preventiva, así como las implicancias en los derechos fundamentales de
las personas investigadas.
En cuanto al método de síntesis, se aplicó un enfoque cualitativo estructurado en seis
etapas. Primero, se procedió con la extracción de los datos más relevantes de cada artículo.
Luego, se agruparon los fragmentos de información por temas comunes relacionados con los
ejes centrales de la investigación. En la tercera etapa, se realizó la interpretación de los datos y
se establecieron interconexiones entre los hallazgos. A continuación, se desarrolló una síntesis
narrativa integradora, en la que se expusieron los puntos convergentes y divergentes entre los
estudios. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis crítico de los consensos y discrepancias
identificados, y finalmente, se estructuró la información de manera lógica, concluyendo con la
elaboración de las conclusiones generales basadas en la evidencia analizada.
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Figura 1
Flujo PRISMA de identificación de artículos científicos
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640 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 3, 2025, julio-septiembre
Tabla 1
Características de las investigaciones revisadas
Autor
Título del artículo
País
Año
Objetivo
Base de
datos
Pardini, A.
(2023).
El arresto
domiciliario con
monitoreo
electrónico:
perspectivas de
los penados en
Argentina
Argentina
2023
Analizar si el ADME es
percibido como una
medida punitiva según
los condenados en
Buenos Aires.
Scielo
López et al.
(2024)
Arresto
domiciliario como
restricción del
derecho a la
libertad de
tránsito: un
análisis desde el
principio de
igualdad
Ecuador
2024
Identificar deficiencias
en la legislación sobre
arresto domiciliario y
proponer reformas.
Scielo
Wemuth
(2022)
Monitoreo
electrónico de
convictos en
Brasil: alternativa
al super
encarcelamiento
Brasil
2022
Investigar la efectividad
del monitoreo
electrónico para
disminuir el
encarcelamiento
masivo.
Scopus
Donoso et
al. (2023)
Propuesta de un
sistema de gestión
de la seguridad de
la información
para el sistema de
rehabilitación
social del Ecuador,
conforme a la
norma ISO 27001
Ecuador
2023
Proponer un SGSI para
garantizar la protección
de los activos de
información en el
sistema de
rehabilitación social.
Scielo
DOI: https://doi.org/10.71112/xsfeqd94
641 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 3, 2025, julio-septiembre
Toro-
Martínez y
Valdivieso-
Vintimilla, S.
(2023).
Uso excesivo de la
prisión preventiva:
una crítica desde
Ecuador
Ecuador
2023
Criticar el uso excesivo
de la prisión preventiva
y proponer reformas
para proteger los
derechos humanos.
Scielo
López et al.
(2022)
Aplicación de
medidas
cautelares
diferentes a la
prisión preventiva,
en delitos
sancionados con
pena privativa de
libertad de uno a
tres años
Ecuador
2022
Evaluar la aplicación de
medidas cautelares
distintas a la prisión
preventiva en delitos
menores.
Scielo
Magallanes
et al. (2024)
Eficacia de los
programas de
tratamiento
penitenciario en
adultos de
Iberoamérica
2017-2022: una
revisión
sistemática
Iberoamérica
2024
Revisar
sistemáticamente los
programas
penitenciarios para
evaluar su efectividad y
apoyar el diseño de
políticas públicas que
promuevan la
rehabilitación y
reinserción social.
Scielo
Cubas
(2023)
Beneficios
penitenciarios
como derecho a la
libertad en el penal
Miguel Castro
Castro, Distrito
San Juan de
LuriganchoLima
Perú
2023
Determinar en qué
medida los beneficios
penitenciarios
garantizan el derecho a
la libertad en el penal
Miguel Castro Castro.
Dialnet
Ortega
(2020)
Propuestas sobre
el arresto
domiciliario con
Costa Rica
2020
Analizar la aplicación
del arresto domiciliario
con monitoreo
Dialnet
DOI: https://doi.org/10.71112/xsfeqd94
642 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 3, 2025, julio-septiembre
monitoreo
electrónico
electrónico en Costa
Rica y proponer un
marco interpretativo
que garantice justicia y
respeto a los derechos
humanos.
Proaño et
al. (2021)
Análisis sobre la
prisión preventiva
en Ecuador
Ecuador
2021
Analizar la aplicación
de la prisión preventiva
en Ecuador y su uso en
el sistema penal,
enfatizando su carácter
excepcional
Scielo
Bastos y
Ribeiro
(2021)
El castigo
silencioso de los
detenidos en
prisión preventiva
Brasil
2021
Comprender
cómo se combinan
elementos jurídicos y
extrajurídicos en la
decisión de prisión
preventiva
Scielo
Moscoso
(2020)
Prisión preventiva
a la luz del control
de
convencionalidad:
El binomio de la
proporcionalidad y
la debida
motivación de las
decisiones fiscales
Perú
2020
Argumentar la
importancia de la
proporcionalidad y
debida motivación de
las decisiones fiscales
en el proceso penal
Scopus
Luque y
Arias (2020)
El derecho
constitucional en
el Ecuador:
presunción de
inocencia y prisión
preventiva
Ecuador
2020
Analizar las
consecuencias de la
prisión preventiva en
relación con la
vulneración de la
presunción de
inocencia
Scielo
Arandia et
al. (2022)
Pretrial Detention:
Criminal
Ecuador
2022
Analizar la
situación jurídica de la
Scielo
DOI: https://doi.org/10.71112/xsfeqd94
643 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 3, 2025, julio-septiembre
Proceedings in
Ecuador (Prisión
Preventiva:
Procesos Penales
en el Ecuador)
prisión preventiva como
medida de última ratio
en Ecuador
Toro-
Martínez y
Valdivieso-
Vintimilla,
(2023)
Eficacia de la
prisión preventiva:
Un estudio de
casos presentados
durante el periodo
2021-2022
Ecuador
2023
Analizar la
eficacia de la prisión
preventiva en el cantón
Esmeraldas, Ecuador,
y su impacto en los
derechos humanos
Scielo
Florián-
Tacanga et
al. (2023)
Corrupción de
funcionarios y
abuso de prisión
preventiva del
sistema de justicia,
Trujillo, Perú
Perú
2023
Analizar la
corrupción de
funcionarios y el abuso
de prisión preventiva
en el sistema de
justicia de Trujillo.
Scielo
Rivera et al.
(2025)
Prisión preventiva
y afectación de
derechos
fundamentales:
Una mirada a la
literatura
Latinoamericana
América Latina
2025
Examinar cómo
la prisión preventiva
afecta los derechos
fundamentales en
América Latina.
Scielo
Córdova et
al. (2023)
Análisis Crítico
Jurídico de la
Prisión Preventiva:
Fundamentos y
funciones
Ecuador
2022
Analizar los
efectos de la caducidad
de la prisión preventiva
en Ecuador.
Dialnet
Missiego del
Solar (2021)
Uso y abuso de la
prisión preventiva
en el proceso
penal peruano
Perú
2021
Analizar el uso
y abuso de la prisión
preventiva en los
procesos penales en
Perú.
Dialnet
Molinas, D.
B. (2022)
Análisis de la
aplicación de la
Paraguay
2022
Describir los
fundamentos y factores
Dialnet
DOI: https://doi.org/10.71112/xsfeqd94
644 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 3, 2025, julio-septiembre
prisión preventiva
en el delito de
drogas de menor
escala
que inciden en la
aplicación de la prisión
preventiva en delitos de
drogas menores.
Martínez et
al. (2023)
El plazo razonable
de la detención
preventiva en la
jurisprudencia de
la Corte
Interamericana de
Derechos
Humanos
Colombia
2023
Determinar
cómo se ajusta el plazo
razonable de la
detención preventiva al
Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.
Scopus
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a la revisión de los estudios revisados se presentan los siguientes
hallazgos:
La vigilancia electrónica humanizada
La vigilancia electrónica mediante grilletes o tobilleras para personas en prisión ha
ganado reconocimiento como una alternativa viable al encarcelamiento tradicional,
especialmente en contextos de sobrepoblación carcelaria y recursos limitados. Los estudios
revisados muestran que esta medida permite a los penados cumplir su condena en un entorno
menos restrictivo, como su hogar, preservando en cierta medida su vida familiar y laboral. En
cuanto a las implicaciones de la vigilancia electrónica en la privacidad y el bienestar de los
usuarios, surge una dualidad interesante. Por un lado, el monitoreo permite a los penados
cumplir su condena en un entorno más favorable y menos deshumanizante que la prisión. Sin
embargo, los dispositivos de monitoreo, al ser herramientas intrusivas, tienen el potencial de
vulnerar la privacidad de quienes los portan.
Ortega (2020), al analizar el caso de Costa Rica, advierte sobre la necesidad de
establecer criterios claros para la aplicación del arresto domiciliario con monitoreo electrónico,
DOI: https://doi.org/10.71112/xsfeqd94
645 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 3, 2025, julio-septiembre
de forma que se eviten arbitrariedades y se respete la dignidad de los imputados. Asimismo,
Ortega (2020) sugiere que esta medida debe cumplir con los principios de necesidad e
idoneidad, garantizando que solo se aplique en casos justificados y que el dispositivo de
monitoreo no afecte innecesariamente la vida cotidiana de la persona. Esto cobra especial
importancia considerando que la percepción de vigilancia puede generar altos niveles de estrés
y afectar el bienestar psicológico de los sujetos monitoreados. La tecnología utilizada debe, por
tanto, ser lo menos invasiva posible y ajustarse a las necesidades y limitaciones del contexto
local.
Experiencias en Latinoamérica para proponer la vigilancia electrónica en Perú
El monitoreo electrónico y las medidas alternativas a la prisión presentan una solución
viable frente al hacinamiento carcelario en América Latina, pero su implementación revela una
serie de tensiones entre seguridad pública, rehabilitación y derechos humanos. En Argentina,
Pardini (2023) evidencia que los penados prefieren el arresto domiciliario con monitoreo
electrónico (ADME) frente a la prisión, pero cuestionan su carácter punitivo, ya que, a pesar de
brindar mayor comodidad, sigue imponiendo restricciones significativas. Este aspecto dual es
clave para entender el ADME no solo como una alternativa de libertad, sino también como un
mecanismo de castigo que demanda una política más adaptada a las experiencias de los
sujetos sancionados.
En Brasil, Wemuth (2022) contextualiza el monitoreo electrónico en una "sociedad de
riesgo" donde la seguridad predomina sobre los derechos humanos; advierte que, sin
regulaciones éticas, esta medida puede convertirse en un control abusivo más que en una
opción de rehabilitación efectiva. Su análisis señala que, aunque esta alternativa ayuda a
reducir la sobrepoblación, se requiere revisar sus implicaciones éticas y jurídicas para evitar
excesos en el control social. En Costa Rica, Ortega (2020) enfatiza la necesidad de criterios
claros y específicos para aplicar el monitoreo electrónico, destacando los principios de
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necesidad e idoneidad para evitar arbitrariedades. Sostiene que el monitoreo no debe ser una
respuesta generalizada, sino una medida individualizada que garantice derechos y evite
desigualdades en el sistema penal.
En Ecuador, López et al. (2024) subrayan la necesidad de una normativa clara y
adaptada a las realidades locales para evitar desigualdades y vulneraciones de derechos. La
falta de una regulación adecuada puede derivar en arbitrariedades y en una aplicación
desproporcionada de la vigilancia electrónica en sectores vulnerables, generando así un
sistema penal selectivo que afecta más a ciertos grupos. En suma, si bien el monitoreo
electrónico emerge como una medida valiosa para aliviar la crisis carcelaria, requiere un marco
normativo sólido y ético para evitar que se convierta en una herramienta de control
desproporcionado.
Monitoreo electrónico y medidas alternativas a la prisión
Pardini (2023) analiza el arresto domiciliario con monitoreo electrónico (ADME) en
Argentina, destacando la escasez de investigaciones sobre la percepción de los penados
respecto a esta medida. Aunque los entrevistados la prefieren frente a la prisión, consideran el
ADME de forma ambivalente: como pena y como beneficio. Esto evidencia la necesidad de
considerar estas experiencias en la formulación de políticas públicas y legislaciones más
realistas. Wemuth (2022) estudia el monitoreo electrónico en el contexto de una sociedad de
riesgo globalizada, si bien esta medida contribuye a reducir el encarcelamiento masivo en
Brasil, también plantea tensiones con los derechos humanos y cuestiona la efectividad de las
políticas de seguridad.
Ortega (2020), por su parte, examina el marco normativo del ADME en Costa Rica,
enfocándose en los principios de necesidad e idoneidad. Plantea la urgencia de eliminar vacíos
legales, establecer límites claros y evitar arbitrariedades en su aplicación. En conjunto, estos
estudios coinciden en que el monitoreo electrónico representa una alternativa viable a la prisión
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preventiva, aunque requiere mejoras normativas, interpretación garantista y atención a la
percepción de quienes la experimentan. Así, se plantea una visión crítica que combine
eficiencia penal con respeto a los derechos fundamentales.
Prisión preventiva y derechos fundamentales
En América Latina, se ha documentado un uso excesivo de la prisión preventiva que
vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad personal. Toro-
Martínez y Valdivieso-Vintimilla (2023) advierten patrones de abuso, mientras que López et al.
(2022) proponen medidas cautelares alternativas para delitos menores. López et al. (2024)
examinan el arresto domiciliario en Ecuador, señalando vacíos legales que afectan el principio
de igualdad y la libre circulación.
Proaño et al. (2021) destacan que en Ecuador la prisión preventiva se aplica como regla
general, contradiciendo su carácter excepcional. Bastos y Ribeiro (2021) revelan que en Brasil
las decisiones en audiencias de custodia se ven influenciadas por percepciones personales de
los operadores, afectando la objetividad judicial. González y Arias (2020) y Arandia et al. (2022)
denuncian la vulneración de derechos en sectores vulnerables y alertan sobre miles de
personas detenidas sin sentencia, exigiendo reformas estructurales. Moscoso (2020) plantea
aplicar esta medida de forma proporcional y motivada, según estándares interamericanos.
Florián-Tacanga et al. (2023) evidencian su uso abusivo en casos de corrupción, afectando la
credibilidad del sistema. Rivera et al. (2025) ratifican esta problemática mediante una revisión
sistemática regional.
A la par, otros estudios destacan enfoques centrados en la rehabilitación. Cubas (2023)
resalta los beneficios penitenciarios para la calidad de vida y reinserción de los internos.
Magallanes et al. (2024) exigen evaluar los programas de tratamiento penitenciario en
Iberoamérica. Donoso et al. (2023) proponen modernizar la gestión de seguridad penitenciaria
mediante la norma ISO 27001. En conjunto, los estudios abogan por limitar la prisión preventiva
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y fortalecer alternativas más respetuosas de los derechos humanos y orientadas a la
reinserción.
Caducidad y uso de la prisión preventiva
Córdova y Ruiz (2023) analizan la caducidad de la prisión preventiva en Ecuador, advirtiendo
sus implicancias para los derechos constitucionales. Si bien esta figura puede permitir la
liberación del procesado, también abre la posibilidad de evasión de la justicia. Los autores
destacan la necesidad de un análisis profundo que garantice la tutela judicial efectiva y el
equilibrio entre libertad y justicia. En el caso peruano, Missiego del Solar (2021) advierte que la
prisión preventiva se aplica de forma inconsistente, a pesar de los esfuerzos de la Corte
Suprema por unificar criterios. Esta falta de uniformidad genera inseguridad jurídica y riesgo de
abusos, por lo que se exige establecer lineamientos claros y respetuosos de los derechos
ciudadanos. Molinas (2022) estudia el uso de la prisión preventiva en casos de microtráfico en
Paraguay, denunciando que, en la práctica, funciona como pena anticipada. Su análisis revela
la influencia de factores extralegales y políticas no escritas, proponiendo una revisión urgente
que garantice el principio de legalidad y el respeto al juicio previo. Por su parte, Martínez et al.
(2023) evalúan el "plazo razonable" en la detención preventiva en Colombia, contrastándolo
con los estándares de la Corte Interamericana. Analizan la Ley 1786 de 2016 y señalan que su
implementación aún enfrenta desafíos, dado que los plazos deben respetar criterios de
razonabilidad sin excepciones que vulneren derechos fundamentales. En conjunto, estos
estudios coinciden en la necesidad de reformar el uso de la prisión preventiva, ajustándola a
parámetros constitucionales e internacionales, a fin de evitar su uso desproporcionado y su
transformación en una pena encubierta.
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CONCLUSIONES
En conclusión, la vigilancia electrónica como alternativa a la prisión representa un
avance significativo en la humanización y modernización de los sistemas penales,
especialmente en contextos de sobrepoblación carcelaria y limitación de recursos. Al permitir
que los penados cumplan sus condenas en un entorno menos restrictivo, esta medida
promueve la reintegración social y minimiza los efectos negativos de la privación física de
libertad. Sin embargo, la implementación de estos dispositivos plantea desafíos éticos y
jurídicos relacionados con el derecho a la privacidad, la dignidad y el bienestar psicológico de
las personas monitoreadas.
Los estudios revisados sugieren que, si bien el monitoreo electrónico puede aliviar la
carga sobre las prisiones, su aplicación debe estar rigurosamente regulada para evitar abusos
y garantizar que solo se utilice en casos justificados. El éxito de esta alternativa depende de la
existencia de un marco normativo claro y adecuado, que considere la realidad socioeconómica
y cultural de cada país, en especial en América Latina, donde el sistema de justicia enfrenta
desigualdades estructurales y recursos limitados. Además, es fundamental que las políticas
públicas y las autoridades competentes supervisen el uso de esta tecnología, asegurando un
equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos de los penados. En
definitiva, la vigilancia electrónica ofrece una oportunidad para transformar la justicia penal
hacia un modelo más inclusivo y respetuoso de los derechos individuales, pero su
implementación requiere un compromiso sólido con los principios de proporcionalidad,
necesidad y dignidad humana.
Declaración de conflicto de interés
El autor declara no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación.
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Declaración de contribución a la autoría
Ricardo Miguel Rodríguez Che: metodología, conceptualización, redacción del borrador
original.
Katerine Janeth Melgarejo Melgarejo: revisión y edición de la redacción.
Declaración de uso de inteligencia artificial
Los autores declaran que utilizaron la Inteligencia Artificial como apoyo para este
artículo, y también que esta herramienta no sustituye de ninguna manera la tarea o proceso
intelectual. Después de rigurosas revisiones con diferentes herramientas en la que se
comprobó que no existe plagio como constan en las evidencias, los autores manifiestan y
reconocen que este trabajo fue producto de un trabajo intelectual propio, que no ha sido escrito
ni publicado en ninguna plataforma electrónica o de IA.
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