DOI: https://doi.org/10.71112/5g3yzb87
687 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 3, 2025, julio-septiembre
Esta breve pero profunda reflexión se vincula con lo planteado por Pérez-Rincón, debido
a que los conflictos socioambientales se suscitan principalmente en el marco de las políticas
neoliberales, las cuales según este análisis propician el “retorno” al modelo exportador primario.
Así pues, el autor señala una especialización productiva hacia el sector primario que estimula la
dinámica económica extractiva a través de las ventajas comparativas asociadas a los recursos
naturales (Rincón, 2014), ya que, retomando a Svampa, el extractivismo, es el atajo de los
países de la periferia para adaptarse a la economía mundial (Svampa, 2017)
En el escenario hondureño, autores como Sosa, (2016) y Barahona (2017) señalan que
las reformas económicas iniciadas a finales de la década del ochenta e inicios del noventa
concentraron la riqueza en una reducida élite capitalista, lo cual, aunado a la privatización de la
política forestal (aprobada en 1985) y la ley de modernización para el desarrollo del sector
agrícola (aprobada en 1992), se ofrecieron incentivos a la inversión extranjera.
Así también, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)
sostiene que, a partir de la política de modernización de país, “se constata una continuidad de
un patrón productivo primario exportador que promueve la desposesión de territorios indígenas,
campesinos y comunitarios para favorecer proyectos transnacionales y de élites financieras
locales, de minería, represas hidroeléctricas y turismo” (Foro Social de Deuda Externa y
Desarrollo de Honduras [FOSDEH], 2020, p.8).
Muestra de este fenómeno, es el fortalecimiento de las industrias extractivas a través de
concesiones de territorio y privilegios fiscales. Para el caso, se identifican en Honduras, 837
concesiones mineras que abarcan una superficie de 6,630 kilómetros cuadrados (Albarrán,
2017), así pues, la Ley de Minería aprobada en 1998 y posteriormente modificada en 2013,
“garantizó el otorgamiento de numerosas concesiones a compañías de Estados Unidos y
Canadá, quienes instalaron su industria mayoritariamente en la zona occidental, sur y central
de Honduras” (El Pulso Hn, 2016).