DOI: https://doi.org/10.71112/gffqpn71
469 Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | Vol. 2, Núm. 3, 2025, julio-septiembre
Educación Superior (S/ 39,799,747.51), mientras que Gral Sánchez Cerro recibió solo el 2.5%
(S/ 5,403,200.25), como se observa en la Figura 3: Figura de Barras. Esta disparidad confirma
las observaciones de Montero y Díaz (2021) y Oyarzo y Paredes (2021), quienes señalan una
tendencia a centralizar recursos en zonas urbanas o económicamente relevantes, como Ilo,
debido a su actividad portuaria y minera. La alta inversión en Ilo, especialmente en Educación
Superior (costo por beneficiario de S/ 57,596), podría reflejar la implementación de programas
especializados o infraestructura tecnológica avanzada, lo que justificaría su elevado costo por
beneficiario en comparación con Mariscal Nieto (S/ 2,918) o la Cobertura Regional (S/ 955 en
Educación Básica). Sin embargo, la baja asignación a Gral Sánchez Cerro, una provincia rural,
refuerza las preocupaciones de Ericsson y Lof (2019) y Verde Cerro (2024) sobre la
postergación de áreas con menor capacidad de ejecución, lo que perpetúa brechas de
infraestructura educativa (MINEDU, 2023).
Tendencias Temporales
La evolución temporal de la inversión, ilustrada en la Figura 1: Figura de Facetas y la
Figura 2: Figura de Áreas, muestra un crecimiento exponencial desde 2018 (S/ 29,300) hasta
2024 (S/ 81,784,087.05), con un pico significativo en 2023-2024, liderado por Educación Básica
en Ilo y Mariscal Nieto. Este aumento podría estar relacionado con un contexto de estabilidad
económica posterior a la crisis sanitaria del COVID-19, que permitió mayores transferencias de
canon minero (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021). Sin embargo, la aparente
disminución en 2025 (S/ 40,330,173.94), basada en datos parciales hasta junio, debe
interpretarse con cautela, ya que los resultados completos, disponibles en diciembre de 2025,
podrían revertir esta tendencia. Este patrón coincide con la literatura que señala fluctuaciones
en el gasto público debido a contextos políticos y económicos (Cruz-Herrera, 2023), como
cambios en la gestión regional o restricciones presupuestales.